Una investigación de las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, reveló hoy que entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de México presentaron este día una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las instancias federales involucradas, luego de que The New York Times mostrara un amplio informe en el que revela cómo personajes “incómodos” son sujetos de hostigamiento.

Ana Ruelas, directora de la organización Artículo 19, dijo este día en conferencia de prensa que la evidencia indica que los nuevos casos de espionaje del Gobierno mexicano no son aislados, “sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.

Las organizaciones informaron que a la denuncia que presentaron de espionaje en contra del Gobierno de México se añaden 76 nuevos intentos de infección a los ya documentados, para dar un total de 88.

Luego del informe publicado por The New York Times –que diera a conocer que periodistas y activistas están bajo vigilancia del Estado mexicano–, Ruelas dijo que la evidencia “permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia”.

“Conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos”, dijo.

“Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales; así mismo exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”, dijo Ruelas.

“El día de hoy se presentó denuncia formal sobre los hechos aquí anunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, informó.

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, dijo Ruelas.

El periodista Carlos Loret de Mola, una de las víctimas de espionaje, envió un mensaje durante la conferencia de prensa en el que condenó la acción por parte del gobierno y calificó el hecho como un acto de intimidación.

“Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, los secuestros, desapariciones, asesinatos, la impunidad que favorece que nada se investigue.

“Es claro que quieren que sepamos que ellos saben de nuestras vidas privadas, quieren que sepamos que ellos saben con qué fuentes nos estamos reuniendo y así lograr un clima de inseguridad para que temas no sean investigados”, mencionó.

Carlos Loret de Mola recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.

La periodista Carmen Aristegui, por su parte, consideró “inaceptable” el espionaje y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.

“No sabemos si los periodistas asesinados fueron espiados, pero a la luz de lo que vemos tenemos derecho a pensar”, dijo.

Cuestionó al Presidente Enrique Peña Nieto acerca de qué fue lo que hizo con la información que obtuvo de las personas espiadas.

¿Qué dice el Gobierno mexicano sobre este que es el abuso más claro que se ha documentado de un Gobierno?, inquirió la periodista que encabezó la investigación de la Casa Blanca.

El informe cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila los 77 mil dólares, es decir, alrededor de 1 millón 400 mil pesos.

Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group revisadas por el medio extranjero.

“Utilizaron nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos para cometer ilícitos graves”, denunció Aristegui y cuestionó “¿qué tiene que decir ([EPN] sobre este espionaje con alevosía?”.

John Scolt Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, insistió en que el malware únicamente se vende a Gobiernos, por lo que el informe, indicó, deja al descubierto que el de México es el caso más claro del abuso de este tipo de tecnologías.

SUJETOS A ESPIONAJE

Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh): Entre los meses de abril y junio del año 2016, Mario Patrón, Director del Centro Prodh; Stephanie Brewer, Coordinadora del Área Internacional y Santiago Aguirre, Subdirector de la organización recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección. con el malware de espionaje Pegasus. Los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco.

Aristegui Noticias (Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán): Se han documentado cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui y por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera. En los últimos años, la actividad periodística de Aristegui Noticias ha revelado casos de corrupción como el reportaje de la Casa Blanca o el plagio de la tesis del Presidente Enrique Peña Nieto. Además, ha hecho reportajes sobre casos de violaciones graves a derechos humanos en México. Producto del trabajo periodístico de Aristegui Noticias, se han documentado diversos actos de hostigamiento, incluido el allanamiento de sus oficinas.

Carlos Loret de Mola (Televisa / El Universal / Radio Fórmula): Es periodista de radio, televisión y columnista impreso. Se ha documentado que en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus. La mayoría de los mensajes fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que Carlos Loret de Mola llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán por parte de la Policía Federal.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): Se ha documentado que los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, Director General de Investigación Periodística y Jefe de Información de la organización respectivamente, recibieron al menos 3 mensajes intentando infectar sus teléfonos con malware de NSO en el mes de mayo de 2016, justo cuando se hizo público el nacimiento del proyecto y se publicaron investigaciones sobre actos de corrupción por parte del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el exdirector de la CONAGUA. Salvador Camarena y Daniel Lizárraga en el pasado también fueron parte de Aristegui Noticias y participaron en investigaciones como la publicación de los Papeles de Panamá.

Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO): Se ha documentado que el Director de la organización, Juan Pardinas y Alexandra Zapata, investigadora en dicha organización, han recibido al menos 4 mensajes intentando infectar su dispositivo a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016. IMCO ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción, en particular fue impulsor de la ley conocida como “Ley 3 de 3”, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes.