Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– En dos casos, la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto fue decisiva. En otros dos fue un asunto decidido por tribunales. Como sea, los cuatro eran “emblemáticos” para el ex Presidente Felipe Calderón; de ellos habló en público; él y/o sus funcionarios de primer nivel.
Han pasado apenas cuatro meses de Peña Nieto en el poder. En ese periodo, “la justicia al estilo Calderón” ha sufrido graves reveses.
Nada raro. Los “arrestos espectaculares” fueron cosa de todo el sexenio pasado, lo mismo que las “liberaciones espectaculares” por falta de pruebas.
“Si estamos haciendo una ‘Operación Limpieza’ es a partir de investigaciones de largo aliento que han permitido obtener información y desarrollar inteligencia que permitirá desmontar redes de corrupción sobre las cuales pudo operar durante muchos años, por desgracia, la delincuencia organizada”, dijo Calderón en 2008 sobre el operativo que llevó a la cárcel a militares apoyándose en las declaraciones de testigos protegidos.
Por esa “limpieza” pagaron Tomás Ángeles Dauahare y Noé Ramíez Mandujano, quienes en menos de 24 horas fueron liberados esta misma semana.
“Todos estos casos dejan una lección clara”, afirmó Peña Nieto, quien se ha desmarcado del panista.
En el último revés a Calderón, la Suprema Corte concedió cuatro amparos a MVS Multivisión en contra de la negativa de la de otorgarle la prórroga de las concesiones de la banda de 2.5 GHz, cuyo rescate fue anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en agosto pasado con bombo y platillo.
TOMÁS ÁNGELES DAUAHARE
En 2006 fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Posteriormente ocupó la subsecretaria de la Sedena hasta 2008.
El 15 de mayo del año pasado el General de División Diplomado del Estado Mayor retirado fue detenido junto con Roberto Dawe González, e investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada. A finales del siguiente mes, un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra por su presunta colaboración con el cártel de los Beltrán Leyva.
A principios de este año, un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión contra Tomás Ángeles y los generales Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como para el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna. Sin embargo, al poco tiempo la PGR reconoció ante un juez federal que no tenía pruebas que confirmaran las declaraciones de “Jennifer” y “Mateo”, los testigos protegidos que incriminaron al General.
El pasado 17 de abril salió libre del penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, después de haber estado recluido por 11 meses.
En sus primeras declaraciones, Dauahare expresó su confianza en la justicia de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, y sostuvo que fueron imputaciones dolosas y falsas las que lo llevaron a esa situación.
“Necesito [pensar] qué actitud asumir de demanda de denuncia, tengo que consensuarlo con personas que saben de esto y sobretodo considerando que es una nueva Administración, no quiero lesionar para nada a esta Administración, que ha cumplido su palabra de apegarse estrictiamente a derecho”, dijo el General en retiro.
Además, analizará si presenta una denuncia penal contra la ex Procuradora Marisela Morales Ibáñez y el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), José Cuitláhuac Salinas Martínez.
AMPAROS A MVS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició desde 2008 el proceso de reordenamiento de la banda de 2.5 GHz y cuatro años más tarde decide recuperarla.
El 8 de agosto del año pasado, bajo los argumentos de que MVS no aceptó las condiciones de las autoridades y sus opciones no eran viables, la SCT , bajo la titularidad de Dionisio Pérez-Jácome, anunció la decisión de negar la prórroga de las concesiones vencidas en la banda 2.5 Ghz e iniciar el procedimiento de rescate de las mismas que están en manos de la empresa MVS Comunicaciones y de 10 concesionarios más que son agremiados de la Ansitel.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a la determinación del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, y el 17 de abril pasado concedió cuatro amparos a MVS Multivisión en contra de la negativa de la de otorgarle la prórroga de las concesiones.
Con tres votos contra uno de la Segunda Sala SCJN, se estimó “que no existe una razón legal que justifique la negativa de las prórrogas solicitadas”.
De acuerdo con especialistas en telecomunicaciones, esta decisión deja en claro que durante el sexenio anterior se actuó de forma irregular y desaseada en perjuicio de la empresa.
Gracias al amparo, la SCT mantiene su facultad para resolver si concede o niega la prórroga, bajo motivos y fundamentos legales. Pero de ser otorgadas las prórrogas la dependencia tendría que establecer nuevas condiciones de tecnología para la adecuada explotación de la banda de 2.5, además de fijar un pago al Estado.
