Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- Diputados y senadores incumplieron los plazos legales para sacar adelante varias de las leyes secundarias en materia energética, luego de que hoy se cumpliera el plazo de 120 días que los mismos legisladores se autoimpusieron, para dar viabilidad a la reforma más importante en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

A nueve días de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión se mantiene en espera sumisa a que la Presidencia de la República envíe las iniciativas que impondrán los nuevos modelos de contratación para las empresas privadas nacionales e internacionales, en los sectores petrolero, eléctrico y de gas; moldeará las estructuras de los organismos reguladores; y planteará las medidas contra la corrupción en el sector energético.

La demora también ha tenido secuelas negativas entre el sector energético internacional, consideró el vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro.

“Ya se cayó la expectativa que se generó con la reforma constitucional, esa ya se vino abajo, yo no veo ya motivaciones ni incentivos como para que estén desbordándose las empresas trasnacionales para venir a invertir en México”, explicó el Diputado Miguel Alonso Raya, en entrevista para SinEmbargo.

El pasado 21 de diciembre de 2013 entró en vigor la Reforma Constitucional, sólo seis días después de que los congresos estatales la aprobaron con una celeridad inusitada. No obstante la premura inicial, la construcción de las leyes secundarias que harán posible la enmienda constitucional ha sido más lenta de lo esperado, pues las iniciativas simplemente se siguen construyendo fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Entre los pendientes se encuentran la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, la cual tendrá cambios radicales, porque la Reforma Energética modificó completamente el sentido de este artículo; los tipos de contratos público-privados que podrán suscribirse; la creación de nuevos órganos reguladores de Gobierno; las medidas para combatir actos de corrupción; reglas para explotar el gas de lutitas o shale gas; regulación ambiental; entre otros.

“No se puede cumplir el plazo porque no están las iniciativas que son la base del debate. Se incumple con lo establecido en los transitorios para efecto de las leyes reglamentarias”, sostuvo el segundo a bordo de la bancada del Sol Azteca.

El líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Jorge Luis Preciado, dijo que éstas podrían ser recibidas en el Congreso después del primero de mayo, cuando ya esté en funciones la Comisión Permanente. De ser así, la permanente sería la encargada de convocar a un periodo extraordinario para su discusión y aprobación, posiblemente hasta junio o julio.

“Pues nosotros vamos a trabajar. Si es necesario ir a un periodo extraordinario, por supuesto que nos iríamos a un extraordinario. Energética yo si ya la veo en extraordinario”, dijo el Senador blanquiazul en entrevista con los medios de comunicación.

Por otra parte, cada día se diluye más la posibilidad de que las iniciativas sean enviadas de último minuto desde las oficinas de la Presidencia de la República, y que sean aprobadas por la aplastante mayoría del PRI y PAN en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el vicecoordinador del PRD adelantó que se opondrán a cualquier intento de aprobar sin discusión las propuestas de reforma.

“Pero nosotros preferimos que se discuta con calma, a que se discuta atropelladamente, violentando los procesos. Mejor que se discutan con calma, no pasa nada si se vencen las fechas que nosotros mismos nos impusimos”, indicó el Diputado Miguel Alonso Raya.

POLITIQUERÍAS DESVÍAN ATENCIÓN

En entrevista para SinEmbargo, el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que no importa si el Congreso cumple con los plazos fijados para aprobar la Reforma Energética. Lo importante, dijo, es conocer las negociaciones que hace el Gobierno federal con las empresas trasnacionales para fijar el precio de los futuros contratos.

El especialista señaló que lo imprescindible en las leyes secundarias es conocer cuáles serán las dimensiones de los bloques que se licitarán a las empresas privadas, sus precios y las regalías que obtendrá el Gobierno de México.

“Eso es lo que realmente puede garantizar si esta reforma de Peña Nieto será exitosa o no, eso es la materia importante que la academia y ustedes los periodistas estemos discutiendo. No las maniobras burdas, sucias, de ‘politiquillos’ que no tienen importancia: que si se atrasó un día o dos días, eso no tiene, desde mi punto de vista, ninguna importancia”, explicó el investigador de la UNAM.

Precisó que la legislación secundaria intentará abatir cualquier obstáculo, desde ahora, sobre la forma en cómo se resolverá alguna protesta de los propietarios de la tierra, a fin de hacer atractiva la inversión de los grandes capitales nacionales y extranjeros.

“¿Qué es lo que está en juego? La intención de alinearse, es decir homogeneizar normas internacionales en las licitaciones con la de México, que no existan diferencias entre la legislación secundaria de México con la de otros países. Entre ellas una muy importante, quitar obstáculos para que las compañías puedan hacer uso de suelo en áreas de lutitas. Es decir que si van a hacer exploración tengan las facilidades necesarias”, afirmó Fabio Barbosa.

