El Estado de México encabeza hoy prácticamente todas las categorías en la incidencia del crimen en el país. Con el gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas, que inició el 16 de septiembre de 2011, se ha recrudecido la violencia en la entidad y también la impunidad y la corrupción policiacas, de acuerdo con diversas ONG’s. Sin embargo, esto no es nuevo para los mexiquenses. La tendencia a la alza en la comisión de delitos viene desde la administración de Enrique Peña Nieto en ese estado –entre septiembre de 2005 y el mismo mes de 2011–. En su último informe de gobierno, el ahora Presidente de México, presumió incluso una reducción radical de la tasa de homicios en la entidad. Pero unos días después, la influyente revista británica The Economist reveló que falseó la información al modificar la metodología. El propio Peña Nieto, entonces único aspirante del PRI a la Presidencia de México, tuvo que reconocer la falta. Las cuentas alegres del pasado y la falta de voluntad política para atacar el problema, como la que hoy muestra Ávila Villegas, han dado como resultado un río de sangre que, al parecer, se salió ya de su cauce.

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Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– El Eli espera con impaciencia al Milo. La noche ya enfría cuando aparece una camioneta Honda CVR color gris oscuro que antes habían robado en el Estado de México. El vehículo se estaciona y El Eli observa, además del Milo, a un hombre apodado El Negro detrás del volante.

–Sube –ordena El Milo con parquedad y El Eli se hace cargo de conducir.

Los sigue una van blanca conducida por El Güero.

–Vamos a Los Volcanes por unas personas –instruye El Negro y ambos autos se dirigen a la Delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal.

Antes de llegar a la calle Volcán Batur, colonia El Mirador, los hombres se cercioran de la carga de una pistola escuadra Pietro Beretta .9 milímetros y un fusil AR15. Retoman el camino, aceleran y frenan con brusquedad frente a una pareja sentada en la banqueta. Los suben a la fuerza y los someten en los asientos traseros de la van blanca.

–¡Vámonos a Naucalpan! –resuelve uno de ellos.

El tráfico es intenso con dirección al norte. Manuel, el hombre secuestrado, de 28 años de edad, respira con dificultad junto a su novia, Karla, de 20. Sus secuestradores los atan de las manos con vendas.

Buscan una calle silenciosa del Estado de México y se estacionan. El Güero manosea a la mujer y, finalmente, la viola. El Negro espera a que el violador termine y coloca lazos de ixtle alrededor del cuello del varón y lo estrangula. Hace luego lo mismo con la mujer.

El Negro se coloca guantes de látex y se afana en decapitar la pareja con un serrote.

Enciman los cuerpos en el asiento trasero de la camioneta Honda y encienden la marcha de los autos. Conducen a la próspera zona empresarial, comercial y residencial de Santa Fe. Detienen los autos colocan cada cabeza dentro de una bolsa y las arrojan a un lado del camino.

Rocían la Honda, torsos y extremidades con combustible y les prenden fuego.

“Esto les va a pasar a toda la jente (sic) del H [en posible referencia a Héctor Beltrán Leyva]…”, escribe El Güero en uno cartoncillo color rosa fosforescente que dejan cerca de las cabezas.

Se cambian las ropas. El cielo negro se destiñe en morado. Eleazar de la Rosa Anzures, El Eli, y Emilio Hernández Hernández, El Milo, vuelven a casa. Están exhaustos. Ya es la mañana del 11 de enero de 2012.

En el expediente abierto a propósito del secuestro con causa penal 38/12 por el juzgado 27 Penal del Distrito Federal, cuya copia posee SinEmbargo, no existen datos que permitan entender por qué los asesinos dieron esos últimos minutos a las vidas de Manuel y Karla. Ninguno tenía antecedentes penales ni relación con el crimen organizado.

Sí quedó claro, por voz de los propios asesinos, su pertenencia al pequeño y fugaz Cártel de la Mano con Ojos.

* * *

La Mano con Ojos nació el 15 de mayo de 2010 en Acapulco, durante una reunión de algunos narcotraficantes que quedaron de pie tras las varias sacudidas sufridas por el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los distribuidores de drogas se nombraron “La Nueva Administración”, aunque se conocerían por la derivación del sobrenombre de uno de sus fundadores, Osvaldo García Montoya, apodado El Compayito, en alusión a un personaje cómico de la televisión basado en una mano que habla y a la que se le colocan unos ojos. Por eso los del Cártel de La Mano con Ojos.

