Por Linaloe R. Flores

Quieren ser presidentes de la República y se han forjado en la administración pública –área en la que los salarios anuales llegan a ser de un millón de pesos al año–, pero no tienen casa propia. Por lo menos no la tienen a su nombre en el Distrito Federal, entidad donde viven y desarrollan su actividad política.

Una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de los precandidatos con más posibilidades de llegar a la Presidencia de la República arrojó que no han acreditado bajo su nombre fortuna inmobiliaria.

Con más de un siglo en funciones, el RPP es la unidad administrativa en la que cualquier ciudadano puede registrar sus bienes inmuebles una vez que están escriturados ante notario público.

De acuerdo con ese registro, los suspirantes que carecen de vivienda propia son: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alonso Lujambio Irazábal, Santiago Creel Miranda, Ernesto Cordero Arroyo y Marcelo Ebrard Casaubón. Tampoco tienen casa en el DF: Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, aunque ellos residen en el Estado de México.

El único precandidato bajo cuyo nombre aparece patrimonio es Andrés Manuel López Obrador. Este suspirante acreditó el 13 de enero de 1988 ante el RPP su departamento marcado con el 301, en el edificio número 57 de la calle Odontología, en Copilco Universidad, el cual adquirió en 27 millones de viejos pesos, pagados al contado con un crédito del entonces Banco Nacional de México (Banamex).

La adquisición la hizo en copropiedad con Rocío Beltrán Medina, su entonces esposa y quien falleció en 2003. Los datos del departamento constan en el folio real 613504. López Obrador posee otra propiedad con el folio 613505.

Por sus casas no los conoceremos

Esta carencia impedirá que en 2012 los electores conozcan a plenitud el patrimonio de los hombres y mujeres que quieren gobernar el país, coinciden investigadores que, desde varias instancias, han estudiado el ámbito de la transparencia.

A las declaraciones patrimoniales –potestativas desde 2001; es decir, públicas a voluntad– les faltará el dato del número de casas que pudieron haber sumado los precandidatos en los últimos 20 años. “Sólo con una declaración detallada, incluidos los bienes inmuebles bajo nombre, se mejoraría el escrutinio al gobernante”, expone Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del libro de próxima circulación, Función Pública, declaración patrimonial y transparencia.

Este experto observa un retroceso en la cultura de transparencia en México. Ha transcurrido una década desde la expedición de las leyes de acceso a la información y los funcionarios públicos no muestran disposición para informar por completo sobre su peculio. “El Registro Público de la Propiedad todavía guarda muchos secretos”, asegura Villanueva.

Al no encontrarse folio bajo los nombres de personalidades políticas, las posibilidades se desgranan. Si los suspirantes adquirieron propiedades en la principal plaza política del país, las pusieron a nombre de sus esposas, familiares en línea directa o indirecta, amigos o cualquier otra persona.

En otras palabras, es posible que hayan recurrido a la figura del prestanombres. Entonces, pueden ser dueños de varias propiedades, de pocas o de ninguna. Lo cierto es que la sociedad que los elegirá no puede saberlo.

En las circunstancias actuales no hay marco normativo que obligue a los funcionarios públicos a registrar a su nombre las viviendas que adquieren. El alcance de la Ley de Acceso a la Información del Distrito Federal no llega al RPP, el cual se rige con normatividad propia.

Anselmo Flores Hernández, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y estudioso del dinero de los funcionarios públicos, dice que a pesar de este escenario, los precandidatos deberían regirse por un marco ético. “La declaración patrimonial debe tener dos características: pública y detallada. Que los ciudadanos conozcan a plenitud la situación económica de los que pretenden ocupar un cargo de elección popular. Los recursos provienen de sus impuestos. Deben hacer del conocimiento general sus bienes”.

La posibilidad de legislar para derruir la figura del prestanombres se asomó con un debate en el Senado en 2009. Panistas y perredistas discutieron sobre la pertinencia de una ley que extinguiera el dominio de bienes cuando se comprobara enriquecimiento ilícito. Ello incluía casas, autos y cuentas bancarias aun cuando estuvieran a nombre de otra persona. Bajo sospecha, este sujeto tendría que explicar la procedencia de los bienes en caso de que rebasaran cierto límite monetario.

Impulsor de esa ley, el senador panista por Querétaro, Guillermo Tamborrel, expone que la intención era combatir a la figura del prestanombres con el reconocimiento de que se trataba de “un fenómeno creciente” en el país.

Pero la ley no ha sido fue redactada. Carbonell dice que el intento no ha encontrado cauce. “Consulté con personal de la Suprema Corte y otros abogados. Y se pueden afectar los derechos de los ciudadanos. Bajo la presunción de que una propiedad bajo otro nombre es de un funcionario público se puede afectar a cualquier ciudadano”.