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas resaltó que hasta ahora la Reforma Energética de Peña Nieto no ha sido lo suficientemente atractiva para las empresas trasnacionales, por lo que llamó la atención a vigilar que el Gobierno no intente ceder demasiadas concesiones en las leyes secundarias, para reavivar la expectación generada desde los medios de comunicación.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Este sábado 19 de abril se cumplió el plazo fijado para que el Senado y la Cámara de Diputados impusieran en las leyes secundarias las modalidades de contratación para que empresas privadas puedan realizar actividades “de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos de exploración, extracción y distribución de hidrocarburos”.

En el artículo cuarto transitorio de la Reforma Constitucional se especificó que los tipos de contratos que podrán permitirse, entre otros, son de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia. Las concesiones no fueron aprobadas por el Congreso. En todos los casos, dice, el Gobierno podrá elegir el tipo de contrato que más convenga al país, dependiendo de las características y ventajas de cada zona.

En el noveno transitorio se establece el mimo plazo de 120 días para que el Congreso reforme el marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia.

A la letra dice, la ley preverá y regulará:

•  Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar

• Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y

• La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos

COMISIONES REGULADORAS

Este mismo 19 de abril, venció el plazo para legislar sobre las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía.

En el artículo décimo transitorio se establece que el Congreso deberá modificar los marcos jurídicos necesarios para fijar las nuevas atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Energía deberá establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrá explotar Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresa productiva del Estado. Deberá realizar el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de asesorar a la Secretaría de Energía; también estará dentro de sus tareas realizar las “licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”; y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otras.

La Comisión Reguladora de Energía deberá regular el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; en materia de electricidad, le corresponde la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

Según el décimo segundo transitorio el Congreso de la Unión deberá reformar las leyes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, para que se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión.

En el siguiente artículo se especifica que el Congreso deberá fijar en la Ley “las causas graves” por las cuales los comisionados podrán ser removidos de su cargo.

Los actuales integrantes de ambas Comisiones concluirán los periodos para los que fueron nombrados y, al momento de la renovación, el Presidente someterá una terna al Senado para suplir cada una de las vacantes en cuestión.

ENERGÍA ELECTRICA

En el décimo primer transitorio establece que dentro del plazo que venció este 19 de abril, el Congreso reforme el marco jurídico para regular las modalidades de contratación con particulares para que lleven a cabo, “entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Otro faltante es el planteado en el vigésimo primer transitorio, para que el Congreso apruebe mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar “severamente” a todo el personal, público o privado, del sector energético que cometa actos u omisiones contrarias a la Ley.

Este transitorio definió como parte de estas acciones sancionables “los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto”.

PEMEX Y CFE

Según el artículo vigésimo transitorio, el también falló en establecer las reformas para regular a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

En sus nuevos marcos jurídicos, el objeto de estas empresas será generar valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

Su organización, administración y estructura corporativa deberán ser acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades.

En la reforma al órgano de gobierno de Pemex se establecerá que deberán salir de su Consejo de Administración los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana (STPRM).

AGENCIA DE SEGURIDAD

Otro de los pendientes incumplidos es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, planteado en al artículo décimo noveno transitorio.

Este será un nuevo organismo público que deberá regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.

PARA PONER ATENCIÓN

El Diputado Miguel Alonso Raya consideró que uno de los asuntos más relevantes a discutir entre las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, son los cambios en las estructuras de los organismos reguladores, para identificar qué tan fuertes serán y qué claridad tendrán en sus funciones.

“La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía que son dos órganos reguladores que estamos obligados a fortalecer, a darles suficientes herramientas para que puedan intervenir en cualquier proceso y poder evitar roda la corrupción que se exhibe en Pemex. Porque si eso sucede ahora, ¿qué no sucederá con las empresas extranjeras, disputándose cada contrato?”, explicó en entrevista el vicecoordinador de la bancada.

Alonso Raya agregó que los perredistas pondrán particular atención son la ley reglamentaria de los artículos 27 y 28 en materia de hidrocarburos; la de Petróleos Mexicanos; la de la Comisión Federal de Electricidad, la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la de la Comisión Reguladora de la Energía; la de ingresos sobre hidrocarburos y la reglamentaria de la industria eléctrica, porque serán las que regulen las actividades principales del sector.

“La ley de hidrocarburos es la que de alguna manera va a regular y establecer las definiciones y normas que tienen que regir en todas las instituciones relacionadas con las empresas, y por lo tanto allí va a estar la base para la cuestión de los contratos”, precisó.

Por otra parte, la Diputada perredista, Socorro Ceseñas Chapa, adelantó que pondrá especial atención para las leyes secundarias no abran la posibilidad jurídica para explotar el gas shale de forma irracional, mediante la técnica de fractura hidráulica, o fracking, sin contemplar las consecuencias e impactos ecológicos para el país.

Para ello, insistirá en la creación de una comisión especial para dar seguimiento al impacto ambiental, social y financiero que tendrá el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, en el país.