Hace 10 años, las familias de 65 mineros se estremecieron con la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila. Sin embargo, después de una década sólo quedó impunidad, pobreza, olvido y el sepulcro clandestino de decenas de esposos y padres.

Ciudad de México a 19 de febrero (SinEmbargo).- “El Gobernador ya no quiso recibirnos. No nos han recibido. Nos dicen que no está y que no está. Hemos estado ahí, en plantones de una semana y nada. Yo no sé qué esconde la empresa, no fueron perros para dejarlos ahí. Yo quisiera aunque sea un hueso que me entreguen de mi esposo, pero no hacen el intento por sacarlos. No hacen nada. Sí con un hueso ya me conformo”, dice Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas Silva.

Reyes Cuevas quedó sepultado junto con otros 64 mineros el 19 de febrero de 2006 a las 2:30 de la madrugada, cuando explotó la mina de carbón Unidad 8 Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, y nunca fue rescatado. Cada trabajador contaba con una reserva de oxígeno de seis horas.

Las llamas alcanzaron entre 600 y 900 grados centígrados. Antes de la explosión los mineros se habían quejado de una concentración excesiva de gas metano, superior a los estándares permitidos.

Hoy, como hace una década, su cadáver yace junto al de sus compañeros a una profundidad aproximada de 490 metros, en medio del silencio de un sepulcro clandestino, similar al que envuelve al caso.

Aquel 19 de febrero, recuerda Tomasita, llegaron cientos de personas a San Juan de Sabinas: políticos, reporteros, funcionarios de la entidad y el entonces Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

El caos se apoderó de la situación y el rescate de los cuerpos nunca se realizó. La mayoría de las familias se enteró por los noticieros a media mañana y conforme fueron pasando las horas de ese 19 de febrero, la esperanza de rescatarlos con vida, se fue agotando.

“Ese día había mucha gente. Andaba el Gobernador [Humberto Moreira*, había extranjeros, todo el mundo entrevistando. Ahora estamos solas las viudas en el campamento. El actual Gobernador Rubén Moreira ya ni siquiera nos recibe. Nos ven como locas”, dice Tomasita.

En enero pasado, un grupo de viudas acudió al Palacio de Gobierno estatal, donde ahora despacha el hermano de Humberto Moreira. Pidieron una reunión con el mandatario, pero nunca las recibió.

“El caso ya se cerró, porque son 10 años. Ahí nos dieron unas actas de defunción mal hechas. El error de nosotras es haber agarrado esas actas, porque a nosotras no nos han dado los cuerpos. Si no hay cuerpo, no debimos aceptar las actas”, dice.

EL ACUERDO GOBIERNO–GRUPO MEXICO

Cuando ocurrió la tragedia, el Presidente de la República era el panista Vicente Fox Quesada y su Secretario de Trabajo y Previsión Social el poblano Javier Lozano Alarcón, actual Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

Los familiares de los mineros han acusado desde entonces que hubo contubernio entre las autoridades federales y estatales con Grupo México, para evitar el rescate de los fallecidos.

Fue en febrero de 2007 cuando el Gobierno de Coahuila, según afirman las viudas, emitió 65 actas de defunción certificadas por un médico forense. Sólo dos cuerpos fueron rescatados.

Grupo México argumentó, para suspender la búsqueda, que los mineros murieron calcinados. Pero los cadáveres que fueron recuperados presentaron evidencia de que murieron por asfixia.

En abril de 2007, dos meses después de que se entregaron las actas de defunción, la compañía de Germán Larrea Mota-Velasco, suspendió el rescate de los cuerpos por petición de la Secretaria del Trabajo. La empresa argumentó, gracias a un peritaje que mandó hacer a cargo del estadounidense Daniel Wooton, que entre 25 y 75 por ciento de Pasta de Conchos estaba inundada.

El agua estaría posiblemente contaminada con VIH, tuberculosis y hepatitis, les dijeron a los familiares. La contaminación podría contagiar a los rescatistas.

