La gestión del Gobernador Javier Duarte de Ochoa se despide con 176 casos de desaparición forzada reportados en la entidad desde el 2010. Hasta marzo de este año sólo 31 de éstas eran investigadas por las autoridades estatales. En México, las pugnas electorales también generan violencia y son motivo para privar de la libertad incluso a opositores. La familia Gutiérrez sostiene que la relación entre las elecciones del 2013 y la desaparición de uno de sus hijos, el abogado Rafael Espinosa Gutiérrez, debe investigarse a fondo y exigen que no quede impune.

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Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– En los últimos dos meses su carga de trabajo se había incrementado de manera considerable. Desde su cargo de proyectista del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV), donde asistía a magistrados a emitir sus fallos sobre controversias electorales, vislumbró los problemas electorales de Veracruz en 2013.

Tras los comicios de julio, la entidad reportó más impugnaciones que ninguna otra en el país. Y la carga de trabajo elevaba las horas dentro de la oficina. Quizás conscientes de esto, la madrugada del 15 de agosto, tres sujetos desconocidos lo esperaron afuera de su casa, ubicada en la colonia Buenavista, de Xalapa, capital del estado.

Apenas bajó de su vehículo, un Chevorlet Malibu 2008, dos hombres se le acercaron y después de un forcejeo Rafael Espinosa Gutiérrez fue subido de nuevo al auto, en el asiento de copiloto. Atrás, un carro apuntaba la escena con fanales, luces que se usan en caso de escasa visibilidad. También muy cerca, pero dentro de la casa, Claudia Ruíz, esposa de Espinosa Gutiérrez, observaba por una ventana hasta que fue descubierta por la tercera persona que participó en la operación. Una mujer, quien al verla chifló para alertar a sus compañeros y la obligó a esconderse. En minutos todo terminó. Los tres sujetos partieron llevándose a su marido con rumbo desconocido.

La familia del abogado Espinosa inició las primeras diligencias para dar con su paradero. No tardaron en acudir al Ministerio Público de la capital del estado. Aún de madrugada, Ruíz llegó y se encontró con que no había personal de guardia; sólo estaba el policía que cuidaba del recinto. De esta forma, las primeras horas de la desaparición transcurrieron sin el conocimiento oficial de las autoridades.

“Yo he estado en toda esa acotación de la búsqueda y cuando tenemos algún caso de desaparición nosotros tenemos un camino para recorrer inmediatamente, y si yo tuviera un jefe Magistrado lo que esperaría de él es que le hablara al Procurador y al director de Seguridad Pública, y que vigilaran la carretera. Independientemente de que recibieran la denuncia o no”, dice María Elena Gutiérrez Domínguez, tía de Rafael.

Espinosa, de 37 años, fungía en el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta como subalterno del Magistrado José Lorenzo Álvarez Montero. Hoy, en retrospectiva, la familia considera que el funcionario no hizo nada por dar aviso, pese a que ellos le informaron de la desaparición.

Un oficio realizado por Rosalía Gutiérrez Domínguez y dirigido al entonces Procurador de Justicia local, Amadeo Flores Espinosa –hoy presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– hizo que el mandatario las refiriera con a la Unidad Especializada del Combate al Secuestro (UECS), bajo el mando de Jorge Arturo Rodríguez Pucheta.

La denuncia número VIPJ/MPT/91/2013 no fue clasificada como un secuestro. No obstante, la UECS se limitó a proporcionar coadyuvancia en las investigaciones.

“Dicen que no, porque como no han recibido una llamada de extorsión no es tipificado como secuestro. Así es aquí. Tienen que recibir la llamada, haberla grabado o entregar el número del teléfono desde donde se hace la extorsión”, relata Elena Gutiérrez.

Entre tanto otros funcionarios de la Fiscalía consideraron que por el tipo de luz del vehículo pudo ser la policía la que perpetró la captura. “Es un comentario fuerte, aunque no lo haya grabado ni nada, aunque no hayan vuelto a reconocerlo, yo lo escuché”, afirma la tía de Rafael.

De enero del 2011 hasta septiembre del 2013 hubo en Veracruz 234 denuncias de secuestro, de acuerdo con cifras de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia.

En noviembre del 2013, el vehículo de Rafael Espinosa es hallado quemado. Las autoridades dieron con el auto gracias a la denuncia de un poblador de la localidad de Soyacuautla, municipio de Actopan. De acuerdo con la versión de la familia, una declaración ministerial apuntó a que el vehículo estuvo parado desde septiembre en un terreno baldío de la comunidad.

