Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– En menos de 15 días entrará en vigor la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo el territorio nacional, estipulada en la Reforma Hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto y avalada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Pero empresarios y legisladores han dado pasos firmes para frenar el aumento: el tema se discute ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La medida modifica el cobro de este impuesto al consumo para incrementar la tasa del IVA del 11 al 16 por ciento, en las zonas cercanas a las fronteras norte y sur, a pesar de que comerciantes de la región han advertido que el incremento del gravamen afectará severamente la economía local.

Ante esta situación, 62 Senadores de la República de todas las bancadas, excepto el PRI, incluidos algunos que votaron a favor de a medida, promovieron ante la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad en contra de la medida el incremento del IVA en cuatro puntos porcentuales en la franja fronteriza, con el objetivo preciso de echarla para atrás.

Ayer, la SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron los senadores de oposición para impugnar la homologación del IVA. Fernando Franco, Ministro de la Comisión de Receso del máximo tribunal, firmó el acuerdo de admisión y urgió al Congreso y al Ejecutivo para que contesten la demanda.

El Senador Ernesto Ruffo Appel, de Acción Nacional (PAN), explicó que la acción de inconstitucionalidad se sustenta en dos conceptos, el primero es que se presentaron falsos argumentos en el dictamen para incrementar el IVA al 16 por ciento, cuando se aprobó en la cámara alta, el pasado 30 de octubre. Por lo que, precisó, se violaron los principios de razonabilidad y racionalidad legislativa.

El segundo, ataca la violación a los artículos primero y 133 constitucionales en relación al artículo 29 de Pacto de San José, ya que en este punto de la Reforma Hacendaria no se procuró la máxima protección de los derechos de los contribuyentes.

Por otra parte, Carlos Angulo Parra, Diputado federal del PAN por Chihuahua, anunció que preparan en San Lázaro otro recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de detener la entrada en vigor de la homologación del IVA y las afectaciones a la maquiladora y minería.

“Este recurso es más sencillo que el amparo y sólo necesitamos 165 votos, de los cuales nos faltan 18 y por eso vamos a recurrir a algunos legisladores de la izquierda”, mencionó.

EMPRESARIOS CONTRA HOMOLOGACIÓN DEL IVA

Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, Baja California, promueve desde hace días un amparo ante la Suprema Corte contra la entrada en vigor de la homologación del IVA del 11 al 16 por ciento en las zonas fronterizas del país.

“Los organismos analizamos las posibilidades y votamos en el pleno por esta alternativa, que es más de tipo social que empresarial. Aquí la idea es que el CCE participe como coadyuvante, realmente los que se van a estar amparado son los ciudadanos de Baja California y la frontera. Nuestra función es proporcionarles mecanismos, infraestructura para llevarlo a cabo sin ningún costo”, explicó Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial local.

Los formatos para que la ciudadanía se ampare se pueden bajar de la página web www.amparocolectivoenlafrontera.com.

Abogados fiscales que plantearon el amparo aseguraron que con la medida fiscal se justifica un daño a la frontera. Consideraron que el escenario al que se enfrentará dicho amparo es incierto y difícil, ya que de entrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene actores distintos y las reglas del juego en torno al amparo colectivo son nuevas.

ARGUMENTOS FALSOS DEL GOBIERNO FEDERAL

El Senador Ernesto Ruffo explicó que el gobierno federal utilizó seis argumentos con información errónea o falseada para eliminar el tratamiento que favorecía a las zonas fronterizas con una tasa de 11 por ciento en el cobro del IVA.

En primer lugar, el legislador blanquiazul calificó como falso el argumento de que la tasa diferenciada no da un trato equitativo a los contribuyentes.

“Las zonas fronterizas compiten con los países vecinos, su población tiene la posibilidad real de cruzar la frontera para consumir los bienes y servicios que necesitan en el extranjero, modificando los patrones del consumo. Por lo tanto, la situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país, no son iguales, por lo que no se le puede tratar igual y esto hace precisamente que se violen principios de equidad tributaria”, detalló el legislador y ex Gobernador de Baja California.

