En un comunicado, “la [Asociación Nacional de Alcaldes] ANAC solicita seriamente al Presidente de la República rechace esta ley, ejerciendo su derecho de veto, mostrando que en México si queremos tomar en serio su compromiso de defender los derechos humanos y encausar el fortalecimiento de las policías”.

“Nos preocupa que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán y legalizarán las verificaciones y detenciones migratorias por parte del Ejército y la Marina, instancias que han sido denunciadas por violaciones graves a derechos humanos inclusive de personas migrantes”, señaló el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria.

En tanto, una coalición de diez organizaciones internacionales hicieron un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto la Ley de Seguridad Interior y anunciaron la integración de un Observatorio Internacional sobre México cuyo cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).-El obmudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y los Alcaldes de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) exhortaron este día al Presidente Enrique Peña Nieto a que ejerza su facultad de veto a la Ley de Seguridad Interior.

González Pérez solicitó al Gobierno Federal a que explique si la normativa recién aprobada por el Congreso de la Unión resolverá el tema de seguridad en el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), añadió el obmudsman, ya inició un análisis constitucional y convencional para aclarar si la Ley de Seguridad Interior cumple o no con los estándares internacionales. De no ser así, agregó, solicitará la acción de inconstitucionalidad

En un comunicado, la ANAC indicó que aunque reconocen el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, pues “han cumplido […] las encomiendas que les han sido encargadas”, lamentan que ninguno de los 469 Municipios que conforman la Asociación fue incluido en los diálogos del Senado de la República.

“Al momento que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo del conocimiento público que solicitaba al Senado ampliar el dialogo sobre la Ley de Seguridad Interior, parecía cabría la prudencia por ampliar la participación de todos los actores que teníamos que opinar sobre este tema trascendental. Pero para sorpresa después de una semana de la petición del Presidente, el Senado decido votar la Ley, donde el dialogo amplio no llego”, señaló el presidente de la ANAC Enrique Vargas del Villar.

El marco jurídico de esta Ley, consideró Vargas del Villa, tuvo que ser consensuado y  no elaborado de forma unilateral, por ello era indispensable la interlocución.

Según el comunicado, la ANAC señaló que no aceptarán que “se prejuzgue a las policías municipales que ahora tienen un alto grado de calificación y desempeño”.

“La ANAC solicita seriamente al Presidente de la República rechace esta ley, ejerciendo su derecho de veto, mostrando que en México si queremos tomar en serio su compromiso de defender los derechos humanos y encausar el fortalecimiento de las policías”.

DERECHOS A MIGRANTES

Por su parte, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria considera que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos se verá obstaculizado, si el tema migratorio se vincula al de seguridad nacional,

“Nos preocupa que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán y legalizarán las verificaciones y detenciones migratorias por parte del Ejército y la Marina, instancias que han sido denunciadas por violaciones graves a derechos humanos inclusive de personas migrantes”, indicó.

El grupo augura que la seguridad y la vida de las personas migrantes estará en riesgo, porque las revisiones a casas de migrantes, centros de derechos humanos y albergues podrán realizarse sin ningún tipo de orden judicial

Contrario al objetivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, establecido por la a Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre del 2000, el Grupo considera que en las fronteras (como la de México y Estados Unidos) “avanzan marcos normativos y políticas violatorias a derechos humanos, racistas y xenófobas en la región, se hace cada vez más evidente la externalización de las fronteras, y se han incrementado actos de criminalización en contra de la población migrante.”

En un comunicado, este Grupo consideró que debido al incremento de los migrantes, centroamericanos en su mayoría, quienes ven a México como un país de destino, retorno y no sólo de tránsito, el Gobierno está obligado a diseñar y aprobar marcos normativos y políticas públicas, inclusive a nivel regional.

Las salidas de estas personas de sus lugar de origen, explica la el grupo, se debe “al recrudecimiento de la violencia; la pobreza y la marginación”, por ello se debe garantizar en nuestro país el acceso a derechos, evitar actos de discriminación, negativa u obstrucción en el acceso a la justicia y reparación del daño, identidad legal, educación, trabajo en condiciones justas y equitativas, salud, vivienda digna y alimentación.

Además, estás medidas “deben estar armonizadas con instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, como la Ley de Migración con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración de enero a octubre de este año, se registraron 14 mil 678 eventos de niñas, niños y adolescentes privados de libertad en estaciones migratorias y 12 mil 892 eventos de “devoluciones”.

“Llamamos a los impartidores de justicia a garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para las personas migrantes, solicitantes de asilo y de protección complementaria en todo el país, así como garantizar la reparación del daño y las garantías de no repetición”, dice el comunicado.

En relación con la privación de libertad de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, ésta tendrá que ser una medida excepcional y no la regla, evaluando medidas alternativas que tengan un menor impacto en la salud física y emocional de la persona detenida.

ORGANISMOS INTERNACIONALES SE UNEN

En tanto, una coalición de diez organizaciones internacionales hicieron un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto la Ley de Seguridad Interior y anunciaron la integración de un Observatorio Internacional sobre México cuyo cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Las organizaciones señalaron que lejos de abordar la impunidad de crímenes atroces, la Ley de Seguridad consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para las autoridades civiles.

“Durante los últimos diez años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad”, detallan.

Las organizaciones indicaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

“La nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.