La versión completa del perito fue difundida el miércoles por el periódico Vanguardia. De acuerdo con un documento difundido por el diario, la conclusión del peritaje “Evaluación de las Operaciones de Recuperación en la Mina de Pasta de Conchos y Resultados de los Futuros Esfuerzos de Recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, a petición de Grupo México, establece que el agua contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos [causantes de pérdidas en ls producción de frutales], que podrían ser contagiosos para quienes entren.

La investigación —realizada del 23 al 27 de marzo de 2007– concluye que los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.

“El nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición…”, establece el documento. “No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad entera”.

El análisis, entregado a las familias de los 63 mineros atrapados fue realizado con base a entrevistas con funcionarios de GMéxico y expertos en seguridad laboral.

La investigación indica que fueron analizadas muestras de agua tomadas de un agujero de bombeo donde se encontraron altos niveles de bacterias coniformes y aeróbicas, comúnmente encontradas en cadáveres en descomposición.

Esta teoría es reforzada por un segundo informe —también ordenado por GMéxico y elaborado por Donald McBride, Supervisor Inspector para la Oficina de Minas y Minerales de Illinois— que indica que la mina “podría contener agua contaminada de enfermedades posiblemente mortales”.

En su “Informe de Condiciones y Riesgos en la Mina Pasta de Conchos”, McBride advierte que arriesgarse a recuperar los cuerpos podría ser un peligro para la salud.

La emisión de actas de defunción evitó el pago de pensiones e indemnizaciones. La empresa otorgó 750 mil pesos a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos y gastos para la educación de los menores que quedaron huérfanos. Pero los familiares no quedaron conformes. Hubo marchas y protestas exigiendo el rescate de los cuerpos.

En la tragedia de Pasta de Conchos hay recomendaciones al Gobierno, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en favor de las familias de Pasta de Conchos.

La recomendación 26/2006 estudió la violación de derechos humanos cometida por la delegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila.

Entre las irregularidades que se encontraron destacan que la compañía no contaba con 19 documentos sobre la seguridad de la mina Pasta de Conchos en una inspección realizada el 12 de julio de 2004. También se realizaron 48 observaciones y se dictaron 34 medidas a ser atendidas.

El Gobierno pidió a la empresa corregir los puntos solicitados. El 7 de febrero de 2006, 12 días antes de la tragedia, se verificó el cumplimiento de las medidas. Sólo 28 estaban cumplidas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desestimó la recomendación de la CNDH, argumentando que no era competente para conocer la queja de Pasta de Conchos, porque no era de carácter laboral. Sin embargo, en julio de 2006, aceptó la recomendación y la Comisión notificó a la STPS que se tenía como “aceptada, con cumplimiento insatisfactorio”, debido al pago insuficiente de indemnizaciones.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que el Gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate.

Los cuerpos de los mineros que fueron rescatados son: Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49 años de edad al momento del accidente y su cadáver fuee recuperado el 23 de junio de 2006.

El 1 de enero de 2007 fue localizado y rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo, del poblado de Palaú. Los familiares y mineros echaron andar un plan de rescate independiente que fue frustrado por la empresa y autoridades de Coahuila en 2008.

EL DÍA TRÁGICO

Tomasita y otras viudas entrevistadas por SinEmbargo recuerdan ese día.

“En 2008 estuvimos a casi nada de encontrarlos, pero al darse cuenta de que estábamos por encontrarlos, cerraron la mina y nos sacaron. Nos dicen que fueron los estatales [policías], todavía estaba Humberto Moreira”, dice.

Tomasita indica que después de 10 años de la tragedia, las viudas y los hijos desean recuperar los cuerpos para sepultarlos y tener una tumba para visitar.

“Llega el Día del Padre, el día del finado y se nos hace muy duro. Dicen que quieren abrir la mina para trabajarla. Yo digo que no lo vamos a permitir, no van a trabajar arriba de ellos, que nos den lo que es de uno. No son animales, no se vale, son nuestros esposos”, dice.

María Guadalupe Hernández Leyva, viuda de José Alfredo Silva Contreras, coincide en que el Gobernador Rubén Moreira, ya no las recibe.

“Me siento desesperada porque no tenemos respuesta, ni por la empresa ni por el Gobierno. La semana antepasada fuimos a ver al Gobernador y no nos recibió. Nos puso unos achichincles, que nos juzgaron locas”, dice.

