Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Aunque el Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunirán hoy en Toluca, Estado de México, con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto con una ciudad blindada por la inseguridad que se vive en el país, la violencia quedará fuera de la agenda como tema principal.

Ni la violencia, ni el narcotráfico, ni la venta de armas, ni la migración de mexicanos hacia territorio estadounidense y canadiense –en la mayoría de los casos con la violación sistemática de sus derechos humanos–, se discutirán como ejes principales de una cumbre que privilegiará el comercio y los negocios, principalmente las nuevas oportunidades que la Reforma Energética abre en el tema de hidrocarburos y la electricidad.

“Estamos ante una gran simulación, los temas importantes estarán fuera y será una afirmación de lo que ya sabemos: los estados nada más sirven a los intereses económicos, pero no a su vocación fundamental que es cuidar la vida y la armonía de los ciudadanos y del común de las naciones”, dijo Javier Sicilia, poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Obama y Harper se reunirán hoy en una entidad donde la violencia en todas sus expresiones está desatada: 49 ejecuciones en lo que va del año ligadas a narcomenudistas; con un repunte en secuestros y extorsiones, además de ser el líder en feminicidios y con un rechazo tajante de su Gobernador, el priista Eruviel Ávila Villegas, para emitir la alerta de género.

Sin embargo y a pesar del escenario violento que enmarca esta visita, analistas mexicanos, políticos, organizaciones no gubernamentales y la prensa internacional han dicho durante los últimos días que los mandatarios se enfocarán sólo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a las “reglas del juego” en la que entrarán las compañías estadounidenses y canadienses al negocio de los hidrocarburos y la electricidad a través de la Reforma Energética recién aprobada.

“No hablarán del comercio de armas que es espantoso. A Estados Unidos no le interesa nadie que no sean ellos y a Peña no le interesa su nación; por un principio de dignidad política debería llevar la agenda de las armas, la droga, la seguridad, la migración, que son temas prioritarios para que México crezca antes de hablar de economía. Están maquillando un cadáver para venderlo, la metáfora es horrenda, pero es la realidad. No están poniendo la paz en el centro y al ser humano”, dijo Sicilia.

Recientemente Javier Sicilia presentó el análisis de una base de datos de 2 mil 921 registros de armas incautadas en México durante 2006-2010, filtrada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y a la que las organizaciones Fellowship of Reconciliation (FOR) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) tuvieron acceso. Dicho documento precisa  que Estados Unidos es el principal proveedor de armamento de los cárteles mexicanos de la droga.

Del total de esas armas, 44.79 por ciento fueron aseguradas al grupo criminal de Los Zetas; 22.66 por ciento al Cártel del Golfo; 10.16 por ciento a los Beltrán Leyva; 8 por ciento al Cártel de Sinaloa y 7.75 por ciento a la organización de los hermanos Arellano Félix.

Según el análisis de los datos filtrados, más de 70 por ciento de las armas incautadas en México se vendieron en Texas y Arizona. El 40 por ciento del armamento era ilegal y en 14 por ciento de los casos con ellas se cometieron homicidios en México.

Del total de las armas que se compraron en distintas armerías de Estados Unidos, 409 fueron compradores mexicanos directamente, lo cual los colocó en segundo lugar, después de los anglosajones.

Sicilia indicó que la venta de armas está ligada a la injusticia, al lavado de dinero y a la prohibición de las drogas.

“Tiene que ser una prioridad en la agenda bilateral. Si no lo hacen, sólo se están haciendo pendejos”, afirmó.

Pero esta agenda no es la que les preocupa a los mandatarios. Tanto Obama como Stephen Harper y Enrique Peña Nieto se sentarán en la Cumbre y hablarán específicamente de una posible ampliación del Tratado de Libre Comercio y de las leyes secundarias para hacer realidad los contratos que permitirán a las grandes petroleras asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo Mauricio Meschoulam, internacionalista especializado en Terrorismo, Mediación y Paz.

