El caso de las quimioterapias falsas aplicadas a niños con cáncer en Veracruz podría considerarse un crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional cuando en México se agoten las instancias legales. Pero fincar responsabilidades a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se prevé difícil, pues debe comprobarse que ellos firmaron directamente las licitaciones. Sin embargo, antes de cualquier paso, la Procuraduría General de la República (PGR) debe atraer el caso de inmediato, pues hasta el momento sólo es el dicho del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, alertaron especialistas en derechos humanos y de la infancia.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El suministro de agua destilada a niños enfermos de cáncer en Veracruz podría considerarse crimen de lesa humanidad, pero será muy difícil fincar una responsabilidad directa a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, dijeron expertos en derechos humanos y de la infancia a SinEmbargo.

Miguel Ángel Yunes Linares denunció hace unos días que ambas administraciones de sus antecesores aplicaron medicamentos apócrifos a niños enfermos durante las quimioterapias. Su dicho lo sustentó en un estudio realizado por el Laboratorios Roche.

Sin embargo, a pesar de la denuncia pública, el Gobierno de Veracruz aún no ha interpuesto una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) u otra instancia, lo que es considerado por los especialistas como el primer paso para buscar la verdad y justicia.

Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de los derechos humanos, dijo que el Estatuto de Roma, aceptado por México, establece en su artículo séptimo que se entiende como crimen de lesa humanidad al ataque generalizado o sistemático contra la población civil, perpetrado con conocimiento.

“Si hubiese habido información oculta por parte del proveedor de las medicinas, igual podría alegarse que este daño que se generó se dio sin consentimiento, sin embargo, todo indica que había no sólo conocimiento de que estos no eran los medicamentos adecuados, sino que se buscaba que así fuera para obtener el lucro. El Estatuto de Roma dice que se entiende por ataque generalizado a una línea de conducta que implique la comisión de actos sistemáticos en contra de la población civil”, explicó.

El caso de los niños de Veracruz podría ser atraído por la Corte Penal Internacional, luego de que en México se denuncie y se juzgue por un tribunal. El proceso podría llevar varios años, quizás hasta una década, pero de encontrar culpables las penas podrían ir desde los 10 años hasta la reclusión perpetua si la gravedad de la denuncia lo amerita.

“Si las víctimas no obtienen justicia en un tribunal mexicano, de ahí la Corte Penal Internacional considera si estas instancias no son las adecuadas para brindar justicia y toma el caso”, añadió.

Robles Maloof precisó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que Javier Duarte podría huir durante 10 o 15 años de las acusaciones por corrupción, fraude o saqueo de las arcas públicas, pero no de un crimen de esa magnitud.

Yunes denunció que los medicamentos apócrifos se suministraron en el Centro Estatal de Cancerología, y que fue el Laboratorio Roche quien analizó varias muestras tomadas en 2010, cuando aún era Gobernador Fidel Herrera, para concluir que lo utilizado en las quimioterapias no contaba con el principio activo del medicamento.

De acuerdo con Miguel Ángel Yunes, el ex mandatario prófugo de la justicia Javier Duarte no hizo nada para investigar el hallazgo, sino al contrario continuó adquiriendo la solución a la compañía Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V, una empresa de familiares del Diputado federal Jorge Carvallo Delfín.

Hoy el Diputado perredista Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la PGR y al Presidente Enrique Peña Nieto una investigación más exhaustiva para verificar “hasta dónde se extendió el uso de medicamentos apócrifos que ponen en riesgo la vida de los veracruzanos”.

Ojeda Anguiano afirmó que Javier Duarte dejó una secuela de “corrupción y de delitos de lesa humanidad que rayan en genocidio”.

“Estamos en presencia de conductas que van más allá de la corrupción, porque se trata de delitos contra la humanidad y por ello Duarte debe ser detenido de inmediato; no sólo que devuelva el dinero que se robó, sino que responda ante la justicia por sus actos en contra la niñez veracruzana”, exigió.

Sin embargo será difícil que Fidel Herrera y Javier Duarte sean acusados directamente de suministrar agua destilada a los niños con cáncer. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó que se tendrá que comprobar que ellos firmaron directamente las órdenes.

En el suministro de la solución apócrifa hay toda una cadena de personas involucradas, que incluye desde servidores públicos, altos mandos, hasta médicos y enfermeras, detalló.

Pérez García consideró que también será difícil comprobar que el agua destilada se inyectó en los niños con la intención de matar, como sugiere un crimen de lesa humanidad.

“Tendría que haber un hilo claramente conductor de que los dos ex gobernadores sabían, firmaron y autorizaron ese medicamento. Si ellos firmaron la licitación y se demuestra que hubo actos de corrupción puede fincarse responsabilidades directas, pero si lo hizo el controlador, el administrador, ni siquiera el Secretario de Salud del estado, entonces sólo hay una responsabilidad como Gobernador del estado”, dijo.

El director de Redim insistió en que la acusación de Yunes debe ser atraída los más pronto posible por la PGR, pues de no ser así, sólo quedará en el “dicho del Gobernador”.

DEBE INVESTIGARSE CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

El caso podría derivar en un crimen de Estado, añadió, pero el proceso será largo, pues deben ubicarse a los niños que fueron inyectados con el medicamento apócrifo en el hospital veracruzano.

“Deben tener lo registros y los expedientes. Tiene que atraerlo la PGR de manera inmediata y ser acompañada por instituciones especializadas con una investigación independiente. Es decir por el Instituto Nacional de Pediatría, de Cancerología, expertos que nos van a decir dónde buscar para obtener evidencia; porque un Ministerio Público cualquiera no sabrá qué buscar y dirá que no hay pruebas”, explicó.

Si se logra ubicar a niños y niñas que recibieron los tratamientos con agua destilada, el proceso podría acelerarse si las familias recurren a las instancias internacionales apelando a los derechos de los niños, pero de acuerdo con Pérez García, sólo es una posibilidad.

Daniel Gersherson Shapiro, activista y presidente de Alconsumidor, dijo que las autoridades mexicanas no tienen interés en investigar casos como el que se denunció en Veracruz, por lo que sólo quedará en un “tema para la sobremesa”, pero no irá más allá.

“Exhibe a un país donde ya no hay limites a la corrupción, a la impunidad, pues el dinero es el único valor. No importa que se mueran niños, siempre y cuando esos niños no tengan recursos y pertenezcan a los grupos vulnerables principales víctimas de estas políticas que aunadas a la corrupción y a la impunidad conforman una coctel tóxico, donde nada nos sorprende […]. Esto lamentablemente será una anécdota más que se le agregará al historial de Javier Duarte y Fidel herrera, porque no hay una voluntad de la PGR y del Gobierno por combatir esta situación”, dijo.

El activista recordó la necesidad de que se incorpore en México un instrumento similar al que se introdujo en Guatemala: una Comisión Internacional contra la Impunidad.

“Es un tema que hemos estado discutiendo en juntas formales e informales, creo que es lo único que podría salvar a este país”, dijo.