México
PULSO DE SAN LUIS POTOSI

Empresarios y sociedad civil en SLP crean frente para hacer pagar a políticos por actos de corrupción

19/06/2017 - 5:00 pm

Líderes de organizaciones empresariales, de profesionistas, sociales y ciudadanos de San Luis Potosí anunciaron la creación de un frente anticorrupción y exigieron al gobierno del estado la desaparición inmediata del fuero constitucional para los servidores públicos de elección popular, entre otras medidas, esto luego la corrupción revelada por el Diputado Enrique Flores Flores en un video.

Por Martín Rodríguez

Ciudad de México/San Luis Potosí, 18 de junio (SinEmbargo/Pulso).- Por medio de un desplegado dirigido al Gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López; el Pleno del Congreso del Estado y al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, y que está firmado por líderes de organizaciones empresariales, de profesionistas, sociales y cerca de 300 ciudadanos, exigieron medidas urgentes contra la corrupción revelada por el Diputado Enrique Flores Flores en un video.

Exigieron restaurar la legalidad y emprender una “verdadera cruzada” contra el saqueo a las arcas públicas, entre ellas la cancelación del contrato a Panavi, la eliminación del fuero y castigos ejemplares a los involucrados en el video escándalo, entre otras.

En un hecho que no tiene precedente desde la muerte del doctor Salvador Nava Martínez, hace 25 años, los firmantes anunciaron también la creación de un frente anticorrupción para San Luis Potosí.

Como primera acción, exigieron la desaparición inmediata del fuero constitucional para los servidores públicos de elección popular.

Pidieron iniciar juicios de procedencia de responsabilidad penal y la separación inmediata del cargo por causa grave de los diputados mencionados en la extorsión a servidores públicos, es decir, José Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén, Óscar Bautista Villegas y Enrique Alejandro Flores Flores.

Los firmantes demandaron la cancelación inmediata del contrato a la empresa Panavi para instalación de luminarias led y piden la investigación de las irregularidades en el desarrollo de ese contrato.

Solicitaron sanciones para los integrantes de la ASE y de la Comisión de Vigilancia del Congreso.

Exigieron una nueva revisión de las cuentas públicas de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que son las cuentas del periodo de José de Jesús Martínez Loredo como titular de la ASE.

Demandaron el desarrollo de una auditoría externa con un despacho confiable a la cuenta pública de los 58 ayuntamientos, correspondiente a 2016 y en especial, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, por aparecer con cero observaciones.

También solicitaron suspender la convocatoria para integrar la Comisión de Selección que nombraría a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Congreso estatal, señalan, debe votar en contra de los informes finales de auditoría para las cuentas públicas y que los devuelvan a la ASE, además de que sean supervisados por la ASF y si fuera posible, por auditores externos.

También pidieron que sea la ciudadanía quien nombre al nuevo titular de la ASE.

Al Gobernador le exigieron un pronunciamiento claro en contra de esa red de corrupción.

Con el hashtag #FuerzaCiudadanaAntiCorrupciónSLP, la convocatoria pretende crear un frente de movilización civil que impida más actos de corrupción.

El manifiesto urgió a incluir en el Sistema Estatal Anticorrupción integrantes que posean verdadera autonomía e independencia política, técnica, administrativa y presupuestal.

El pasado 12 de junio se difundió un video en el que se denunciaba que la cúpula del Congreso de San Luis Potosí y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) crearon un esquema de corrupción a través del cual extorsionan a alcaldes con la revisión de las cuentas públicas, exigiéndoles un millonario porcentaje del monto observado a cambio de eliminar las irregularidades registradas en su gestión de 2016. El riesgo de no entrar en el esquema implicaría represalias como la inhabilitación u otras sanciones.

Esta red estaba integrada por Óscar Bautista Villegas, legislador del PRI y vocal de la Comisión de Vigilancia, el perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de la misma comisión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Manuel Barrera Guillén, del PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Enrique Flores Flores y funcionarios de la ASE.

La trama la describía Flores Flores, en un video grabado por uno de los ediles afectados. La reunión se celebró el 24 de mayo pasado, en la oficina del legislador panista.

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