La PGR tiene a su cargo uno de los casos más importantes en años: la investigación en contra del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien le adjudica el lavado de más de 438 millones de pesos. Desde la detención y ahora con la llegada del ex mandatario al país, la dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade ha tenido tropiezos que han llevado a la oposición y a analistas a hablar sobre su incapacidad para sostener las acusaciones y llevar a prisión a Duarte de Ochoa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si a ello se suma el número de casos que la PGR llega a judicializar, el futuro del Gobernador de Veracruz no pinta tan oscuro. Diversos análisis recientes dan muestra de ello: el Centro de Investigación para el Desarrollo expuso que entre 2016 y 2014, delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tuvieron un índice de “judicialización” de cero. Mientras que la ASF en su adelanto de revisión del año pasado señaló que “la persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad, ya que de las dos mil 26 averiguaciones en materia de delitos financieros que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento (444), de las que el 22.1 por ciento (98) fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento (tres) obtuvo una sentencia judicial”.
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Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La posibilidad de que alguna investigación “sofisticada” en manos del Gobierno de Enrique Peña Nieto avance hasta los tribunales y obtenga sentencia condenatoria es casi nula. Tratándose de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los que se atribuyen al ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, menos.
Al respecto, datos tanto del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que la Procuraduría General de la República (PGR), que de por sí judicializa casi exclusivamente cuando tiene a alguna persona detenida, es particularmente inútil cuando se trata de avanzar en investigaciones “complejas”.
Delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada o la Ley Electoral, por ejemplo, encontró Cidac, entre 2014 y 2016 tuvieron un índice de “judicialización” de cero.
“La cantidad de carpetas que no han sido determinadas es alto, siendo que la mayor parte de los asuntos (88.8 por ciento) son de baja complejidad, por lo que su resolución debería ser más ágil; mientras que los delitos más complejos, como el de la delincuencia organizada, por ejemplo, tienen una frecuencia muy baja”, dice el estudio “Hallazgos 2016”, hecho por el Cidac sobre el primer año de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
“Lo anterior supone que se priorizan delitos que no requieren un nivel de investigación sofisticado y se dejan de lado los que son más exigentes en este aspecto”, agrega el análisis, presentado el pasado 5 de julio.
Días antes, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de combate a delitos financieros que cometen las organizaciones criminales, como el lavado dinero, encontró también un mínimo nivel de judicialización de casos ante tribunales.
“En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos, ya que de las dos mil 26 averiguaciones en materia de delitos financieros que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento (444), de las que el 22.1 por ciento (98) fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento (tres) obtuvo una sentencia judicial”, dice una revisión de la ASF a la PGR.
“Por el contrario, el 58.2 por ciento (57) de las consignadas fueron devueltas por el juez, aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la impunidad de éstos delitos”, agrega la ASF.
Otra problemática señalada por este órgano revisor es la falta de capacidad de análisis en las investigaciones de la PGR, ya que el trabajo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) tiene cada vez menos relevancia o relación con resultados concretos.
En ese sentido, la estadística de la ASF documenta que, de los 519 productos de información generados por el Cenapi, sólo un 21 por ciento sirvió para la definición de estrategias destinadas a desarticular bandas del crimen organizado, mientras que la mayor parte, o un 78.8 por ciento de estos productos, carecieron de utilidad probada.
“Lo que representó una reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la ASF.
INCAPACIDAD
El análisis de Cidac presenta una tabla que compara la apertura de 63 mil 111 “carpetas de investigación” en la PGR contra 12 mil 803 “causas penales” iniciadas en el Poder Judicial de la Federación (PJF) entre noviembre de 2014 y 2016.
Y muestra cómo, además de la delincuencia organizada (por el que se abrieron 215 carpetas), o de los cometidos por los servidores públicos (dos mil 819), otros ilícitos en los que se reportan cero casos enviados a tribunales son los electorales, por los que se abrieron dos mil 839 carpetas en el periodo citado y, como en los casos anteriores, tampoco se judicializó alguna.
En entrevista, la investigadora de Cidac, Karen Silva, explica que una situación peor todavía revela el dato de que la mayor cantidad de los casos enviados al Poder Judicial por parte de PGR, o un 99 por ciento, se concretan cuando hay algún detenido “en flagrancia”, lo cual indica que, si el ministerio público debe recabar datos para dar con algún probable delincuente cuando ha pasado más tiempo, la posibilidad de que lo logre es de uno entre cada cien casos.
“[En la PGR] tienen una policía más capacitada que las fiscalías y procuradurías locales, pero siguen teniendo fallas en la capacidad de investigación, y ahí hay un problema más grave: siguen como si estuvieran en el sistema tradicional”, dice Silva.
“Lo que observamos es que no están dando resultado las investigaciones; como mencionamos en ‘Hallazgos’, a los casos más complejos no son capaces de darle salida, se les acumulan, y sólo llevan a judicialización los casos con detenidos, y son casos con detenidos porque con la persona retenida, en el momento, evidentemente es más fácil”, agrega.
El investigador Gerardo Rodríguez Sánchez Lara –autor de un índice de impunidad difundido anualmente por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)– menciona que, sobre todo en casos que implican graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y los cometidos contra periodistas, el Gobierno de Peña Nieto ha tratado de responder con investigaciones “solamente para dar la impresión de que están trabajando”.
Pero la ausencia casi total de resultados, advierte el investigador, muestra que la PGR está colapsada, que le faltan investigadores y presupuesto.
“Claramente ha sido insuficientes los recursos presupuestales asignados para la atención de estos delitos y esto se ve reflejado en el numero irrisorio de investigadores en la PGR para la atención de estos delitos (…) Es una burla de los titulares de la PGR el funcionamiento de la FEADLE, por ejemplo”, dice Rodríguez.
El investigador señala que la PGR sufre un colapso desde hace al menos tres sexenios y que, además, soporta la carga derivada de la ineficacia de las procuradurías y fiscalías estatales.
Pero la administración del Presidente Peña Nieto, agrega, “pasará a la historia por no haber atendido de manera responsable, por ejemplo, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y las violaciones a los derechos humanos de los periodistas en este país”, dice Rodríguez.
“[La PGR] tendría que tener una reestructuración a profundidad, porque es un secreto a voces que al interior del Gabinete de seguridad que la PGR ha sido filtrada históricamente por grupos de la delincuencia organizada y que no tiene mecanismos de ingreso y de supervisión de la probidad de sus elementos”, agrega el investigador de la UDLAP.
