San Luis Potosí, 18 de diciembre(SinEmbargo).- La popularidad de la ex Alcaldesa Victoria Labastida Aguirre se derrumbó apenas terminó su gestión como Presidenta Municipal, el 30 de septiembre del año pasado, y después de revelarse que dejó al Ayuntamiento, que gobernó durante tres años, sumido en una deuda que podría alcanzar los mil 289 millones de pesos, según la calificadora Fitch & Ratings.
En tres años pasó de hacer historia como la primera Alcaldesa electa, a ser desaprobada por la conservadora sociedad potosina.
Además, Labastida Aguirre, que en 2009 había expulsado al Partido Acción Nacional (PAN) de la capital de San Luis Potosí, tres años después vio esfumarse en los comicios del 1 de julio sus sueños de convertirse en Senadora de la República.
La baja votación que obtuvo era parte del repudio social que se le venía encima, considera el ex Regidor panista Gonzalo Benavente. “Haber perdido es una señal de repudio”.
Derrotada, regresó el 31 de julio a su cargo, ya que había pedido licencia temporal para contender por la senaduría.
“Ella se hubiera salvado un poco más si no regresa, porque luego de perder regresa y asume la presidencia”, dice Benavente. En esos dos meses de su regreso el Cabildo se enteró que había una deuda de más de 500 millones de pesos. Pero la Alcaldesa fue convencida por su Tesorero, Agustín Soberón Álvarez, de que la deuda disminuiría cuando el municipio lograra cobrarle derechos por instalación de casetas a la empresa Teléfonos de México (Telmex), y cuyo caso, un año tres meses después, sigue en litigio.
Apenas dejó el cargo y el sucesor de Labastida Aguirre, Mario García dio a conocer que el municipio enfrentaba una deuda millonaria que para noviembre ya rondaba los 800 millones de pesos.
A más de un año de haber dejado el cargo, la ex Alcaldesa mantiene su imagen de que no es mala persona. El problema es la gente de la que se rodeó.
Uno de ellos es el ex Regidor Miguel Naya, priísta como la Alcaldesa, quien reconoce que a pesar de ser compañeros de partido, no son amigos.
Él llegó al Cabildo a petición del Gobernador Fernando Toranzo Fernández, asegura. También dice que nunca formó parte del grupo compacto que rodeaba a Labastida Aguirre, de quien como persona no tiene un concepto negativo, pero sí de su gabinete.
“No somos amigos, nos llevamos muy bien, incluso considero que ella no es una mala persona, pero su equipo, n’ombre son…”, expresa indignado.
Se refiere a Soberón Álvarez, pero también a su Secretario de Gobierno, Emigdio Ilizaliturri Guzmán, quien fue ex Regidor y su suplente mientras ella pidió licencia, a Miguel Ávalos Oyervide, su secretario de Desarrollo Social en el último tramo de su administración y a Aurelio Gancedo, coordinador de campaña, . Todos ellos, al igual que Labastida Aguirre, fueron citados a comparecer ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para aclarar las observaciones de 234 millones de pesos detectadas a la cuenta pública 2012 por el órgano fiscalizador.
Según el informe de la ASE, se observaron supuestos pagos a personas que ni enteradas estaban, adjudicaciones de contratos millonarios a empresas que incumplían los requisitos y se registraron sobreprecios en la compra de materiales, entre otras irregularidades.
Labastida Aguirre ya había trabajado con los integrantes de su gabinete o se los recomendó su marido, Carlos Valdez González Salas, personaje que también ejerció influencia política sobre la Alcaldesa, y quien estuvo a cargo de Servicios Administrativos en el breve gobierno de Teófilo Torres Corzo, entre 1992 a 1993.
“El marido maneja todo. A ella la veíamos por la mañana muy bien intencionada en sus propuestas y a las 7 de la tarde ya no. En las comidas cambiaba de opinión”, recuerda Naya.
Benavente va más lejos y asegura que las decisiones importantes se tomaban en la oficina de Valdez, en la colonia Vista Hermosa. “Ahí operaban”, dice a SinEmbargo.
“A Labastida Aguirre le pesó el marido”, dice por su parte la ex Diputada perredista, Guadalupe Castro Almanza, quien fue su compañera en la LVIII Legislatura del Congreso local.