“Van a intentar no tocar el tema de la violencia, en primer lugar porque está presente Canadá  y la agenda es trilateral y tiene más que ver con el tema comercial, evaluación del TLCAN. Seguramente Obama va hacer preguntas con respecto a las autodefensas, cómo ha estado atendido el problema, pero será muy minimizado”, dijo el experto.

La Reforma Energética en cambio, sí será un tema que el mandatario estadounidense abordará con especial interés.

“Obama va a preguntar cómo se va a implementar, ‘cuáles son las medidas que estás tomando Peña para las Reformas secundarias’. La idea de una Cumbre es abordar los temas del comercio”, dijo.

La visita será corta y apenas alcanzará el tiempo para hablar de los temas en la agenda trilateral y aunque a Estados Unidos, sí le preocupa la inseguridad que se vive en el país, lo dejará para otra ocasión.

“No será una visita que dure dos días, para que pueda haber una reunión específica sobre ese tema.  Será un acercamiento de ‘sí lo voy a tocar, pero dejemos que los equipos sigan trabajando’. México no está interesado en que otra vez se seguritice la agenda”, dijo.

Para Pía Taracena  Gout, especialista en Política Exterior de México en la Universidad Iberoamericana (UIA), la Cumbre donde se reunirán los tres mandatarios será sólo “para la foto”.

“Se quedará muy pocas horas, comerá y se irá; es decir, es una Cumbre para la foto, no habrá grandes acuerdos”, dijo la experta. Aunque México está obligado a poner sobre la mesa los temas importantes, “será la cumbre del chorizo”, dijo Taracena Gout.

El más interesado en que no se toquen los temas de seguridad es Peña Nieto, dicen los expertos. Pero Estados Unidos sí observa con desconfianza a la administración priista.

“Dentro de Estados Unidos, el PRI [Partido Revolucionario Institucional] es percibido como un partido que sabe gobernar y controlar, pero con amplias redes de corrupción, tolerancia al crimen organizado, están esperando para ver en qué medida se cambió de estrategia y van a negociar con ellos”, dijo Mauricio.

A diferencia de la percepción de Obama sobre la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien impulsó la guerra contra el narcotráfico que Estados Unidos avaló, con Peña Nieto hay “rispidez”.

“Se refleja desde el momento que Peña Nieto es espiado como candidato. En materia de seguridad no hay resultados, con las autodefensas que han surgido en el último año, pareciera que el país se sale de control y eso genera rispidez”, expuso.

Meschoulam explicó que aunque en esta ocasión Obama no profundizará en la inseguridad que se vive México, es probable que para 2015, busque una nueva reunión bilateral con Peña Nieto para abordar el tema.

“Obama estará interesado en venir a hablar de eso, pero no se presentará como una cumbre destinada al tema de la seguridad, sino que dirá que revisará la agenda bilateral, becas y se hablará del concepto de seguridad ciudadana, algo mediático para darle un bajo perfil”, explicó.

El concepto académico de Seguridad Ciudadana, ha sido retomado por la administración de Obama para matizar y restarle dureza al tema de seguridad.

“Se utiliza para hablar de cómo mejorar la desigualdad, para abordar más temas que estrictamente los que tienen que ver con seguridad como tal, es para moderar el discurso”, dijo.

MIGRACIÓN: LA DEUDA DEL TLCAN

Mientras Obama, Herper y Peña Nieto comen hoy, los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá son violentados, incluso por los mismos diplomáticos de México.

Más allá de la discusión de la Reforma Migratoria en Estados Unidos, que beneficiaría a miles de indocumentados mexicanos que podrían mejorar su situación en ese país, México arrastra un gran pendiente: la falta de defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.

La United Food and Commercial Workers (UFCW), un sindicato canadiense que aglutina a más de 250 mil miembros en Canadá y 2.5 millones en Estados Unidos, denunció  que el gobierno mexicano violó el derecho a organizarse de 175 trabajadores de dos granjas canadienses.

