Familiares acusaron a las autoridades estatales de Oaxaca y a las federales de, tras 14 años de que Irene padeció negligencia médica, apenas iniciar el proceso de reconocimiento a sus derechos. Afectada por una mala cesárea, Irene ha padecido también de las carencias de la familia para realizar sus cuidados.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Carlos Cruz Zúñiga está hoy frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la avenida Paseo de la Reforma, y la prensa pregunta sobre el estado de salud de su hermana, Irene Cruz Zuñiga, que hace 14 años fue víctima de una mala cesárea, que la dejó sin poder moverse ni hablar. El hermano refirió que sin la atención adecuada el estado de salud de Irene se ha deteriorado.

“Ha adelgazado y por estar mucho tiempo en la cama sus tendones se contrajeron, y quedo rígida. Come menos, y a veces tarda hasta dos horas y media para que pueda tomar una alimentación licuada que se le da, porque no puede mover la boca”, dijo.

Mientras Carlos exige un resarcimiento, ella es cuidada por el resto de la familia, en Barranca Fiera, un pequeño paraje de la comunidad Morelos, en el municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, del que Carlos ha tenido que viajar cada cierto tiempo para exigir apoyos a las autoridades.

A partir del 2014, las autoridades del IMSS estatales empezaron a darle algunas visitas de seguimiento a Irene, esto producto de 13 años de insistencia, y diversas reuniones con autoridades de la entidad, dice Carlos.

“Como todo ser humano aspira salir adelante, nos cambió todo el rumbo, y nos quedamos cuidando a mi hermana”, dijo.

Poco ha cambiado en 14 años, después de que sucediera el paradigmático de Irene. Pese a la instalación de un centro de salud en el 2008, las mujeres de su comunidad que sufren complicaciones en el embarazo, reitera, aún deben transportarse durante tres horas en búsqueda de recibir atención, tal como le pasó a su hermana.

“Dentro del núcleo de salud de mi comunidad se debería ampliar, para que las familias de mi comunidad no tengan que trasladarse. Ni mucho menos, que en un momento pueda repetirse el caso que sucedió a mi hermana”, dijo.

El hermano de Irene junto con las organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Amnistía Internacional, entregó este martes 8 mil 600 firmas de ciudadanos que respaldaron una petición de justicia para Irene.

“Estar hasta aquí en el DF, es para pedirle a las autoridades que de alguna manera se repare el daño a mi familia”, dice. Y será, después de 14 años, que el 20 de noviembre la familia sea recibida por el director del IMSS, José Antonio González Anaya.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación ha retirado que el caso de Irene es un ejemplo de lo que pasan las mujeres de las áreas menos favorecidas del país.

Fue el 20 de junio del 2011 Irene empezó con los primeros síntomas de parto. Después de que la partera no pudiera ayudarle, ni el centro de salud en el municipio Santa Cruz Itundujia, Irene llegó después de 24 horas de iniciar con dolores al Hospital Rural del IMSS de Tlaxiaco, un municipio cercano.

Ahí, los doctores le practicaron una cesárea de emergencia, en el que también le implantaron, sin su consentimiento, un dispositivo intrauterino (DIU). La condición de salud de Irene empeoró, y pese a que su hijo logró salvarse, ella tuvo que volver a ser trasladada a un hospital estatal, a tres horas de distancia llamado Dr. Aurelio Valdivieso.

Sin más, la familia pasó de esperar un bebé, saber que Irene era diagnosticada con pérdida de la movilidad, el habla y el razonamiento, bajo el dictamen médico de “encefalopatía hipóxica isquémica”.

Muchos años después, en el 2012, la versión que el personal médico que atendió a Irene dio a sus familiares es que la aplicación de anestesia sin una adecuada evaluación de la presión sanguínea provocó que Irene tuviera problemas cardiovasculares que alteraron la oxigenación del cerebro.

“Yo creo que el caso es paradigmático porque demuestra, simplemente, la falta de acceso a servicios de salud y reproductiva a las que se enfrentan las comunidades indígenas en nuestro país. Nosotros hemos querido visibilizar cómo está falta de servicios a salud sexual y reproductiva o de salud materna, pre, entre y post parto, también son una forma de violencia contra la mujer que pocas veces son observadas de esa forma”, explicó Chasel Colorado Piña, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional.

La familia interpuso una denuncia, que sólo quedo estancada entre los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, y pese a que en el 2007 un peritaje del Ministerio Público demostró que sí había relación entre la mala atención y los daños sufridos. Carlos refirió que por falta de recursos económicos en la familia, ya no se pudo darle seguimiento al caso.

En 2010, el Ministerio Público declara que por tratarse de un hecho ocurrido en el IMSS, declina la competencia a la Procuraduría General de la República, que a su vez confirma la relación causal entre la cesárea y los daños a Irene.

En diciembre de 2013, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Oaxaca declaró prescrita la acción penal contra la anestesióloga, acusada del delito de lesiones con agravante de responsabilidad médica. Sin embargo, reconoció que las lesiones y daños sufridos por Irene eran permanentes, por lo que debían ser reparados.

“Cuando Fundar tomó el caso se dieron cuenta que la investigación ya habría prescrito en la investigación de los servidores en el caso de Irene”, dijo Colorado. Dos años después, el 22 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció la emisión de una recomendación, la 32/2015,  para que los familiares sean resarcidos, y ya fue aceptada tanto por el IMSS, como por el Gobierno de Oaxaca.

En ésta se plantea atención médica vitalicia para Irene y su hijo, una beca para el infante hasta el término de sus estudios, supervisar y verificar que se cuente con el equipo médico para cesáreas en Oaxaca, y que se capacite en derechos humanos tanto al los médicos del IMSS, como al personal de la Fiscalía.

El hecho de que la recomendación saliera este año, no fue por casualidad dice Colorado, sino por el papel de la CNDH a la presión que metió Fundar, cuando el centro de análisis llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Desafortunadamente, los 14 años no sorprenden, porque son las barreras que hay a la justicia para gente que no tiene la capacidad económica para moverse continuamente en los tribunales”, dijo Colorado

VIOLENCIA INVISIBLE

De acuerdo con Amnistía Internacional, son las mujeres indígenas las más vulnerables a sufrir este tipo de violencia institucional.

“Casi siempre, yo creo que más en el goce de los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres indígenas son las que se ven siempre como sujetas a mayores factores de discriminación”, dijo Colorado.

Un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destacó que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos.

Según la información obtenida por los investigadores, durante el periodo de análisis, en el país se registraron 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa.

Sin embargo, sólo se emitieron 14 recomendaciones. Las comisiones de Arbitraje Médico de los estados también recibieron 118 quejas en 18 meses , siendo San Luis Potosí la entidad con el mayor número, al registrar 18.

Señala que cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, uno o varios de sus derechos humanos son vulnerados, entre ellos, el derecho al acceso de servicios de salud de calidad.

Destaca que en México, la participación pública en el financiamiento del cuidado de la salud es una de las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente la mitad del gasto total en salud es pagado directamente por el usuario.

De igual manera, el número de médicos per cápita en el país (2.2 por cada mil habitantes), de personal de enfermería (2.6 por cada mil habitantes) y de camas de hospital (1.6 por cada mil habitantes) se encuentran por debajo del promedio de países de la OCDE de 3.2, 8.8 y 4.8, respectivamente.