“Está la mano del esposo Carlos Valdez, a la señora le parece que no separó el parentesco del señor y lo que era el Ayuntamiento, eso es un vil fracaso en política, poder y en cargos de elección”, critica Castro.
La ex legisladora es de las pocas personalidades potosinas que aún defienden a Labastida Aguirre; el escándalo financiero ocurrido en el ayuntamiento lo atribuye tanto a la influencia de Valdez, como al gabinete de la Alcaldesa.
“No está maleada, pero hubo cierta intervención de su gabinete, para un gobierno se necesita de muchos, no le ayudó y nos dejó muy mal paradas a las mujeres. Por primera vez se había visto una Alcaldesa, le faltó más tacto político y social y estar de cerca a las necesidades del municipio, no es lo mismo legislar que estar en la alcaldía, que es gestionar y bajar recursos”, afirma la perredista.
La última vez que se vio públicamente a Labastida Aguirre fue el mes pasado, cuando arribó al pequeño aeropuerto Ponciano Arriaga de San Luis Potosí donde algunos periodistas la descubrieron y le preguntaron sobre la situación del municipio.
Esa vez la ex Alcaldesa dijo que en su momento “se aclararía todo” y que no haría declaraciones, mientras Carlos Valdez, enfurecido, trataba de alejar a los reporteros. Afortunadamente para la pareja, el acceso a la sala de abordar es fácil de recorrer por la escasa distancia que hay con la zona de documentación.
DE ABOLENGO
Victoria Labastida Aguirre, cuyo nombre completo es Victoria Amparo Guadalupe Labastida Aguirre y nacida bajo el signo de Piscis, actualmente tiene 61 años de edad. En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer electa Presidenta Municipal de San Luis Potosí.
Socorro Blanc Ruiz, Lupita Rodríguez Carrera y Gloria María Rosillo Izquierdo ya habían ocupado la Alcaldía, pero lo hicieron en calidad de interinas.
Por eso cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) potosino la postuló como candidata, Labastida Aguirre levantó altas expectativas, y aunque en ese entonces el partido predominante era el PAN, fue recibida con esperanza cuando la priísta ganó.
Eran tiempos en que Labastida brillaba. Además de alcanzar el cargo, era también consejera nacional de su partido.
Antes de llegar a dicho cargo, había sido Diputada local. También fue procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, coordinadora del Programa Estatal de la Mujer Potosina y Oficial Mayor del Congreso local.
De acuerdo con su curriculum oficial, es Psicóloga egresada de la Universidad Anáhuac y fue catedrática de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Ese pasaje de su vida, el académico, fue puesto en duda por el informe de la Auditoría de la Cuenta Pública 2012, que buscó la cédula profesional de la ex Alcaldesa, pero no la halló como estudiante de la generación 1970-1974, como aparece en su historia oficial.
Quienes conocen a Labastida Aguirre destacan que pertenece a una familia solvente, de las más reconocidas dentro de la sociedad potosina, no sólo a nivel municipal, sino estatal. Es hija del ex administrador de la Plaza de Toros México, el doctor Fernando Labastida, dueño de la ganadería Santo Domingo.
Pero años antes de enfrentar los cuestionamientos por la deuda que dejó su administración, estuvo expuesta a las críticas durante su paso por la Oficialía Mayor del Congreso estatal, entre los años 2000 y 2003.
Gonzalo Benavente, quien fuera regidor panista en la administración labastidista, recuerda que cuando la entonces funcionaria legislativa supo que debía dejar el cargo borró la información de su computadora.
En su escaño como legisladora potosina, en abril de 2009, hubo una postura que llamó la atención de la priísta, fue su férrea oposición a que el Alcalde panista Jorge Lozano vendiera terrenos para obtener recursos que se destinaran a obras sociales y al pago de deuda municipal.
Se trataba de terrenos donados por particulares, sin urbanizar, como lo marcaba la ley, y que así deberían ser vendidos.
“Si autorizamos lo que nos pide Jorge Lozano, estamos siendo cómplices de una falta muy grave, porque el ayuntamiento está vendiendo algo que ni siquiera es suyo, porque no les ha sido entregado en las condiciones que marca la ley”, explicaba la entonces Diputada en la sesión del 7 de abril de ese año.