“El Consulado y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han estado interfiriendo para bloquear a los trabajadores migrantes que se organizan. El gobierno mexicano interfirió en la organización sindical en dos granjas a través de acciones que incluyen amenazas, represalias y la creación de listas negras para evitar que esta gente pueda ingresar a Canadá”, dijo Andrea Gálvez González, enlace para México de la UFCW.

Gálvez González explicó que a pesar del bloqueo del consulado mexicano en Canadá, la organización logró integrar un expediente con documentos filtrados con testimonios de trabajadores de las granjas y con la voz de tres empleados de la dependencia diplomática que testificaron que recibieron órdenes de la Secretaría del Trabajo mexicana para bloquear a los trabajadores que buscaban organizarse.

“Conseguimos que la Corte Suprema decidiera mantener esa prueba y apenas el 14 de febrero el gobierno mexicano apeló a la decisión, en lo que resulta en una negación real al derecho de asociación que está protegida por las leyes mexicanas y canadienses”, dijo.

La vocera recordó que en 2009 México enfrentó cargos por actividad antisindical  y obtuvo inmunidad diplomática.

“Cinco años después México continúa apelando cada decisión de los tribunales canadienses, tratando de eliminar del expediente todas las pruebas de actividad antisindical”, dijo.

Gálvez González destacó la gravedad de dejar fuera de las negociaciones del TLC el tema laboral y migratorio.

“Fue una decisión política basada en el miedo que tenían los gobiernos, sobre todo por los empresarios. Dijeron ‘sí queremos movimientos de capital, pero no queremos darles derechos a esta gente’ y creo que desde la perspectiva de las grandes empresas que utilizan mano de obra poco calificada, prefieren trabajadores temporales; entonces, en vez de negociarse como tres socios comerciales como se debe, esta cuestión de los derechos laborales, se lleva a clausulas pequeñas que no tienen  fuerza legal”, explicó.

Con Estados Unidos también existe una agenda bilateral pendiente por violaciones graves a los derechos de los trabajadores temporales agrícolas (visado H-2A) y los no agrícolas (visado H-2B).

Jessica Stender, directora del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), urgió a Estados Unidos a la realización de consultas bilaterales bajo el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), ligado al TLCAN, que le solicitó México el año pasado y que hasta la fecha no se ha cumplido.

“Los abusos empiezan desde el reclutamiento en México y se extienden hacia Estados Unidos. Los reclutadores les cobran dinero, lo cual es ilegal, no les dan información suficiente sobre las condiciones de trabajo que encontrarán y los patrones no les reembolsan todo el dinero que gastan para llegar allá”, afirmó.

Abusos como los que padeció Martín Dávila, un trabajador temporal originario de Zacatecas que laboró en Estados Unidos.

Dávila trabajó en la industria de las ferias y carnavales montando y desmontando juegos mecánicos en condiciones deplorables por cinco dólares la hora.

“En Zacatecas se nos hizo una invitación del Servicio Estatal de Empleo, nos dieron tres opciones: construcción, cortando pasto y en el campo por un salario de entre cinco y siete dólares la hora. Pedimos prestado y nos endeudamos para llegar a Monterrey y allá nos dijeron que si queríamos, era en las ferias por cinco dólares de la hora y, con tantas deudas, pues aceptamos”, recordó.

Dávila trabajó horarios exhaustivos, soportó viajes de seis horas en camionetas con capacidad para ocho personas, donde viajaban 18, cocinó al aire libre y no tuvo un lugar para resguardar sus ropas durante meses.

“A las nueve semanas esa situación nos obligó a renunciar y a regresarnos a nuestra tierra sin nada”, dijo.

Jessica Stender indicó que si los mandatarios revisan hoy el TLCAN, deberían reparar en los acuerdos paralelos en materia de derechos laborales.

“El gobierno mexicano tiene el deber de exigir los derechos para sus trabajadores en Estados Unidos. El tema migratorio debería ser una agenda que abordaran los tres países”, indicó.

De acuerdo con Stender, uno de cada 10 trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos denunció que fue víctima de fraude en algún momento de su reclutamiento.