En conferencia de prensa en el Senado de la República conjunta con las fuerzas políticas que apoyan la acción de inconstitucionalidad, Ernesto Ruffo también refutó el argumento oficial de que la tasa diferenciada en la frontera propicia una menor recaudación.

Informó que los ocho estados fronterizos, de acuerdo están dentro de las diez entidades que pagan más IVA a pesar de la tasa del 11 por ciento, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De estos, señaló que los estados de Baja California Sur, en el norte; y Quintana Roo, en el sur (que ocupan los lugares 7 y 10 de la lista, respectivamente), recaudan mucho más que otros estados con mayor población como Estado de México y Morelos (que ocupan los lugares 15 y 18, respectivamente), según constan los datos obtenidos vía una solicitud de información al SAT.

PIDEN IMPULSAR COMPETITIVIDAD, NO FRENARLA

El Senador Ernesto Ruffo expuso que la política fronteriza fue implementada en la época del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, con el propósito de impulsar el desarrollo económico, la competitividad, y para fortalecer la economía de las entidades fronterizas, preceptos que se caen con el incremento del IVA en la región.

Así, refutó el argumento tercero de la reforma presidencial respecto a que ya no se justifica una tasa diferenciada, por el aislamiento de las misas.

En otro punto, la acción de inconstitucionalidad rechaza la tesis de que la tasa diferencia no beneficia al consumidor final. Durante la defensa de la iniciativa presidencial, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray caso, aseguró que el IVA de 11 por ciento no se reflejaba en un menor costo de productos en las zonas fronterizas.

El Senador Ruffo Appel opinó lo contrario. “El Ejecutivo tuvo la omisión, en su análisis, de establecer el impacto económico que tendría esta adecuación a la Ley del IVA. Los estudios presentados por el Colegio de la Frontera, sí demuestran los impactos que tendrá de incremento de la tasa con el debido análisis de los precios”, sostuvo.

Una más, la Secretaría de Hacienda explicó en su propuesta fiscal que no hay otro país en el mundo que tenga tasas diferenciadas de IVA en las zonas fronterizas.

“Se demuestra a la Corte cómo los países con los que se compararon a México, en efecto, no requieren tasa diferenciada, debido a que tienen tasas menores a los países con los que hacen frontera”, respondió el legislador.

Finalmente, la impugnación de los senadores va contra la tesis de que no son exigibles constitucionalmente los motivos extra fiscales de una tasa diferenciada. En la demanda se expone cómo la reforma al artículo 25 Constitucional obliga a que en toda acción económica del Estado, se garantice la competitividad y el desarrollo económico.

VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES

El recurso firmado por 62 senadores ante la Suprema Corte de Justicia ataca la violación a los artículos Primero y 133 Constitucionales, en relación al Artículo 29 del Pacto de San José, ya que, se lee, “no se procuró la máxima protección a los derechos de los contribuyentes”.

El documento expone que tanto el Presidente Peña como las Cámaras del Congreso justificaron la Reforma Fiscal, más en problemas para administrar y cobrar el IVA, que en velar por la máxima protección de los contribuyentes de frontera.

Con su comportamiento, afectaron los derechos humanos de protección al patrimonio de los habitantes de las franjas fronterizas, porque datos obtenidos actuarialmente demuestran que estas personas tendrán que erogar el 45 por ciento de su ingreso a cubrir el incremento del IVA.

Por su parte, el Senador panista Gil Zuarth aseveró que la homologación del IVA es un proceso Constitucional que impone una minoría parlamentaria en contra de una decisión mayoritaria.

“Lo que estamos buscando en esta acción de inconstitucionalidad no es solamente la anulación de esa reforma fiscal en las partes que ya fueron mencionadas, sino sobre todo que la Suprema Corte de Justicia fije un criterio sobre la razonabilidad de ciertas medidas impositivas y sobre todo en la formas que se deben aprobar y acreditar la deuda pública”, subrayó el panista.

Finalmente, Gil Zuarth señaló que posiblemente ésta sea la primera ocasión en que se interpone una acción de inconstitucionalidad contra una norma de carácter fiscal.