En la reunión también participó Eznel Cortés Jiménez, considerado el otro jefe de ese mínimo cártel. El propósito era sencillo: adueñarse del enorme mercado de la ilegalidad del Valle de México. Una de las bases de la banda fue la colonia Pedregal de San Nicolás, en la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, y la otra, más importante, en Huixquilucan, municipio mexiquense en que residen algunas de las personas más ricas del país. Y también algunos narcotraficantes: Huixquilucan albergó a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, operador de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, antes jefe de sicarios de los Beltrán Leyva.

Fue en Huixquilucan que La Mano con Ojos se fortaleció. Los narcotraficantes compraron 16 policías municipales y cuatro empleados del sistema de videovigilancia de la policía municipal.

El Presidente Municipal de Huixquilucan era Alfredo del Mazo Maza, hoy director de Banobras, hijo del ex Gobernador Alfredo del Mazo González y primo del Presidente Enrique Peña Nieto.

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El 10 de enero de 2012, menos de 24 horas antes de la doble ejecución con decapitaciones en Naucalpan, el candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto se ha reunido en privado con el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, El Góber Precioso, el hombre que hacía tratos con pederastas en términos de botellas de coñac y encarceló a la periodista Lydia Cacho por denunciar la compra de esclavas sexuales.

En público, Peña Nieto habló de inseguridad:

“Los logros de los gobiernos de la derecha han dejado mal a México”, fustigó al PAN en el gobierno. “Nadie puede hacer suya una tarea que es irrenunciable al Estado que es combatir al crimen organizado, combatir al narcotráfico. Ésta no es tarea y misión de un solo partido, para aquellos que la reivindican como si les fuera propia y exclusiva (…) La estrategia ha sido insuficiente y pobre en sus resultados. La tasa de homicidios de la que teníamos hace 10 años, que un indicador universal, por cada 100 mil habitantes ha ido más del doble. Pasó de 10 por cada 100 mil a 23 por cada 100 mil”.

CÁRTELES Y MINICÁRTELES

“Seguridad” es un término que le gusta pronunciar al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

La repitió 105 ocasiones durante su anterior informe de gobierno, el segundo de su gestión. Sólo el sustantivo inversión capturó más la lengua de Eruviel, quien dedicó más deferencias discursivas a tres palabras, “Enrique Peña Nieto”, que a las de “transparencia”, “responsabilidad”, “eficiencia”, “honradez u “honestidad. De hecho, no mencionó en ninguna ocasión a las dos últimas.

Todo es “seguridad”: en las escuelas, en el transporte, en los parques industriales, en las carreteras, para las mujeres…

La palabra “homicidio” sólo aparece una vez en las 420 páginas del documento y en referencia a que el delito de extorsión fue elevado a categoría de ilícito grave, al igual que el asesinato.

Ni una sola alusión a “crimen organizado”, “cárteles” o “ejecuciones” y vaya que de eso hay en el Estado de México.

Existen precedentes de informaciones equivocadas sobre la situación de las ejecuciones en el país. En su último informe como Gobernador del Estado de México, Peña Nieto aseguró que la tasa de homicidios había caído más de la mitad durante su sexenio.

“Uno de los logros más ilustrativos que hemos tenidos es la reducción en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al pasar de 16.5 en 2005 –inicio de su gestión estatal– a 7.6 en 2010”.

La revista británica The Economist demostró que la afirmación era “absolutamente falsa” porque las estadísticas empleadas tenían diferente metodología. Las cifras del INEGI sólo mostraban que, contrario al discurso del eventual Presidente, el número de muertos con violencia en el Estado de México iba al alza.

Peña Nieto aceptó el error en un texto publicado por el diario La Razón.

“Los políticos tenemos que aceptar las críticas, especialmente cuando están fundadas”, dijo entonces.

Existe manera de saber cuán violento es el Estado de México en el escenario nacional. El semanario Zeta, editado en Tijuana, publicó el fin de semana su conteo de ejecuciones basado en las notas de prensa difundidas por los medios de todo el país.

Los decesos dibujan la masacre durante los primeros 14 meses de gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014. El reporte de Zeta muestra el siguiente listado de muertes relacionadas con el crimen organizado mexicano:

Un aspecto interesante del listado es que el Estado de México es hoy más sangriento que cualquier entidad originaria de los grandes cárteles existentes.

En la demarcación del Presidente mueren más personas por las guerras del narcotráfico que en Sinaloa, estado de origen del cártel de mismo nombre y aún hegemónico en el continente. Ese lugar también es origen de otra de las grandes organizaciones, la de Los Beltrán Leyva, hoy venida a menos.

También existen más fallecimientos que en Tamaulipas (posición 15 con 615 ejecuciones), lugar que vio nacer al Cártel del Golfo y de Los Zetas, enemigos en guerra desde el sexenio pasado.