A partir de ahí, una nueva reunión con personal de la UECS levantó las suspicacias de la familia de Rafael.

“Yo me imagino que con el carro quemado dijeron: ‘estas viejitas ya no van a seguir preguntando’ [en referencia a la madre y tía de Rafael]. Pero se equivocaron. De repente, en el expediente apareció una foto donde entran a una casa que está cerca de donde apareció el carro, como a 100 metros. Ahí tenían secuestrado a un niño”.

En la foto aparece la madre del secuestrador, de nombre Antonio Domínguez, entregando unas llaves y un celular. La esposa de Rafael reconoció que la llave podría corresponder al Malibu, relata María Elena.

“La mamá del secuestrador dice que cuando llega la policía tomaron la llave y el chip del celular, que estaba ahí. Es importante porque si había un vínculo [entre el secuestrador y la desaparición de Rubén] a lo mejor estaba en esa sábana del chip y aparecían las llamadas, pero nunca han aceptado que existió el chip”. En un primer momento, la UECS dijo a la tía de Rafael que tenían el chip; sin embargo, tiempo después negaron tenerla.

CONTROVERSIA ELECTORAL

Un día había pasado desde la desaparición del proyectista del Tribunal, cuando el presidente de esa institución accedió a hablar con los medios. Era el 16 de agosto del 2013 y Daniel Ruíz Morales salió a negar que la desaparición estuviera vinculada con la resolución de los conflictos electorales de los comicios realizados el 7 de julio.

Apenas unas horas antes de la desaparición de Espinosa, el TEEV había decidido hacer un recuento de 19 casillas de las votaciones por la Presidencia Municipal del municipio Río Blanco.

Pero ésta no fue la única localidad donde hubo controversias. A una semana de la celebración de los comicios, el Tribunal contabilizó 183 impugnaciones, el 26 por ciento de las presentadas en 14 entidades. La jornada electoral en municipios como Alto Lucero, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Cosoloeacaque, Chalma y Las Choapas estuvo marcada por el robo y la quema de casillas. En los procesos referidos al TEEV, sin embargo, la línea electoral no fue abordada por las autoridades.

El Artículo 7 (2)(i) del Estatuto de Roma define el delito de “desaparición forzada de personas” como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia”.

“Y se deja esa línea de investigación de que fuera por una situación electoral de fuera. Nunca la tomaron como línea de investigación. Personas nos decían, no quiten el dedo del renglón. En esa época entraban cajas y cajas de dinero al Tribunal. No lo creíamos. Pero ahora acabamos de ver en Internet que hay una maleta llena de dinero que tiene la secretaria de Héctor Yunes. Entran muchas cajas sin dinero, ahí está el origen de la desaparición de Rafael. El estado hace todo lo posible porque sea desaparición”, dice Gutiérrez.

“Yo creo que fue una desaparición forzada por el Estado, el origen no sé. A lo mejor sabía mucho. A lo mejor fue un problema de delincuencia electoral, no sé no tengo ningún elemento. Pero lo que sí sé es que el Estado desde el principio no hizo las cosas como las tenía que hacer”, considera María Elena Gutiérrez.

BÚSQUEDA EN LAS FOSAS

Una fosa descubierta en el Puerto de Veracruz hizo que en abril del año pasado María Elena, miembro del Colectivo por la Paz, encabezara una misión de búsqueda de desaparecidos.

“Nosotros casi obligamos a la Fiscalía de Veracruz a que nos llevaran a ese lugar. Estaba en el recinto portuario. Y se había declarado que ahí había cuerpos enterrados. Tampoco éramos especialistas en búsquedas de fosas clandestinas, era nuestro primer enfrentamiento con esa situación horrible”, recuerda Elena Gutiérrez.

En marzo, la Fiscalía del estado reconoció que al menos 80 cuerpos que se encontraban en el Servicio Forense de Boca del Río habían sido inhumados en el área. Pero el cuerpo de Rafael no apareció.

“La Dirección General de Servicios Periciales inhumó restos de 80 cadáveres en el panteón municipal de Veracruz, después de haberse recabado sus muestras biológicas para los análisis periciales correspondientes, en cumplimiento a los protocolos nacionales de identificación de personas”, informó la dependencia.

Los familiares presumen que la mayoría de estas personas fueron víctimas de violencia.

Después de un largo recorrido por las oficinas de diferentes dependencias de procuración de justicia, el caso de Rafael se encuentra a punto de ser llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un asesoramiento legal del Colectivo Por la Paz, región Xalapa, impulsa el caso para tipificarlo como una desaparición forzada, explica la tía del abogado.