El Congreso avaló al Alcalde, pero con un dictamen que impedía vender los mejores terrenos en tanto no se vendieran los menos atractivos, por lo que Lozano decidió impugnar la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de 2011 le dio la razón, pero él ya no fue el beneficiado, sino Labastida, la misma que se opuso cuando era Diputada.
Los terrenos serían a la postre parte del fraccionamiento Monterra, que se ha convertido en un escándalo por haber sido comprados por una empresa que aún no termina de pagarlos, y entre cuyos socios se encuentra Carlos Casillas Fentón, quien es amigo y socio del ex tesorero de la administración labastidista, Agustín Soberón.
Como legisladora Labastida Aguirre compartió experiencias con la perredista Lupita Castro, quien la recuerda como buena persona, generosa.
La metamorfosis se dio cuando llegó a la Alcaldía Municipal, en la que fue postulada a pesar de la oposición del candidato a Gobernador, Fernando Toranzo.
“Ella viene de legislar, de buena fe no sabía absolutamente nada de lo que era estar dentro de algún Poder Ejecutivo, soy de la idea que no se creía que era Alcaldesa”.
El 9 de septiembre de 2009, antes de asumir el cargo la Alcaldesa electa aseguró que su gobierno sería de austeridad y gasto racional.
“Lo que sí es un compromiso a la racionalidad del gasto, a la austeridad definitivamente, gastos superfluos que podamos apostar a las causas sociales, y yo le apuesto mucho a una buena planeación con la sociedad civil, a un proyecto un plan de desarrollo muy validado con la sociedad para en la medida que tengamos una buena planeación”, según lo publicado ese día en el boletín del Congreso.
El compromiso se quedó a medio camino y actualmente enfrenta el escarnio público por la deuda millonaria que legó al municipio, y que según se comenta le ha costado ser expulsada de algunos restaurantes de moda, luego de que los parroquianos expresan su molestia golpeando sus cucharas en las copas.
GABINETAZO
Al llegar a la Alcaldía, la integración del gabinete de Labastida Aguirre se convirtió en una de las decisiones más polémicas de la psicóloga convertida en Alcaldesa.
Un nombre llamó más la atención. Era el de Agustín Soberón, propuesto para ocupar la Tesorería. Se trataba del ex Oficial Mayor del gobierno estatal de Fernando Silva Nieto, cuya última cuenta pública no fue aprobada por el Congreso.
Dos de los ex regidores de la nueva administración, Gonzalo Benavente y Miguel Naya, cuestionaron este nombramiento, pero Labastida Aguirre les dijo que Soberón merecía otra oportunidad.
Naya explica que Soberón era uno de los más cercanos a la Alcaldesa y que incluso tienen ranchos vecinos.
Otro de los nombramientos que con el tiempo se cuestionó fue el de Luis Miguel Meade Rodríguez, síndico del municipio. Corredor Público de profesión y actualmente es presidente del Colegio de Corredores de la Plaza de San Luis Potosí.
De acuerdo con Naya, Meade Rodríguez llegó gracias a que es socio de un despacho en el que también participa Carlos Valdez Labastida, hijo de la alcaldesa.
Otro de sus cercanos era el Secretario de Gobierno, Emigdio Ilizaliturri, quien la acompaña desde que Labastida Aguirre fue Diputada estatal, refiere la ex Diputada Castro.
Otro de los hombres que perteneció al gabinete labastidista, aunque se integró ya iniciada la administración, fue el ex presidente estatal del PRI y a quien se le atribuye gran parte del trabajo y estrategia para el retorno priísta al gobierno en 2009, Aurelio Gancedo; él llegó al área de Desarrollo Social.
“Jorge Aurelio Gancedo, es priista y viene del ex Diputado Adolfo Micalco Méndez [que también presidió al partido en el estado], Victoria también era de este grupo. Al parecer siguen trabajando en ese sentido, no sé si en la misma expresión siguen siendo los priístas de siempre”, dice Guadalupe Castro.
RELACIONES
De todos los integrantes del gabinete de Labastida Aguirre, el nombre más polémico es el de Agustín Soberón.
Además del malogrado pago de derechos de Telmex, al que la anterior administración municipal de San Luis le apostaba como paracaídas, es también autor de la frase “está asquerosamente gacha”, al referirse a la situación del municipio durante sus últimos días al frente del cargo.