Y que Tijuana, donde los Arellano Félix fincaron su imperio, ya reducido, pero aún vivo, según los mapas elaborados de la distribución territorial de las bandas criminales elaborados por las agencias policíacas de Estados Unidos.

Lo mismo en Chihuahua, cuyo Cártel de Juárez dominó durante parte de los 90 el trasiego de cocaína colombiana rumbo al norte.

O Michoacán, cuna de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, a pesar de que ese estado está actualmente intervenido en todas sus áreas de gobierno por un comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, ex Procurador de Justicia del Estado de México durante la mayor parte de la administración estatal de Peña Nieto.

Otro dato relevante es que el Distrito Federal aparece dentro de las 10 entidades más violentas, a pesar de la reiterada negativa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de la existencia de grupos del crimen organizado en la capital mexicana.

Y en el Estado de México y el Distrito Federal surgen y operan y roban y trafican y extorsionan y secuestran y matan minicárteles tan peculiares y esporádicos como los de Neza, Tepito, del Centro y La Mano con Ojos.

Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de crimen organizada, explicó que los gobiernos del Estado de México han silenciado el tema de los cárteles presentes y su violencia inherente a favor de la carrera política de Peña Nieto.

“No se trata de atacar a las personas sino a las políticas criminales, que son políticas criminales de encubrimiento lo que hay en el Estado de México. No digo que el ex Gobernador Peña no haya tenido buena voluntad; la debió tener, pero bajo las condiciones políticas que se encontraba su grupo de poder no era factible aplicar el mismo criterio aplicado a Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y a todos los demás estados, porque de acá saldría el próximo presidente”, dijo en entrevista el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.

Desde una perspectiva puede verse como irrelevante una micro organización como La Mano con Ojos, pero su líder Óscar Osvaldo Montoya, detenido en 2010 proporcionó datos que luego serían confirmados sobre los verdaderos secuestradores de Diego Fernández de Ceballos, cuyo plagio fue presentado en su momento como un crimen ideológico. Montoya señaló a un operador del narcotráfico relacionado con los cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leyva y de Jalisco Nueva Generación.

Tras la desarticulación de la Mano con Ojos surgió otra banda local apodada por la Procuraduría Mexiquense como “Los Chamorros”, implicada en 23 ejecuciones en Naucalpan, Huixquilucan y Xonacatlán.

“El problema es que estos minicárteles se nos están convirtiendo en bandas que operan delitos del fuero común y ahora tenemos criminales que realizan asalto a casa habitación con cuernos de chivo. Algunos de ellos se proveen de armas robándoselas a policías distraídos.

“La situación también es que esas bandas son tan violentas como los grandes cárteles del narcotráfico”, se lamenta un jefe policiaco del Estado de México.

El oficial parece estar en lo correcto: el anterior delito conocido por las autoridades al Eli y al Milo, los asesinos de la pareja de Tlalpan, fue el asalto a una carnicería.

LA IMPUNIDAD

¿Qué existe frente a los discursos oficiales basados en el ideal de la seguridad mexiquense? ¿Qué datos duros contradicen los informes y las arengas de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas?

La organización México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas presentó en marzo de 2012 su informe “Seguridad y justicia penal: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”. El documento es una estupenda descripción cuantitativa de la ineficacia de las oficinas a las que se dedica cada vez mayor presupuesto bajo la etiqueta de justicia y seguridad.

En este sentido el Estado de México también destaca:

“Tiene áreas de mejora en todos sus rubros, siendo la procuración de justicia su eslabón más débil: es la entidad con menos agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes y se encuentra entre las cinco entidades con menor cumplimiento de órdenes de aprehensión. Además, es una de las cinco que muestran las proporciones más bajas de consignaciones con respecto a las denuncias y de las que gozan de menos confianza ciudadana en sus Ministerios Públicos”.

En 2009, en el auge de la administración estatal de Peña Nieto, y con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México Evalúa reporta que en el Edomex ocurrieron 1 mil 345 homicidios, pero sólo se registraron 374 condenados por ese delito. En 2010, la situación empeoró y mientras los homicidios aumentaron a 1 mil 463, la cantidad de condenados disminuyó a 326.

Lo anterior significa que el Estado de México ocupe la décima mayor impunidad promedio en el país, por detrás de los estados con mayores índices de asesinatos relacionados con crimen organizado, pero por arriba de Nuevo León, donde también existe una encendida guerra –o al menos admitida por su gobierno– entre grandes organizaciones delictivas.