 

Altos costos

Si un elector, por su cuenta, deseara conocer las propiedades a nombre de un precandidato tendría que pagar 258.58 pesos por una sola búsqueda.
Se le entregaría un certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles, que es un documento en el que el RPP reconoce los bienes inmuebles adquiridos en los últimos veinte años.

Lo común es que este documento sea requerido por las instituciones que otorgan créditos para la vivienda de interés social o popular. Al conocer el certificado, se acredita que el solicitante es sujeto de este tipo de préstamo.

“Es un costo muy alto para un elector. Sólo está al alcance de un medio informativo, de un ciudadano con interés particular, pero no de la sociedad”, opina Ernesto Villanueva, investigador de la UNAM.

El especialista considera que la legislación en el ámbito de la transparencia puede avanzar hacia un descenso en los precios de los archivos del RPP, de modo que sus bases de datos queden al alcance de los votantes.

 

¿Por qué a nombre de otro?

Tienen un arraigo demostrado en el Distrito Federal. Todos residen desde hace años aquí. Algunos vieron la primera luz justo en este valle. Aquí fueron a la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad.

Aquí, en la principal plaza política, trazaron sus trayectorias en la administración pública. Pero ninguno tiene casa a su nombre en esta demarcación.
En un juego de paradojas, ahora viven en las colonias más caras como Polanco, Lomas de Chapultepec, Florida y la Condesa. Pagan rentas en dólares o en miles de pesos.

Por ejemplo, Santiago Creel Miranda habita una casa en las Lomas de Chapultepec desde 2009. En ese espacio bautizó a su hija y contrajo segundas nupcias. Antes, tras su divorcio, habitó un departamento en la Cuauhtémoc. Ninguna de estas propiedades aparecen en el RPP bajo su nombre.

Santiago Creel fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005, cargo en el que tuvo un salario mensual de 228 mil 599 pesos al mes, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Se convirtió en senador por el PAN en 2006, posición en la que percibe 126 mil 800 pesos mensuales, además de prestaciones, según otro manual: el de Percepciones del Senado. Nació en el Distrito Federal y su niñez se encuentra en el barrio de San Ángel.

Manlio Fabio Beltrones tiene domicilio en la colonia Florida y el documento del Registro no arroja que adueñe casa. Fue gobernador de Sonora, entidad donde hay un boulevard con su nombre en el municipio de San Carlos. Como líder de la Cámara Alta gana 126 mil 800 pesos mensuales, además de prestaciones, de acuerdo con el mismo manual del Senado.

Otro nacido en el Distrito Federal es Alonso Lujambio Irazábal, quien a la fecha es secretario de Educación. Creció en la colonia Lindavista. Ahora vive en Polanco y bajo su nombre tampoco aparece vivienda alguna.

Como secretario de Educación Pública, Lujambio percibe un salario mensual de 205 mil 122 pesos al mes, que se obtienen de la suma del salario bruto de 32 mil 813.14 pesos más una compensación garantizada de 172 mil 308.91 pesos, según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información tuvo un sueldo neto mensual de 142 mil 405.66 pesos, de 2006 a 2009.

Ernesto Cordero Arroyo, oriundo de Puebla, también carece de propiedades inmobiliarias acreditadas ante la instancia que protege en forma jurídica a los dueños de casas en el DF. De 2008 a la fecha, Cordero ha ocupado dos secretarías: la de Desarrollo Social y la de Hacienda. De modo que en ese lapso ha tenido un sueldo mensual bruto de 205 mil 122 pesos. Este suspirante -dueño de la frase de que con 6,000 pesos, una familia mexicana puede vivir con holgura- ha sido el más discreto en cuanto a su domicilio. Una revisión de sus apariciones públicas dio cuenta que habita en la delegación Cuajimalpa, pero fuentes en su círculo cercano declinaron brindar el nombre de la colonia.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del gobierno del Distrito Federal (GDF) y habitante de la colonia Condesa, no posee vivienda en la entidad que él mismo administra, según la búsqueda en el RPP. En su cargo actual, Ebrard percibe un salario de 81 mil 723 pesos desde 2007 (año en el que él mismo anunció que se subiría el sueldo en 3%), según información del propio GDF.

Bajo los nombres de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota tampoco hay casas registradas, aunque cabe la consideración que ellos habitan en el Estado de México.

En este texto faltan números. Los números de los folios de las casas de los suspirantes a la Presidencia de México. Sin su voluntad para realizar registros a sus nombres, el cálculo de su fortuna personal se difumina. Y las posibilidades se desgranan.