“Tiene que ver con lo que se pretendía recabar de Teléfonos de México por los derechos de construcción de casetas la publicidad que estaba en ellos y en cierto modo lo que pudiera ser el tendido de la red”, señala Benavente.
Asimismo está involucrado en uno de los escándalos que aún retumban en la capital: la venta en 2011 de terrenos de un área de 20 hectáreas, que fueron de donación, a la empresa Iscamapi.
“El terreno era del municipio y lo que hicieron fue enajenarlo a un grupo con ciertos intereses y por debajo del interés de mercado”, hace el recuento el actual regidor, el panista Oliver Meade.
Se refiere a que la empresa que compró los lotes fue Iscamapi, en la cual aparece como socio Carlos Casillas Fentón, ex colaborador de Casillas.
La puesta en venta de estas 20 hectáreas, (200 mil metros cuadrados), se dio por autorización del Cabildo. Cada metro lo tasaron en 700 pesos, cuando la administración anterior los había fijado en 2 mil 10 pesos.
Según Naya y Benavente, se dio por un engaño, ya que el entonces síndico Luis Miguel Meade, les dijo que ya tenían autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Naya recuerda que el Cabildo se desentendió cuando el síndico dijo que para la venta de los terrenos se crearía un comité de ventas, cuando quien tenía que hacer las subastas era precisamente el Cabildo.
En una de las subastas se vendieron cinco lotes en donde “casualmente” sólo había un postor, Iscamapi y ese resultó el adjudicado. Además, se le vendió a plazos, algo que legalmente no procedía, coinciden ambos ex regidores.
Ese es el terreno donde se tiene proyectado el fraccionamiento Monterra, que se ha convertido en un dolor de cabeza para la actual administración, ya que Iscamapi aún no termina de pagarlo y la semana pasada fue clausurado por la Dirección de Ecología por omitir el aviso de inicio de construcción, vencido en septiembre. La clausura duró unos días, ya que los sellos fueron quitados el viernes pasado.
“El fraccionamiento se acaba de suspender al carecer de visto bueno de Protección Civil. Había riesgos por cerro, de que se deslave, aunado a otras irregularidades”, dice Oliver Meade, quien es presidente de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo.
LAS CONSECUENCIAS
En 2012 el Cabildo autorizó, a propuesta del Tesorero, contratar créditos bancarios de corto plazo para enfrentar la deuda y evitar pedir autorización al Congreso.
“Lo hicieron con la promesa firme de que estos créditos se iban a amortizar antes de terminar el periodo de gestión y la fuente de recursos eran precisamente los que se obtuvieran de vender los terrenos de la resolución de la Suprema Corte. El Tesorero nos ofrece contratar los créditos con la idea de amortizar, nada de esto se cumplió”, recuerda Benavente.
El truene económico se vino ese año.
“Ya no cumplimos con proveedores, con bancos, se fue acumulando y creciendo la bolita”, explica el ex regidor. Descarta que aunque Labastida Aguirre estuviera de candidata, desconociera la situación.
“El que maneja todo ese grupo es el marido de la señora, es público y notorio”, reitera Naya.
Benavente por su parte dice que muchas de las decisiones equivocadas de Cabildo fueron avaladas por los regidores priístas, con excepción de Miguel Naya y Alberto Rojo, y también por sus homólogos panistas Silvia Degante Romero, Abraham Sánchez Martínez, Rogelio Bárcenas Meléndez y Juan Víctor Almaguer Torres.
Eso fue notorio cuando el 30 de marzo de 2012, en la segunda solicitud de licencia de la entonces Alcaldesa, a pesar de la orden del presidente del PAN estatal, Marco Gama, de rechazar la licencia de Labastida Aguirre, sólo el panista Benavente la acató.
A más de un año del término de la gestión de la Alcaldesa, con la actual administración del municipio que debió solicitar al Congreso del estado la reestructuración de dos deudas, una de 190 millones de pesos y otra por 232 millones de pesos más, autorizada el viernes 13 de diciembre, aún no se ha sancionado a nadie por ese lastre financiero y cómo se adquirió.