La mujer asegura que Germán Larrea nunca se presentó ante los familiares de los 65 mineros muertos.

“Cuando pasó el accidente no tuvo la dignidad de avisarnos. Nos enteramos por la televisión. En 10 años nos hemos sacrificado mucho y no hemos logrado nada. Sentimos que ya no vamos a lograr nada”, indica.

En una década han muerto tres viudas, cuenta María Guadalupe. Las que quedan se reúnen en ocasiones. En el campamento aún hay unas 10 mujeres de manera constante.

María enviudó con tres hijos pequeños: de 13, 11 y tres años de edad. La empresa les dio ayuda sólo un tiempo. Sus hijos no estudiaron una carrera.

En 2010 la asociación de familiares de las víctimas de la mina “Pasta de Conchos“, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentaron un informe sobre Pasta de Conchos.

En ese informe compararon la acción de las autoridades de Chile, que tras 17 días de búsqueda rescataron a los 33 mineros que quedaron atrapados luego del derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010.

Las organizaciones criticaron que Grupo México agotó la búsqueda en menos de 48 horas y declaró muertos a los mineros en menos de cinco días. No instaló un equipo de monitoreo sísmico para ubicar a los mineros y no entregó información confiable a las cuadrillas de rescate.

Hace unos días, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, responsabilizó a Humberto Moreira por la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.

“Ahí está, él fue el que empezó a cooptar a las viudas cuando las empezamos a organizar en Pasta de Conchos y empezaron a prohibirles y a decirles que lo que estaban haciendo no les iba a ayudar a ellos y esto me consta a mí”, dijo Vera López.

LAS “BECAS” DE GRUPO MÉXICO

Elizabeth Castillo Rábago es viuda del minero Gil Rico Montelongo y recuerda la tragedia de Pasta de Conchos, como el hecho que le dio un giro a su vida.

Un giro negativo. Hasta ese momento, el 19 de febrero de 2006, su esposo llevaba los gastos del hogar.

La pareja procreó tres hijos que, cuando ocurrió la tragedia tenían 15, 13 y nueve años. Los pequeños eran muy apegados a su padre, cuenta Elizabeth y la pérdida significó un problema fuerte emocional para la familia, adicional al económico.

“Ellos estaban muy apegados a él y él con ellos. Ha sido difícil, porque nunca nos atendió un psicólogo. En estos largos años uno desea haber tenido una estabilidad y ayuda con un psicólogo, porque he sabido sacar adelante a mis hijos, pero ha sido muy difícil”, indica.

Sus hijos mayores Gil y Agustín no concluyeron sus carreras técnicas. Pero Pablo, el menor estudió y trabajó para poder costear su carrera en Desarrollo de Negocios.

“Al del medio le faltaron dos años para terminar su carrera. Al mayor le faltó un semestre para terminar Técnico en Computación. Él más chiquito siguió estudiando, pero ya sin beca”, dice.

La beca que Grupo México les dio a sus hijos era de 490 pesos al mes para primaria; 690 para educación secundaria; 900 para cursar preparatoria y mil pesos para una carrera técnica.

“A veces la daba cada mes, a veces cada dos meses. La verdad fue muy difícil sacar adelante a mis hijos, todavía el mayor se queja de que si su papá estuviera, las cosas hubieran sido diferentes”, narra.

Pablo, el menor, quiere estudiar gastronomía. Lo hará con el salario que gane de su trabajo con la carrera técnica que ya tiene.

Los hijos de Gil Rico y su esposa se han recuperado a medias de la tragedia. Aún esperan los restos de su padre.

“La esperanza es la última que muere. Esperamos que sí nos hagan justicia. Aunque son 10 años y lo vemos difícil, el Gobernador [Rubén Moreira] ya no nos atiende, antes sí nos atendía y nos había dicho que nos iba ayudar. Pero ya a partir de este año ya ni nos contesta. Ahorita sólo hay silencio”, dice.

Hoy las esposas e hijos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos realizarán una marcha en Coahuila y una vigilia en la madrugada en la mina, para recordar aquel 19 de febrero.