Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– El gobierno del estado de Veracruz registró irregularidades por más de 5 mil millones de pesos del dinero que le entregó la Federación, en los rubros de educación, infraestructura y seguridad pública, según detectó la Auditoría Superior de La Federación (ASF) en el informe de la Cuenta Pública del 2012.

Por tercer año consecutivo, el órgano fiscalizador observó en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa desvío de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados y “gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.

Por ejemplo, en el rubro “Gasto federalizado” del Resultado de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría informó que se asignó a Veracruz 631 millones 988 mil 800 pesos en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

De este dinero, el gobierno de Duarte sólo ejerció el 21 por ciento; es decir, no gastó 442 millones 539 mil 800 pesos durante todo el año, ni pudo comprobar su uso.

No sólo eso: al momento de la auditoría, el 30 de junio de 2013, la ASF encontró en la cuenta bancaria sólo 2 millones 739 mil pesos de ese dinero no utilizado. En otras palabras, había un faltante por 452 mil 986 millones de pesos.

Por esto, la ASF pidió una aclaración al gobierno veracruzano y, gracias a esta investigación, el gobierno local reintegró el dinero más 23 millones 799 mil pesos de intereses generados. Sin embargo, hacia el 31 de agosto de 2013, fecha en que concluyó la revisión, ese dinero no se había gastado en su propósito original.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 463,599,032.30 pesos (cuatrocientos sesenta y tres millones quinientos noventa y nueve mil treinta y dos pesos 30/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica a los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, a los objetivos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal”, se lee en la observación numerada como la 12-A-30000-14-0551-06-001.

En otra irregularidad del mismo rubro, la ASF detectó que el gobierno de Veracruz ejerció 16 millones 319 mil 969 pesos por ejecutar obras que no cumplen con el objetivo del fondo, ya que no benefician directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, ni es de ámbito regional o intermunicipal.

En 2012, la Secretaría de Comunicaciones (Secom), actualmente la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), destinó esos 16 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal en tres obras con números de contrato SC-OP-PE-055/2012-DGCE, SC-OP-PE-080/2012-DGCE y SC-OP-PE-082/2012-DGCE.

Según la Auditoría Superior de la Federación, ninguna de las tres cumplió “con el objetivo del fondo, ya que no beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, ni son de ámbito regional o intermunicipal”.

Una más, de las obras realizadas con recursos federales se realizaron 18 obras que atendieron servicios básicos en 17 municipios veracruzanos, como agua potable (5 millones de pesos), drenaje (3 millones), reconstrucción de caminos (9 millones), modernización de hospitales, carreteras y escuelas (21 millones), y en acciones de piso de concreto techumbre de lamina y electrificación de comunidades (148 millones de pesos), en ningún caso el gobierno local proporcionó información o datos fiscales del dinero propio del estado que proporcionó para la construcción de tales obras.

Además, agregó la ASF, estas obras se realizaron sin la planeación adecuada con base en estudios, a fin de lograr el óptimo desarrollo de las comunidades beneficiadas.

“El fondo no se ejecutó en un marco de participación social, ya que ninguna de las obras y acciones fueron solicitadas por la comunidad, el 95.5 por ciento de las obras y acciones lo propuso el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), en las obras y acciones ejecutadas no se dispone de las actas entrega–recepción de la comunidad y tampoco se constituyeron los comités pro obra ó similar”, se lee en el subtema Impacto de los objetivos del fondo.

En todos estos casos, informó la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General del Estado de Veracruz inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre el resultado de las indagatorias o si hay funcionarios públicos sancionados.

FONDO PARA LA EDUCACIÓN

La federación entregó al gobierno de Veracruz 20 mil 145 millones 303 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Sobre los recursos ejercidos, la Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen negativo, pues observó las siguientes irregularidades en 2012:

La Secretaría de Educación de Veracruz, cuyo titular es Adolfo Mota Hernández, realizó 21 mil 547 pagos indebidos a 539 comisionados de distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por 115 millones 397 mil 300 pesos.