“De manera muy responsable lo que queremos es darle viabilidad a la deuda que nos heredaron, por lo que el año próximo se ve con un panorama financiero más alentador, pero además se continuará con la aplicación del Plan de Austeridad que incluye la contención del gasto, con ahorros, con evitar una nómina abultada y con ser responsable con el ejercicio de los recursos y con el aumento en cuanto a la recaudación, que ya se aplican pero se reforzarán para ser una gestión más eficiente y transparente”, dijo el Presidente Municipal Mario García.
Tanto Naya como Benavente comparan otros casos menores de desvío de recursos, como el del Oficial Mayor, Humberto Picharra y el Secretario de Finanzas, y Joel Azuara Robles, ambos funcionarios del gobierno estatal de Marcelo de los Santos, y Joel Azuara Robles, quienes por monto menores han ido a la cárcel.
Los dos ex funcionarios fueron presos por irregularidades en la adquisición de un helicóptero de 640 mil dólares (equivalentes a 8 millones 282 mil 528 pesos)
COLOFÓN
La perredista Guadalupe Castro considera que el cargo de Alcaldesa le quedó grande a su ex compañera Diputada priísta.
Dice que solo una vez habló con ella mientras estuvo al frente del Ayuntamiento. Aunque en su caso no le pedía audiencia, dice que otras personas se quejaban de que nunca recibía a nadie.
Sí observó que el trato era diferente a cuando ambas fueron legisladoras.
“Si dejó un poco la cordialidad. Su gabinete no le quitaba los fregadazos, los mismos golpes de su partido, [el regidor] Alberto Rojo Zavaleta, fue mucha la presión para la señora, no es lo mismo legislar. Esto solo por ideología, en cambio aquí lo tienes que aplicar, gestionar”.
Quien fuera la primera Alcaldesa electa de la capital de San Luis Potosí y que en 2012 tuviera aspiraciones a convertirse en Senadora, Victoria Labastida Aguirre, ahora se dedica a tejer chambritas para sus nietos.
Eso fue lo último que supo Castro.
“No la han vuelto a ver, dicen que está tejiendo chambritas para sus nietos”, concluye Castro para SinEmbargo.
RECUADRO
El ex Regidor Miguel Naya, quien también es comandante de la Policía Federal, cobró fama el año pasado por revelar unos audios donde se escuchaba al director de la Policía Municipal, Juan Felipe Sánchez Rocha contarle cómo el ex Regidor Miguel Avalos Oyervide (y nombrado sustituto de Labastida Aguirre cuando se fue de licencia) intentó sacar una comisión económica con la compra de chalecos, y también decir que el esposo de la Alcaldesa, Carlos Valdez, inducía la elección de un proveedor de caballos.
Naya, quien fue secretario estatal de Seguridad en la entidad, comenta a SinEmbargo que se le ocurrió grabar a Sánchez Armas porque vio cosas irregulares en materia de seguridad.
“Óigame, soy perro viejo, me sé muchos trucos y empiezo a ver las compras que a sutano, fulano, y por ahí aparecen unas patrullas clonadas de un proveedor de aquí, y los municipales andaban asaltando. Cito al jefe de la Policía Juan Felipe Sánchez Rocha, recomendado por Enrique Galindo Ceballos [ex secretario de Seguridad estatal y actual comisionado de la Policía Federal] con el visto bueno mío, sin que lo supiera Victoria”.
“Me suelta chingadera y media de chalecos porque me fueron a ver personas de Miguel Ávalos Oyarvide para ofrecerme 40 por ciento de comisión de la venta de chalecos, nunca había oído eso, o de patrullas, porque sigo sin entender porque traen patrullas en el municipio de San Luis iguales a las federales que gastan más gasolina y mantenimiento, en una ciudad donde no puedes andar a 80 kilómetros por hora, son vehículos para carretera, pero las comisiones para los proveedores estuvieron a toda madre”, critica.
Naya dice que las grabaciones se las pasó al síndico del municipio, Luis Miguel Meade, pero como no hizo nada, por eso decidió divulgarlas.
Sánchez Rocha renunció a los pocos días al cargo, pero argumentó que lo hizo por así convenir a sus expectativas profesionales.
El ex director de la policía municipal de San Luis fue detenido en mayo de este año por abuso de autoridad.
