Además de Humberto Moreira Valdez, distintos sectores de la vida pública en México reclaman que varios ex gobernadores merecen ser investigados por delitos de corrupción y ligas con el crimen organizado, entre otros. Al menos ocho de esos ex mandatarios, sumados a otros que aún están en funciones, están en el ojo de activistas y legisladores. ¿Y esos cuándo?, preguntan.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– Legisladores, expertos y ONGs instaron a las autoridades de justicia a investigar a una serie de ex gobernadores por presuntos actos de corrupción. Aseguraron que el arresto de Humberto Moreira Valdez, ex Gobernador de Coahuila, el pasado viernes en España, evidenció la crisis de impunidad que atraviesa el país.

El priista Moreira Valdez fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

José Fernández Santillán, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), refirió que México tiene un sistema penal con leyes de avanzada, pero no lo suficientemente fuerte como para esclarecer los delitos de los ex funcionarios al mando de las entidades.

“Una cosa es la decisión política y otra es el proceso judicial. En México lo que nos falta es someter el poder a la Ley. Es decir, que los funcionarios se sometan al Estado de Derecho“, dijo.

La sociedad civil pidió que se investiguen a los ex mandatarios estatales. El Congreso Nacional Ciudadano, una red de organizaciones que suma mil 400 mil afiliados, exigió mediante una carta abierta al Presidente Enrique Peña Nieto que se encarcele al menos a ocho ex gobernadores ligados a casos de corrupción de la misma manera que lo hizo con el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Entre los ex gobernadores señalados en la misiva se mencionó a Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz; Mario Marín Torres, de Puebla, Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur; Eugenio Hernández Elordy, en Tamaulipas; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Juan Sabines Guerrero, de Chiapas; Juan Manuel Oliva Ramírez, de Guanajuato, y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes. Todos con diversos señalamientos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.

Además se destacaron los nombres de los priistas Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y César Duarte Jáquez, en Chihuahua, ambos aún en funciones.

“Nuestra misión es exhibir la impunidad que hay en México. Porque tenemos un sistema de justicia donde el 99 por ciento de los casos queda en la impunidad”, refirió uno de los fundadores del Congreso, Gilberto Lozano González.

MEDINA Y EMPRESAS FANTASMA

Rodrigo Medina de la Cruz es uno de los ex gobernadores que arrastra problemas similares a los delitos que se le imputan a Humberto Moreira en España. Ambos adquirieron deudas que hasta ese momento eran insospechadas en sus entidades, el primero quien dejó a Nuevo León un monto de 61 mil millones de pesos por saldar, y el segundo, a Coahuila con 33 mil millones de pesos.

“La realidad es que ha sido señalado públicamente, pero no hay investigaciones en curso. El nuevo Gobernador [Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”] habló de la intención de auditar estos recursos, y vamos a ver si hay voluntad política. Tal vez no puedas acreditar que desvió recursos, pero sí es contundente el uso irresponsable de la deuda. No sabemos en qué se gastó. Es nos tiene que decir el actual Gobierno, dinos en qué se gastó la deuda”, reclamó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Waldo Fernández González.

Otro de los escándalos de corrupción por el que Medina es señalado involucra a su familia, la cual presuntamente trianguló recursos, producto de supuestas extorsiones a proveedores de la administración estatal mediante dos empresas registradas en las Islas Caimán, así lo denunció Aldo Fasci Zuazua, ex subprocurador de Ministerios Públicos en el sexenio del priista Natividad González Parás (2003-2009).

Fasci Zuazua, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo en su momento al diario El Norte, que al menos dos de las 12 empresas inmobiliarias vinculadas a los Medina son usadas como pantalla en Estados Unidos. Detalló que se trata de Mesa Investments y Northlake Holdings que registraron filiales en las Islas Caimán.

Explicó que a través de las compañías en las Islas Caimán y de sus operaciones como desarrolladores inmobiliarios en San Antonio los Medina lavan los recursos producto de las presuntas extorsiones a proveedores de la administración estatal.

En mayo del año pasado, se dio a conocer en diversos medios nacionales que Rodrigo Medina adquirió una propiedad con un valor de 13 millones 300 mil pesos en el exclusivo sector de Hacienda Las Misiones, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

LOS “DIPLOMÁTICOS”

Otro Gobernador que dejó una gran deuda es Juan Sabines Guerrero, de Chiapas. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dejó endeudado a Chiapas con 42 mil 200 millones de pesos.

“Al momento no se conoce ningún seguimiento institucional a pesar del caudal de quejas, de las marchas de los prestadores de servicio exigiendo pagos atrasados, de los bloqueos carreteros en toda la geografía estatal de la población organizada pidiendo que se realicen obras de infraestructura en los municipios y de las quejas de los alcaldes de haber recibido las haciendas estatales en quiebra”, refirió el economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Gerardo Coutiño Montes.

