La paz quedará más lejos para México si militarizan las calles, alertaron organizaciones de la sociedad civil en respuesta a las iniciativas para aprobar una Ley de Seguridad Interior. La participación del Ejército incrementó los asesinatos, torturas y desapariciones, sostuvieron con base en datos estadísticos oficiales y de centros de investigación. En tanto, en la Cámara de Diputados existen seis propuestas para reglamentar las operaciones de seguridad del Ejército. Y quienes las impulsan prevén aprobar la iniciativa al termino de abril. La gaceta parlamentaria publicó el 27 de octubre la propuesta del jefe de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, para regular la labor de las Fuerzas Armadas. Misma que, a los ojos de las organizaciones, es el primer paso hacia la impunidad militar.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Las iniciativas de Ley de Seguridad Interior proveen un marco para dejar en la impunidad las violaciones militares, apuntalaron organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno federal se ha puesto de espaldas a los resultados de diez años de guerra, criticaron.

Si bien los impulsores de legislar un reglamente para las operaciones del Ejército abogan que dará certeza jurídica, la interpretación de las organizaciones civiles difiere.

“La iniciativa de ley lo único que ayuda es a darle todo el marco jurídico al Ejército para salir a las calles y militarizar el país”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

La participación del Ejército, asentada desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío tropas a Michoacán para combatir al narcotráfico, ha dejado al país marcado por las secuelas de la violencia.

Al menos 186 mil personas fueron asesinadas entre 2007 y 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es una política miope [esta iniciativa] y muy irresponsable, porque ignora lo que las organizaciones de la sociedad civil han documentado con pruebas fehacientes y testimonios de víctimas, que dan cuenta de los abusos de poder perpetrados por las fuerzas armadas”, dijo Reneaum.

Los registros del Inegi reflejan que durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada hubo 17 asesinatos por día. Un promedio que se elevó a 54 con el gobierno sucesor de Felipe Calderón Hinojosa.

“En el contexto de la lucha contra las guerra contra las drogas existe una política para cometer crímenes de lesa humanidad”, alertó José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización que se ha dedicado a la búsqueda de la justicia cometida por militares.

Guevara sostuvo que las extralimitaciones del Ejército corresponden a una determinación orquestada por las instituciones: “Donde se justifica la ejecución extrajudicial, la tortura y las desapariciones”.

El Presidente Enrique Peña Nieto, consciente de la crisis de seguridad, apostó por la permanencia del Ejército en las calles. Los datos oficiales hablan de 29 mil 196 desaparecidos entre 2007 y 2016.

En cuatro años Peña Nieto sumó 15 mil 647 casos de personas no localizadas, superando así a Calderón que en su sexenio acumuló 13 mil 549 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Sin embargo, desde octubre el jefe de la bancada priísta presentó una iniciativa para una Ley de Seguridad Interior, que pese al rechazo de los partidos de oposición contará con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), la segunda bancada mayoritaria en el Congreso.

“La realidad es que varios órganos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un mecanismo de Naciones Unidas le han dicho claramente al Estado mexicano que no se pueden utilizar las fuerzas armadas para hacer funciones de seguridad pública. La experiencia además demuestra que es altamente desaconsejable”, destacó Reneaum.

LAS CIFRAS MORTALES 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó recientemente un ejercicio de bases de datos, correspondiente al periodo entre 2006 y 2011, que presentó los daños de la participación militar en tareas de seguridad pública.

En promedio, el 30 por ciento de personas detenidas por soldados y marinos denunció haber sido víctima de tortura mediante choques eléctricos, en tanto que el 26 por ciento acusó haber sido sometido a asfixia.

“No puede ser que se afirme con esa frivolidad característica de algunos servidores públicos que 200 casos de tortura sean hechos aislados [constatados por la CNDH]”, recordó Guevara.

De 2006 a 2011, el Ejército participó en 68 masacres de al menos 10 personas. Mientras que los índices de letalidad de la Policía federal fueron de 2.6 por cada herido, los del Ejército de 9 y los de la Marina de 17.

Guevara recordó que los elementos del Ejército no tienen una formación para realizar tareas de seguridad pública. Datos del CIDE mostraron que en el 80 por ciento de 3 mil 327 combates entre militares y particulares registrados, fueron las fuerzas federales las que dispararon primero.

Amnistía Internacional México lamentó que la política del Estado fuese prioritariamente punitiva, Sin considerar atender las causas que originan esta violencia.

“No es que las personas pobres cometan más delitos que otros. Es que la estrategia penal selecciona a las personas que van a entrar en el marco del sistema punitivo. Se ignora que en este país hay más de 55 millones de personas viviendo en la línea de la pobreza. Y que hay una relación proporcional entre los municipios más pobres y los acontecimientos de violencia”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de la organización.

En el país hay 233 mil 469 personas privadas de libertad, de las cuales el 30 por ciento aguarda por recibir una sentencia, de acuerdo con el Cuaderno mensual de Información Estadí­stica Penitenciaria Nacional.

El nuevo Sistema de Justicia Penal no ha sido capaz de desaguar la sobrepoblación de las cárceles federales, que cuentan con una sobrepoblación de 24 mil 221 personas.

“Estamos viendo los resultados de la estrategia punitiva. Retardación de justicia, hay una increíble cantidad de casos y de personas que están detenidas provisionalmente. Esto debería ser una excepción, pero en México es la regla”, añadió Reneaum.

PROPUESTAS DE IMPUNIDAD

José Guevara, director de la CMDPDH, acusó que las propuestas presentadas por el PAN y PRI dan paso “a la impunidad a las Fuerzas Armadas”, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Las seis iniciativas apuntalan que el Presidente de la República será el encargado de emitir una declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y lapso determinado, según requiera el caso, en el que podrán intervenir las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En el país operan 37 células criminales y 9 cárteles del narcotráfico, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Algunas iniciativas, como la del Diputado [César] Camacho, establecen disposiciones completamente absurdas como, por ejemplo, el hecho de que toda la información que se produzca en el contexto de las operaciones relacionadas con la seguridad interior se considerará reservada por ser de seguridad nacional”, criticó Guevara.

Así, el número de personas que sean detenidas podría quedar como información clasificada, advirtió el activista.

“O por ejemplo hay otra disposición en esa misma iniciativa, que dice que en el contexto de esos operativos no será aplicable el código de procedimientos administrativos. Lo que quiere decir que ninguno de los actos ilícitos que puedan cometer los servidores públicos podrán ser responsabilizados por actos ilícitos y no se podría indemnizar a una víctima”, agregó.

En tanto que es el personal técnico de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados el que conjunta las diferentes iniciativas de los partidos políticos, las organizaciones piden que se abra un espacio de diálogo real con los legisladores, como parte de un esfuerzo necesario para incluir en las decisiones de seguridad pública a las sociedad civil.