El homicidio del pequeño Christopher, ocurrido en mayo de 2015, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II etapa, municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, causó conmoción a nivel nacional e internacional por el alto grado de violencia que le impusieron los agresores a la víctima.

Christopher Raymundo Márquez Mora. Foto: Especial

Christopher Raymundo Márquez Mora. Foto: Especial

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– A tres meses de que se cumpla un año del asesinato del niño Christopher Raymundo Márquez Mora, de seis años, a manos de cinco menores de edad, el juez Francisco de León Merino sentenció ayer por la madrugada a cuatro de ellos a una pena que va desde 9 años y seis meses de reclusión en el Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) hasta la privación de la libertad en lugares alternos.

El homicidio del pequeño Christopher, ocurrido en mayo de 2015, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo II etapa, municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, causó conmoción a nivel nacional e internacional por el alto grado de violencia que le impusieron los agresores a la víctima.

De acuerdo con detalles dados por el Fiscal Sergio Almaraz, el asesinato fue cometido por cinco menores: dos mujeres de 13 años, dos varones de 15 y un menor de 11; quienes supuestamente invitaron al niño a jugar y juntar leña en la ladera del arroyo, lugar en el que le indicaron que simularían un secuestro.

Acto seguido, ataron a Christopher de pies y manos, comenzaron a golpearle con un palo espinoso y lanzarle piedras en el rostro. Después, colocándole un palo en el cuello, lo sofocarían.

Una vez que los adolescentes creyeron muerto al pequeño, cavaron un hoyo para enterrarlo boca abajo y posteriormente, una de las jóvenes le apuñaló por la espalda.

Para ocultarlo, sepultaron completamente el cuerpo, taparon el lugar con maleza y colocaron un animal muerto sobre la superficie para no llamar la atención.

El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a que los investigadores de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas dieron con los jóvenes que lo vieron por última vez, “mismos que cayeron en una serie de contradicciones y terminaron por decir que la forma en que le privaron de la vida y enterraron  en el cauce del sinuoso arroyo ubicado en la colonia Laderas de San Guillermo”.

Tres de los menores asesinos de Christopher eran sus primos.

La sentencia dentro de la causa penal 95/2015 se dio luego de una audiencia de juicio abreviado que se extendió por 17 horas, misma que fue celebrada a puerta cerrada en la sala número 17 de Juicios Orales, localizada dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) número 1 en Aquiles Serdán.

Las autoridades dictaron sentencia de 9 años y 6 meses en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores para Jesús David, de 15 años.

Los otros menores, Irving de 12 años, Alma Leticia de 13 y Valeria Janeth de 12, se les dio sentencia de 3 años y 6 meses de libertad asistida. Los tres permanecerán a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Con respecto al quinto adolescente involucrado en los hechos, de nombre Jorge Eduardo, de 15 años, el 25 de noviembre de 2015 el mismo juez lo declaró ininmputable y ordenó su liberación debido a que presenta un retraso mental moderado y requería atención, ya que el menor expresaba un lenguaje de un niño de cinco años, así como un razonamiento mucho menor a su edad física.

Este viernes se realizará otra audiencia en la que el juez del Tribunal Especializado en Menores Infractores determinará otras medidas cautelares para cerrar finalmente el caso.

La penalidad máxima, de acuerdo con lo que establece el artículo 102 de la Ley de Justicia para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, dentro del capítulo “Medidas Sancionadoras Privativas de Libertad”, señala hasta 15 años de cárcel cuando tengan entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho, los asesinos de Christopher eran menores de 15 años.

Apenas el miércoles en su visita por Ciudad Juarez, el Papa Francisco manifestó que el problema de la inseguridad no se resolvía encarcelando “sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales que afectan a todo el entramado social”.

“A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos más que promover los procesos de rehabilitación que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a determinada actitud. El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan a todo el entramado social”, dijo el Obispo de Roma durante su reunión con internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez.

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MENORES, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

El caso de Christopher causó indignación social a nivel nacional e internacional y cuestionó la estrategia contra las drogas que el Gobierno de México viene realizando desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que ha dejado cientos de muertos, heridos y como daños colaterales: menores que crecen en medio de la violencia.

En México, organizaciones civiles agrupadas en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) exigieron al Estado mexicano reconocer que la muerte del menor es “una expresión de la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado” que afecta a niñas, niños y adolescentes.

Es “la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz”, dijo.
Márquez Alvarado, de 6 años de edad, no fue víctima de un juego de secuestro, “le quitaron los ojos, le partieron el labio, le rebanaron el cachete y le dieron hasta 27 puñaladas en la espalda”, aseguró Rita Isela Alvarado, tía del menor, en entrevista con el diario Omnia.

“Era un niño que no podía hacer daño a nadie” , declaró Isela Alvarado

Tania Concepción Mora Alvarado, madre del niño Christopher, abandonó el estado de Chihuahua por amenazas que recibió y que ponían en peligro su integridad física y emocional, expuso ella misma en un documento que envió al Tribunal Especializado para Adolescentes Infractores, mismo que fue sellado de recibido el 25 de mayo.

Personas allegadas a la familia del pequeño, revelaron a diversos medios que ninguna autoridad había buscado a la madre para brindarle apoyo psicológico, emocional, y/o de salud, tanto a ella como a su otro hijo de tres años, hermano de Christopher, quien padece una discapacidad.

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La reciente noticia de la tortura y asesinato de Christopher Márquez desató distintas versiones. La última es de la revista católica española Aleteia, que lo relaciona con el culto a la Santa Muerte. Cita a otros medios de comunicación locales.

“El tema requiere la atención de quienes no ven el peligro de ciertas creencias religiosas y particularmente del sectarismo, en relación al origen de horrendos crímenes, perpetrados por personas sumergidas en un complejo mundo de creencias que los habilitan a cometer atrocidades. El caso es más escandaloso porque los que secuestraron, torturaron y asesinaron a Christopher, son niños y preadolescentes”, dijo Aleteia en un artículo firmado por Miguel Pastorino.

“Si bien los niños involucrados pertenecen a un contexto de pobreza y violencia extrema, y declararon ‘jugar a los secuestradores’, las causas parecen ser más profundas que la falta de valores y la convivencia con el crimen organizado. Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa de homicidios de niños en México: 38 menores por cada 100 mil habitantes. Del 2005 al 2015 han sido asesinados en México 10,876 menores”, agregó.

El Gobierno de México ha sido señalado por diversas organizaciones por no proteger a los menores. El pasado 29 de enero, en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa oaxaqueña, fueron asesinados un comerciante, de 24 años de edad, quien llevaba a su hijo de nueve meses e iba acompañado de su esposa.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) condenaron el asesinato del bebé y sostuvieron que el homicidio era una “expresión de la normalización de la violencia armada resultado de la equivocada estrategia de seguridad del Estado mexicano frente al crimen organizado”.

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