“Existe una total impunidad que es aprovechada por los grupos políticos para afianzarse en el poder local. Falta identidad política. Ya que con la transición democrática el ejecutivo estatal pasó del PRI al PRD y ahora al PVEM [Partido Verde Ecologista de México], pero esta no es una victoria de la democracia”, agregó.

Después de finalizar su mandato como Gobernador en Chiapas, Sabines fue designado Cónsul en Orlando. Acompañado de su familia arribó a Florida en junio del año pasado para relevar en el cargo al guerrerense Efrén Leyva Acevedo.

“Es un premio a la impunidad. Una salida que intenta ser decorosa para quienes ya no pueden transitar tranquilamente por las calles pero crearon las condiciones para que los grupos políticos locales se aferren en el poder”, dijo Coutiño.

De la misma forma, otros ex gobernadores han sido premiados con cargos en el extranjero. Fidel Herrera al mando de Veracruz entre el 2004 y 2010 fue designado el pasado 19 de octubre Cónsul en Barcelona. Su nombramiento fue cuestionado de inmediato por las reiteradas acusaciones de corrupción en su contra y por los presuntos vínculos con el cártel de Los Zetas que se le imputan.

La designación de Herrera fue especialmente polémica por no cumplir con los procedimientos normales de designación en el Senado de la República.

“Fidel Herrera fue de los que endeudó al estado. Prácticamente ningún ex gobernador se salva [de señalamientos de corrupción], y la justicia no hace nada”, refirió la Senadora independiente, Martha Tagle Martínez.

En 2013 a Herrera se le involucró con el empresario Pancho Colorado, acusado de lavado de dinero, a raíz de fotografías publicadas por medios de comunicación veracruzanos y reproducidas por el diario Reforma, en donde aparecen juntos montando equinos propiedad del empresario.

ISLA Y PECULADO

En diciembre del 2014, el semanario Zeta reveló que el ex Gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, era el segundo mexicano en tener una isla, sólo antecedido por Raúl Salinas de Gortari, el hermano del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La isla valuada en 106 millones 214 mil 254 centavos abarca 2 mil 230 hectáreas en un punto conocido como Cabo San Lázaro, en la parte norte de la Isla Magdalena, que conforma parte de la Bahía Magdalena en las costas de Baja California Sur.

Agúndez, quien gobernó del 2005 al 2011, registró esta propiedad a finales del 2012. Pero Zeta reveló en su investigación que planeó adquirir la isla desde el 2006, después de haber registrado formalmente una acta de posesión a favor de su amigo y prestanombres, Luis Raymundo Cano Hernández, en la Dirección de Catastro del XII Ayuntamiento de Comondú.

El empresario expuso ser posesionario de esa extensión de tierra desde mayo de 2006, la cual, según su propia declaración, estaba estimada en un valor de 200 mil pesos.

Previo a saberse de la existencia de la isla, en diciembre del 2011, el ex Gobernador por el PRD fue señalado por la entonces Contralora de Baja California Martiza Muñoz por daño patrimonial causado al erario estatal. Se le imputaron 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de casi 28 millones de pesos.

Cinco meses de después Agúndez fue detenido y tuvo un paso de siete meses en prisión por el delito de peculado. Sin embargo, después se le reclasificó el delito al de “incumplimiento de un deber legal”, un delito no considerado grave, por lo que un Juez concedió su libertad a cambio de una fianza de 31 mil 715 pesos.

CORRUPCIÓN Y POLÍTICA

Gilberto Santa Rita Tamés, especialista en temas penales, refirió que en México no hace falta mejorar el andamiaje del sistema penal para hacer justicia sobre los malos manejos de los ex gobernadores, sino la falta de separar los cargos políticos de los que requieren funciones meramente técnicas.

“El problema está en que esas dependencias tienen dirigentes que están vinculados a los propia maquinaria corrupta. Ésta que en gran parte viene de los partidos políticos, es un engranaje, que cubre y encubre a las personas que se involucran en este tipo de delitos”, explicó.

De esta cuenta, el especialista plantea que no importando el partido político, la impunidad es un tema generalizado al hablar de los ex gobernadores.

Ante este panorama y la falta de credibilidad en los políticos, la Senadora Tagle afirmó que la presión para que el sistema cambie y los índices de impunidad se reduzcan, debe venir de la ciudadanía.

“En la medida que el sistema de corrupción no se convierta como un asunto que es sancionado en las urnas, pues la corrupción va seguir ahí. Normalmente, nos venden la idea de que la corrupción es un asunto del ADN en México. Esto debe ser un asunto que vaya más allá del escándalo, cuando se capture a un delincuente, sino que sea un tema permanente”, destacó.