Los mexiquenses no confían en sus policías preventivas. En 2010, el promedio de mexicanos que se sentían seguros con sus policías era de 7.6 por ciento. El Estado de México la cifra cerró en 4 por ciento, apenas una décima más que Zacatecas, último lugar de la tabla.

Y es que a los malos resultados se añade la nula disponibilidad del Estado de México para certificar la correcta función de sus altos servidores públicos en tareas de seguridad. En una revisión sobre el avance de certificación de manos correspondiente a 2012, se muestra que en el Edomex seis altos mandos de los cuales ninguno había sido atravesado exámenes de confianza de parte de la autoridad federal.

Un caso concreto es el de Salvador Neme Sastré, quien fuera subprocurador general de Justicia con Peña Nieto bajo las órdenes de Alfredo Castillo, señalado de manera recurrente por evadir el reconocimiento y consecuente solución del problema de los feminicidios. Neme, un operador electoral y financiero de las campañas priistas, es desde septiembre de 2011 secretario de Seguridad Ciudadana, directamente bajo las órdenes de Eruviel Ávila. En ese cargo, Neme ha protegido a uno de sus altos funcionarios exhibido en un video en que reconoce la existencia de reglamentos apócrifos de Tránsito empleados por los policías del estado para extorsionar a los ciudadanos con argumentos pseudolegales.

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No sorprende que la efectividad de resolución de investigaciones. El bajo estándar nacional es de 13 por ciento y el mexiquense es de la mitad. En el penúltimo año de gobierno mexiquense de Peña Nieto, su estado era la sexta entidad con un Ministerio Público más ineficiente según la medición.

A la saturación de denuncias por toda clase de delitos, el Estado de México sólo ofrece una agencia del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. La media mexicana es de 2.7 y el estado mejor evaluado en este rubro es Baja California Sur con una tasa de ocho oficinas.

Las órdenes de aprehensión se refieren a la instrucción que gira el juez al Ministerio Público de localizar y detener al presunto responsable o responsable del delito. Este indicador permite valorar el grado de impunidad de las investigaciones que han sido resueltas dado que, aunque existe un probable responsable, éste continúa en libertad por falta de cumplimiento de una orden de aprehensión. Por esto, México Evalúa consideró relevante ese criterio para medir el desempeño de los agentes del Ministerio Público. El Edomex fue el tercero peor evaluado luego de que sólo una de cada cinco presentaciones es cumplimentada.

Al igual que con las policías preventivas, los habitantes del Estado de México tienen una baja estima por sus autoridades ministeriales: sólo 4.1 por ciento de los encuestados dijo tener mucha confianza en su representación social, en tanto que la media nacional es de casi 10. Sólo el MP del Distrito Federal sufre más animadversión que el mexiquense.

La consignación es el procedimiento mediante el cual el Ministerio Público pone a disposición de una autoridad judicial os hechos o las pruebas necesarias para juzgar a alguien. Ahí también y nuevamente para mal destaca el estado del Presidente: 3.2 por ciento de consignaciones respecto al total de denuncias registradas en 2010. Sólo Durango y Morelos enfrentaban una peor situación en este aspecto. Si se cierra la lente al índice de consignaciones por homicidio doloso, se observa que la fiscalía mexiquense sólo lo logró en uno de cada cuatro casos presentados en 2010.

Y todo redunda en un hecho crucial para la vida de los mexiquenses: los asesinos matan con una amplia ventaja de probabilidades de que nunca serán castigados.

AUSENCIA

Los siguientes cuadros muestran cómo las ausencias forzadas mantuvieron un alza constante durante el gobierno estatal de Peña.

Las desapariciones y los cárteles están asociados por dos cuestiones. La primera, se presume que algunas de las personas faltantes pudieron ser sustraídas por los cárteles con fines de secuestro extorsivo con resultado mortal o de simple ejecución y sus cuerpos enterrados en fosas clandestinas, entre otras formas de consunción de los cadáveres.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 60 mil ejecuciones, aunque declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos sugieren que la cifra pudiera ser mayor al doble de ésa cantidad. En tanto, el actual gobierno federal ha reconocido que durante la pasada administración desaparecieron 26 mil personas, aunque algunas organizaciones no gubernamentales sugieren una cantidad mayor y consideran que México atraviesa la peor crisis de este tipo en el continente.

La segunda asociación entre narco y ausencias es porque varios de los cárteles de las drogas se expandieron a otras actividades criminales, como el tráfico humano y la trata de mujeres y niñas. En estos negocios criminales se ha apunta con dirección de Los Zetas, con presencia en el Estado de México.

