El hermano y el hijo del Presidente de Guatemala fueron acusados de participar en un fraude al Estado que se originó a partir de una “simulación especialmente preparada” con funcionarios de la entidad para beneficiar a Mario Estuardo Orellana López, ex suegro del hijo de mandatario. Las tres adjudicaciones públicas irregulares fueron en el año 2013 y tuvieron un valor aproximado de 26 mil dólares.
Guatemala, 18 de enero (EFE).- Una jueza de Guatemala resolvió hoy enviar a prisión preventiva a Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del Presidente del país, Jimmy Morales, procesados por defraudar al Estado en el año 2013.
La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dijo este miércoles, durante la audiencia de primera declaración, que hay indicios para entender que ambos, por su relación con el mandatario, puedan obstaculizar la investigación de la Fiscalía, si permanecen en libertad.
El hermano y el hijo del mandatario guatemalteco, detenidos este miércoles, están acusados de participar en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200 mil quetzales (unos 26 mil dólares), aunque ellos no se beneficiaron económicamente.
La resolución judicial, a petición de la Fiscalía, reconoce la posibilidad de que ambos obstaculicen el periodo de investigación, que tiene hasta finales de marzo, pues a principios de abril está previsto que se celebre la audiencia de etapa intermedia, en la que se debe decidir si van a juicio.
La jueza detalló cómo Sammy y José Manuel fueron partícipes de un fraude al Estado que se originó a partir de una “simulación especialmente preparada” con funcionarios de la entidad para beneficiar a Mario Estuardo Orellana López, exsuegro del hijo de mandatario, detenido hoy y quien también será procesado por fraude.
Según la investigación, el tío y el sobrino hicieron un “favor ilícito” a Orellana López para que lograra las contrataciones de servicios de tres eventos públicos, dos de los cuales nunca llegaron a realizarse.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400 mil dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama más de una veintena de personas ya fueron procesadas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
