Los llamados del Papa sobre la corrupción y la desigualdad en México sólo encontraron oídos sordos dentro de los funcionarios de los gobiernos federal y estatal que los escucharon, lo que, de acuerdo con políticos, activistas y especialistas consultados, confirma una tendencia que ha caracterizado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: hacerse de la vista gorda ante los principales temas que afectan a los ciudadanos y que, además, le han valido críticas a su Gobierno.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Las críticas del Papa Francisco I a los grandes males de México, pronunciadas en homilías y discursos donde habló de la corrupción, la violación a los derechos humanos, el robo de los poderosos a los que menos tienen, la violencia contra niños y jóvenes, la explotación de los indígenas, entre muchos otros, sólo encontró sordera y silencio por parte de las autoridades federales, estatales y de los distintos partidos, coincidieron activistas, politólogos e incluso miembros de institutos políticos.

El Papa Francisco, presente en México del 12 al 17 de este mes, envió mensajes de reproche a las élites económicas y políticas, e incluso a la que conforma la Iglesia católica. Pero del otro lado, nadie respondió a sus señalamientos. Esta tendencia, la del mal de la sordera, ha sido una constante en el actual Gobierno federal y es parte de una estrategia deliberada, dijeron los especialistas.

“La visita del Papa Francisco es precisamente para hablar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la corrupción no hay que evadirla, está dentro del Gobierno federal. El Papa ha hecho llamados fuertes, porque no es ajeno que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo”, dijo el Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco.

Días antes de la llegada del líder de los católicos del mundo al país, el 27 de enero pasado, Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, en el que México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Pero el Pontífice no sólo habló de la corrupción sino que se atrevió a romper con los discursos tradicionalmente complacientes de la Iglesia católica: criticó la violencia del narcotráfico, la desigualdad, el abuso del poder y, en general se mostró como un conocedor de los temas de coyuntura nacional y que ubican a México como un país en crisis en materia de derechos humanos.

“Uno de los temas que preocupan justamente es que el Gobierno federal ha ido cerrando espacios de diálogo con las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, e incluso con instituciones internacionales, como la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. Y si bien en años anteriores habíamos visto relaciones ríspidas por que no concordar con sus puntos de vista, francamente no las habíamos visto tan tensas y tan descalificadoras como las hay hoy en día”, dijo el director de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz Rendón.

Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, Francisco hizo énfasis en el mal de la corrupción, un crimen que el año pasado costó al país 1 billón 600 mil pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (BM).

“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”, dijo durante el recibimiento que le hicieran el Primer Mandatario y la clase política de México en el Palacio Nacional, el pasado 13 de febrero.

Pero el tema de la corrupción, considerado uno de los problemas más graves del país, también se lo recriminó a su propia grey: fieles, misioneros, monjas, sacerdotes y obispos, durante su visita a la Catedral de Morelia.

“¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado”, dijo.

DENUNCIAN OÍDOS SORDOS

Los funcionarios actuales han hecho oídos sordos a los mensajes del Papa, en especial los referentes a los derechos humanos. Diversos expertos apuntaron que la estrategia del Gobierno en los tres años últimos años de administración no sólo se basa en el silencio, sino en la confrontación ante los cuestionamientos que cuenten con mayor repercusión de los organismos internacionales.

En noviembre de 2015, el Gobierno federal desestimó que existiera una grave crisis de derechos humanos, que, de acuerdo con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abarca una gran amplitud de sectores.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, cito en un comunicado a raíz de una visita hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Este último día, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dudó que se pudieran sacar conclusiones en cinco días. Y delimitó que las condiciones que propician la violación de derechos humanos se circunscribe a seis estados.

NEGACIÓN DE LA TORTURA

Otro episodio de las negativas del Gobierno fue cuando rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en México, como lo refirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 10 de marzo, un día después de que Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos de la ONU, presentara un informe sobre las observaciones hechas en una misión a México, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, y el Embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negaron que los resultados estuviesen basados en la realidad.

Meade dijo, en su momento, dijo que la ONU sólo recopiló información de 14 casos, y que en 13 estaban siendo atendidos. Sin embargo, las conclusiones del Relator fueron contundentes. Y el trabajo, incluso, externó su preocupación por los atropellos a los derechos humanos sucedidos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de octubre del 2014.

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento”, presentó el resumen del Informe.

Las contestaciones de los funcionarios mexicanos subieron de tono a finales de ese mes, cuando el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Manuel Gómez Robledo, acusó al Relator Méndez de ser “irresponsable y poco ético”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Meade, y no fueron desdichas hasta casi nueve meses después por el propio Gómez Robledo, quien a punto de ser nombrado por el Senado como Embajador de México en Francia fue cuestionado por legisladores y pidió perdón por lo ocurrido.

LA INDIFERENCIA COBRA FUERZA

Nicolás Loza Otero, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sostuvo que la negativa del Gobierno a reconocer sus errores, se agravó durante este sexenio.

“La manera es muy ingenua. Descalificando al quejoso, pero no buscando soluciones estructurales que eviten nuevos hechos de corrupción. Eso me parece importante, porque hay una estrategia deliberada de parte de estos Gobiernos que lo que busca es que pasado el problema, eludir la explicación”, dijo.

De forma contraria, el investigador José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), apuntó que es más difícil para el actual Gobierno evadir su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.

“El tema de los derechos humanos ya no lo controla el Gobierno. Porque hay una Comisión. Dos, porque hay comisiones internacionales, como la CIDH, ó la de Naciones Unidas. Y los gobiernos, no sólo el mexicano, están mucho más sujetos a un escrutinio autónomo, de organismos públicos. Es mucho más intensa la vigilancia de las ONgs”, dijo Fernández Santillán.

Ha sido justo el escrutinio de organizaciones a la autoridad lo que ha llevado a cuestionar la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, expuso en noviembre del 2014 que los jóvenes atacados en Iguala, Guerrero, fueron asesinados y luego incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

No obstante, este mes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desechó la versión del Gobierno sobre lo ocurrido a los estudiantes. Principalmente, porque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, en Guerrero, sostuvo el EAAF.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.

Un resultado que reforzó el cuestionamiento sobre la quema en el basurero hecho de forma previa por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), que coadyuvan en la investigación el caso.

Y que también puso en entredicho al menos 80 tomos de los que consta el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala.

POLÍTICA TRAS EL PAPA

Si bien el todos los partidos políticos en el Congreso manifestaron su beneplácito por las observaciones del Papa. Ninguno aceptó que fuese una crítica hacia ellos, pero sí, señalaron a otros.

De la misma forma que el resto de críticos a la situación del país, el máximo líder de la religión católica en el mundo, Jorge Mario Bergoglio, partió el miércoles del país, después de hacer menciones sobre la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y vacíos legales que enfrentan los mexicanos en el “infierno de las drogas”.

“El discurso del Papa es universal. El tema de la corrupción es uno que se da en todos los ámbitos de la sociedad. Y cada uno tiene que hacer lo que le toca”, dijo el Diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Uriarte Zazueta.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva, también hizo señalamientos esta semana de que debería ser el Gobierno federal, el que reflexione sobre las temáticas del Papa, así como la iniciativa privada.

“Yo digo que es principalmente para quienes tienen responsabilidades de Gobierno; en un régimen presidencialista, desde luego, para el propio Presidente de la República, y también para quienes –como ha sido reiterado en los discurso del Papa en México– están en favor de la exclusión que se genera por el afán de conservación excesiva de riqueza, lo que no permite el desarrollo igualitario”, dijo el perredista.