Por lo que la ASF pidió una aclaración al gobierno veracruzano. Éste reintegró los más de 115 millones de pesos, más 2 millones de pesos por intereses generados. Sin embargo, al momento de la revisión de la Cuenta Pública, ese dinero no se había utilizado a los objetivos educativos etiquetados.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 117,725,408.85 (ciento diecisiete millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos ocho pesos 85/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”, se lee en la observación numerada con el 12-A-30000-14-0536-06-002.

La Auditoría también detectó pagos a 11 mil 807 empleados por 57 millones 845 mil 700 pesos, por el concepto de “Gratificación por el día del empleado”, aunque este concepto no está normado legalmente.

En ambos casos, la Contraloría General inició procedimientos para determinar la posible responsabilidad de funcionarios públicos, bajo el expediente CG/1232/2013.

En otras irregularidades detectas y solventadas, detectó transferencias a cuentas del estado por 2 mil 90 millones 318 mil 900 pesos; 57 millones 845 mil 700 pesos de bonos y compensaciones que no cuenta con normativa para su otorgamiento; y 7 mil 577 millones 900 mil pesos por gastos no financiables con el fondo.

Todo esto, se reflejó principalmente, en la baja calidad educativa estatal.

En un cuestionario realizado por la ASF en 126 escuelas, aplicado a 75 padres de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa en la entidad, se determinó lo siguiente:

• El 39.0 por ciento considera que la infraestructura de las escuelas no es adecuada para la correcta atención de los alumnos.
• El 59.0 por ciento, que las escuelas tienen equipamiento suficiente para dar atención apropiada a los alumnos.
• El 100.0 por ciento aseveró que la educación que se imparte a sus hijos en la escuela es buena.
• Los principales factores que limitan la obtención de mejores resultados en la calidad educativa, son: el 33.0 por ciento, insuficiente atención de los padres de familia; el 32.0 por ciento, las condiciones de pobreza; el 19.0 por ciento, las deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar; el 11.0 por ciento, porque los alumnos trabajan; el 2.0 por ciento indicó otros factores y el 3.0 por ciento no contestó.

DUARTE REPROBADO POR TERCERA OCASIÓN CONSECUTIVA

La Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que por tercer año consecutivo, el gobierno de Javier Duarte evidenció un mal manejo de los recursos públicos asignados en el presupuesto.

En un comunicado de prensa, recordó que en la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 4 mil 532 millones de pesos, mediante desvíos de recursos, subejercicios, sobregasto, dispendio y sobreendeudamiento.

“Sin embargo, no se han aplicado sanciones ni administrativas ni penales”, enfatizó la también Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe mencionar, que en marzo del año pasado, el gobierno de Veracruz, mediante la Contraloría Estatal, negó que existiera daño patrimonial o desvío de recursos públicos. Argumentó que todas las observaciones fueron solventadas por la ASF.

No obstante, para la cuenta pública 2012, la Diputada García Rojas destacó las irregularidades observadas por el órgano fiscalizador. Por ejemplo, dijo, en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal se cuantificaron 932 millones de pesos sin aclarar.

La Diputada federal por Veracruz agregó que en el Fondo de Aportaciones Múltiples, el gobierno de Javier Duarte no pudo probar el gasto de 615 millones 826 mil 300 pesos, de los componentes de Asistencia Social y Infraestructura Educativa en los niveles básico y superior.

“Cuando la ASF hizo la revisión, esos recursos no estaban disponibles en las cuentas correspondientes, además de que otros 700 mil pesos estaban perdidos”, explicó la Diputada Mariana Dunyaska García en su comunicado.

Abundó que en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, 258 millones de pesos no se encontraron en las cuentas correspondientes ni tampoco existía la documentación comprobatoria del gasto. Mientras que en el Subsidio de Apoyo a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública, las irregularidades ascendieron a 49 millones de pesos.

Por otra parte, la legisladora veracruzana destacó un presunto desvío de 118 millones 700 mil pesos correspondientes a los Apoyos Complementarios a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, además de que otro millón 387 mil pesos se destinaron al pago de intereses.