Antes que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, garantista y permisivo, hubiese entrado en vigor en México, los delincuentes, y particularmente los criminales de alto perfil, fuesen narcotraficantes o provenientes de la clase política, salían de los casos de investigación ministerial básicamente por dos cuestiones: primero porque su poder adquisitivo les permitía contratar a los mejores abogados para su defensa, segundo porque el Ministerio Público (sea el caso Federal o Estatal) en nuestro país es una de las instituciones menos capacitadas, menos eficaces, más amañadas y con hartos intereses, de tal suerte que integran averiguaciones previas que fácilmente se tumban frente a un Juez, también permisivo.

Es el sistema ministerial y judicial en México algo que no funciona de manera eficiente. Por eso vemos y leemos de casos como los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera y Benjamín Arellano Félix, ambos extraditados a la Unión Americana, que en nuestro país no alcanzaron a ser sentenciados por narcotráfico e incluso por el asesinato del Cardenal Jesús Posadas y Ocampo (y siete personas más) en el cual participaron ambos.

O políticos como el Ex Presidente Luis Echeverría, y su Director de la Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, a quienes se les iniciaron procesos por la guerra sucia en México, y quienes fueron exonerados irremediablemente.

A veces es la corrupción, en ocasiones la falta de preparación, pero de manera sistemática el Ministerio Público Federal falla. En estos días estamos siendo testigos de esa falta de capacidad y compromiso por parte del Gobierno de la República para fortalecer y preparar al Ministerio Público. Y lo estamos viendo en uno de los casos que más han indignado a la sociedad mexicana: la investigación que se lleva a cabo contra Javier Duarte de Ochoa, el paradigma de la corrupción mexicana.

Ahora se sabe por qué esa actitud socarrona del preso que fue en Guatemala, y su condescendencia para ser extraditado a México, tiempo desde el que, es evidente, su pléyade de abogados inició la ruta legal que habrían de seguir, frente a una Procuraduría General de la República, y particularmente en este caso, en una de tres condiciones: ineficiente, amañada, cómplice.

De las ligas de Javier Duarte de Ochoa con el Presidente Enrique Peña Nieto se ha dicho mucho, de sus excesos más, de los millones de dólares que en efectivo sacaba a su antojo de las arcas veracruzanas, y recientemente de los mil millones que destinó para gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, precisamente en el 2012 cuando el hoy Mandatario Nacional era candidato a esa posición. Pero estas y otras tropelías no son investigadas de manera firme y adecuada, ni en la PGR, ni en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni en el propio Gobierno de Veracruz. La ineficacia de las instituciones procuradoras de justicia va de la mano de la complicidad y la impunidad. Esto no puede explicarse de otra manera.

El hecho es que en la primera audiencia de Javier Duarte en México los tres representantes del Ministerio Público Federal, los abogados Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, hayan sido enviados por parte de la PGR, sin preparación, en pleno desconocimiento del expediente, sin experiencia y además sin capacidad cognoscitiva.

El relato del reportero Arturo Ángel en Animal Político, sobre lo que atestiguó al acudir a la audiencia inicial contra Javier Duarte ante el Juez de Control en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, es una crónica de pifias oficiales y oficiosas por parte de los tres fiscales, para regocijo de los abogados del ex Gobernador y de él mismo, como de desesperación y sorna por parte del Juzgador.

El Juez Moreno reprendió una y otra vez a los tres fiscales ante la desinformación que sobre el caso padecieron, además puso en duda la actuación de las instituciones, de la Procuraduría General de la República al haberlos enviado sin fundamentos sobre el caso, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde no enviaron a un representante a pesar que de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP salió la investigación de la cual se genera la orden de aprehensión contra Duarte por el desvío de 438 millones de pesos.

Al finalizar la audiencia, anota el reportero, los tres fiscales sólo pudieron acreditar, con mucho esfuerzo, el desvío de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz cuando Duarte fue Gobernador.

La PGR la titula Raúl Cervantes, y la SHCP, Antonio Meade, ambos muy cercanos al Presidente de la República, ambos también con intenciones de continuar en la carrera política con la ayuda de Peña Nieto, el primero que va tras la Fiscalía General de la Nación, el segundo aspira a la Presidencia de la República en la elección de 2018.

Entonces tenemos a dos peñistas Secretarios de Estado, investigando a un ex Gobernador priísta, señalado de desviar del Gobierno de Veracruz, mil millones de pesos para la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República ¿Se puede esperar menos? ¿Puede el sistema político mexicano ser más cínico?

Esta situación de evidente colusión en la audiencia inicial de Duarte por parte de las instituciones encargadas de acusarlo, llamó la atención del Juez, tanto que directo les dijo a los tres abogados del Ministerio Público que no los conocía, que era la primera ocasión que los veía, que era evidente la dificultad que tenían para encontrar los datos que la defensa les pedía, y cómo ante las preguntas de Duarte y los suyos, cayeron en contradicciones hasta rebajar el desvío probado de 438 millones a 38.5 millones. También se sorprendió el Juez cómo a diferencia de otros investigados en el caso de corrupción del Gobierno de Veracruz, esta ocasión fueron personas sin preparación y faltó el representante de la Hacienda Pública.

Leyendo la nota del reportero Arturo Jorge, no se requiere ser experto en derecho para saber que tanto en la PGR como en la SHCP fueron omisos en la audiencia, beneficiando con ello a la defensa de Javier Duarte, quien ya no sonrió ni mantuvo su actitud guasona, sino que se comportó con seriedad de abogado y junto a los suyos deshizo a los Fiscales.

Ante la burla de lo que fue la audiencia inicial de Duarte, los mexicanos no terminarían de sorprenderse, cuando una Juez de Distrito de Amparo concedió la suspensión provisional a dos órdenes de aprehensión giradas por jueces de Veracruz contra Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, y coalición.

Si Duarte no recupera la libertad ante la deficiente actuación del Ministerio Público y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo hará por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a menos claro, que a diferencia de la actuación de las dos instituciones en la audiencia inicial, finalmente logren probar el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

Los peñistas Raúl Cervantes y Antonio Meade parecen operar con la incapacidad de los funcionarios que enviaron, o dejaron de enviar a la audiencia, a favor de la defensa de Duarte, en el caso de corrupción más grande del que se tenga conocimiento y prueba –hasta el momento- en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y precisamente contra un priísta que, en su calidad de Gobernador, fue el más peñista de todos.

 

 

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