Las ausencias en el estado del Presidente Peña muestran su mayor crecimiento entre las jovencitas, según se desprende de un análisis hecho a partir de la página de Internet de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de las personas reportadas como perdidas.

Como se observa, entre 2007, segundo año de gobierno de Enrique Peña, y 2010, penúltimo de su gestión, el número de ausentes casi se cuadriplicó.

El único grupo de edad en que las desapariciones femeninas superan a las masculinas es en el de jóvenes. Mientras los extravíos de hombres adultos crecieron 233 por ciento en esos cuatro años, el de las chicas aumentó 329 por ciento.

A partir de 2011, como ocurre con el número de localizados en el caso de 2010, los números se incrementan de manera tan abrupta que no es posible integrarlos a la tabla por la necesaria variación de los criterios de integración aplicados. Por ejemplo, en 2011, último año de Peña, las autoridades informan oficialmente la localización  de 798 personas, mientras que cuatro años atrás la cifra de ubicación era cero.

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Ivonne Ramírez Mora, madre de dos pequeñas, tenía 22 años cuando desapareció.

Vivía en la colonia Alamedas del municipio de Atizapán, un sitio de clase media alta. Era una mujer atractiva y empleada de un casino en el mismo lugar. Amaba el futbol, los cortes de carne estilo argentino y la cerveza de sabores.

El 30 de mayo de 2011 salió de casa y, simplemente, nadie la volvió a ver.

Su madre, Leticia Mora, detuvo su vida para buscarla. Denunció su ausencia y atravesó un largo camino de extorsiones de todo tipo de parte de los policías judiciales del Estado de México asignados a la investigación.

Leticia Mora visitó decenas de anfiteatros en el centro del país, imprimió decenas de miles de volantes con la imagen de su hija, cruzó la frontera y se unió a la caravana por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia en Estados Unidos, donde supuso que su hija fue llevada por los esclavistas sexuales.

Nada.

“A veces quiero reír y pensar que a mi hija, simplemente, se la llevaron unos extraterrestres”, decía Leticia en medio del llanto.

Buscó en bares y clubes nudistas de medio país. Convenció a una bailarina a entrar en centros nocturnos y buscar la cara de su hija en alguna mesa.

A los dos años de la ausencia, Leticia Mora escribió en la página de Facebook abierta en apoyo a la localización de la joven mujer:

“Con una gran tristeza que inunda nuestros corazones queremos comunicarles que después de dos años de ardua búsqueda y angustia por fin encontramos nuestro tesoro. Ya nadie podrá hacerle daño, ya que Dios la acogió en sus brazos. Ahora ella está en paz

“Y desde el cielo nos acompañara en nuestro camino hasta reunirnos nuevamente con ella. Dios iluminó mi camino para poder encontrarla y poder entregársela a él. Ese hermoso ángel Ivonne Ramírez mora ya no está físicamente con nosotros”.

Ivonne fue secuestrada y asesinada. Su asesino atravesó el norte del Estado de México y arrojó su cadáver en Pachuca, Hidalgo, donde permaneció 24 meses en la fosa común.

Leticia, su madre, había visitado la Procuraduría de ese estado y entregado información detallada y fotografías de su hija.

“Simplemente recibieron los materiales y los tiraron a la basura”, considera Leticia. “Tiempo después volví y vi más fotos forenses. A pesar de las imágenes tan mal tomadas reconocí por sus brazos, una pierna y luego corroboré que era ella por sus dientes. La exhumamos y ahora la tenemos cerca de nosotros, en un panteón de Naucalpan”.

Algo se debe agregar respecto de Hidalgo: ese estado fue gobernado por Jesús Murillo Karam y por Miguel Ángel Osorio Chong, Procurador general de la República y Secretario de Gobernación, respectivamente, en la administración de Peña Nieto. Ambos son personajes protagónicos de la estrategia de seguridad pública.

Leticia Mora inició una organización con padres de 10 personas ausentes, en su mayoría niñas y mujeres jóvenes. El colectivo ha crecido hasta relacionar 10 familias en busca de una persona extraviada en el Estado de México.

Leticia Mora permanece integrada a la Red de Madres en Busca de sus Hijos, una organización surgida en el Estado de México y que ahora cuenta con 51 familias además de Tamaulipas, Querétaro, Morelos y Veracruz en busca de alguno de sus muchachos y muchachos.

Leticia sale todos los días a los albergues y oficinas de gobierno mexiquenses y de los estados del centro del país a buscar las hijas vivas o muertas y, a la vez, desaparecidas de alguien más.

“Por una viva que encontramos, hallamos 10 muertas”. *