NOÉ RAMÍREZ MANDUJANO
En 2005, durante el mandato de Vicente Fox, fue titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República (PGR). Con el cambio de Gobierno en 2006 y la llegada a Los Pinos de Felipe Calderón, asumió la titularidad de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El 31 de julio de 2008, Ramírez Mandujano dimitió luego de que se le pidiera su renuncia por falta de resultados. Posteriormente, en noviembre de ese año, fue detenido en la “Operación Limpieza’’ por su probable participación en una red de corrupción de alto rango que presuntamente proporcionó, a cambio de sobornos millonarios, información sobre operaciones federales al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Al siguiente año, ingresó al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde estuvo cuatro años, tres meses y 25 días, acusado de recibir pagos por hasta 450 mil dólares mensuales de dicha organización criminal.
La acusación en su contra se sustentó principalmente con testimonios de un testigo protegido conocido como “Jennifer”, mismo que testificó contra el ex general Tomás Ángeles Dauahare.
El pasado 15 de abril el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Mauricio Fernández de la Mora, dictó sentencia absolutoria para Ramírez Mandujano por delitos de delincuencia organizada, al estimar que fue una fabricación y una confabulación de ex funcionarios públicos.
Horas después de salir de prisión, el ex funcionario declaró que el ex presidente Felipe Calderón engañó al pueblo de México en su guerra contra el crimen organizado y calificó como una “farsa” la “Operación Limpieza”.
“Engañaron al pueblo mexicano. Le quisieron hacer creer que realmente se estaba trabajando, que se estaba metiendo a la cárcel a servidores públicos desleales cuando era todo lo contrario. Y no por tratarse de mí, sino por otros servidores públicos que trabajaron mucho por México”, dijo.
Sobre este caso el Presidente Enrique Peña Nieto expresó: “Todos esos casos dejan lección clara, y creo que lo que nosotros debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, ministerios públicos, a la propia policía investigadora al trabajo pericial y de investigación científica”.
CASO CASSEZ
El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa y TV Azteca, miles de televidentes fueron testigos de la captura “en vivo” de la ciudadana francesa Florence Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Supuestamente los habían detenido en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
En la transmisión, también tuvo lugar la presunta liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años por parte de elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular en ese entonces era Genaro García Luna, quien más tarde se convertiría en el Secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Felipe Calderón.
La espectacular captura daría un vuelco 5 de febrero de 2006, cuando Cassez denunció el montaje de su detención en el programa Punto de Partida con Denise Maerker. Ante esto, García Luna reconoció que la escena fue recreada y se disculpó argumentando que se trató de “una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación”.
Tras la declaración del funcionario, la televisora despidió a Pablo Reinah, reportero que cubrió esa mañana el operativo. Fue acusado junto con otros empleados de la compañía de planear con las autoridades la simulación. Sin embargo, el comunicador entabló un juicio y publicó una carta en la que aseguraba que nunca se enteró que se trataba de una recreación. Después de un año de polémica, en marzo de 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que Reinah no recibió información de que el operativo era un montaje.
El Poder Judicial encontró motivos para sentenciar a la ciudadana francesa, según las pruebas presentadas a la justicia. Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes identificaron supuestamente a Cassez por su voz. La francesa primero condenada a más de 90 años; luego un juez revisó el caso y le dieron 60.
El 27 de abril de 2012, en la Ciudad de México, la policía detuvo a Mario Vallarta Cisneros, alias “El Chaparro”, quien declaró que Cassez sí participó en los plagios que perpetró el grupo criminal.
Este caso enfrentó a México y a Francia durante el Gobierno calderonista. Pero finalmente, ya con Enrique Peña Nieto como Presidente, Cassez fue liberada.
La Suprema Corte juzgó el 23 de enero pasado que las autoridades habían violado sus derechos más elementales y ya no entró en la materia que había originado su privación de libertad.
Peña Nieto respetó la determinación y lamentó que existieran este tipo de irregularidades. “He reiterado la instrucción al secretario de Gobernación y al procurador general de la República de que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público de la Federación se realicen con estricto apego a derecho, con un propósito fundamental, garantizar la aplicación de la ley y evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”, dijo.
