El 1 de octubre de 2012, el perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu asumió el Gobierno de Morelos. Ese día prometió que en 18 meses acabaría con la violencia. Pero hoy, a poco más de un año de entregar el poder en esa entidad, los homicidios han ido a la alza año con año, durante su gestión, y los morelenses se han unido en diversos movimientos ciudadanos para expresar su rechazo a su administración e incluso, en repetidas ocasiones, exigir su renuncia y pedir juicio político en su contra, con manifestaciones nunca antes vistas en esa entidad.

Todo esto sin contar las acusaciones contra el mandatario por reprimir a sus opositores y a activistas, así como señalamientos por la supuesta corrupción que ha dominado durante su mandato.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– “Es la indignación ciudadana y las organizaciones que se unen para sacar al Gobernador Graco Ramírez y a su gente que ha sido su cómplice en la destrucción, la mentira y la violación a los derechos humanos en un Morelos muy adolorido”, dijo el 16 de agosto de  2016, uno de los mayores críticos del político perredista, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia.

“¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco!”, gritaba la gente en la manifestación ciudadana más grande que se tenga recuerdo en esa entidad, de acuerdo con una crónica publicada por SinEmbargo y firmada por reportera Shaila Rosagel.

Un años después, ese enojo social no ha desaparecido y, al contrario, mantiene a los morelenses en alerta.

En esa entidad se han registrado 331 homicidios dolosos durante los primeros seis meses del 2017, 51 más respecto al mismo periodo del 2016. Durante la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, del 1 de octubre de 2012 al cierre de junio de este año, se han registrado 2 mil 659 asesinatos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La promesa  que el perredista que hizo al inicio de su mandato fue que en 18 meses daría resultados contra la inseguridad con un nuevo modelo y un Mando Único. Todo se quedó en eso, en una promesa rota.

“A partir del primero de octubre yo emprendo mis responsabilidades para que se acaben este tipo de actos, si en 18 meses esto aparece es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, dijo en su primer discurso como Gobernador.

Ahora, a poco más de un año de que Graco diga adiós a ese cargo –o antes si se decide a dar el paso de entrar a la lucha para ser el candidato del Partido Revolución Democrática (PRD) rumbo a las elecciones presidenciales de 2018–, dejará a Morelos también como un estado líder en narcofosas.

Tetelcingo, Jojutla, Cuautla y Xochitepec son los municipios donde se han encontrado decenas de cuerpos por parte  de los padres y familiares de desaparecidos, que han tomado en sus manos la búsqueda, luego de que el Gobierno de Ramírez Garrido Abreu no diera respuestas positivas.

“Morelos vio cómo las esperanzas de la alternancia se vinieron abajo como castillo de naipes o fortaleza construida en el aire; poco a poco, por las oquedades del régimen perredista, se minó la franca corrupción, que pone en tela de juicio los supuestos logros ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial sobre la reducción de la delincuencia; sin embargo, la realidad es otra”, aseguró la Iglesia católica en su editorial dominical Desde la Fe  en su edición del primer domingo de este mes.

De hecho, la violencia de Morelos ha alcanzado hasta a funcionarios de en diversos niveles de Gobierno. El 2 de enero de 2016, un comando armado asesinó a la Alcaldesa del municipio de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, quien tenía un día de haber tomado posesión del cargo.

El Gobernador acusó a la delincuencia organizada del asesinato y confirmó la detención de tres autores del homicidio.

Días después, Ramírez Abreu, en una entrevista con Radio Fórmula, aseguró que el grupo delincuencial Los Rojos fue el responsable de la muerte de la Alcaldesa.

GRACO CALLA A OPOSITORES

Activistas como Javier Silicia Zardain y Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), han acusado al Gobernador de ejercer “mano dura” contra sus detractores.

“No hay manera de detenerlo [a Graco Ramírez]. Estamos frente a un [Javier] Duarte, y vamos a esperar que termine de destrozar los derechos humanos y la paz, para que se vaya como Duarte. Se persigue a la disidencia y además se tiene un control absoluto del Gobernador y su familia en todos los ámbitos. Yo le tengo muchas críticas a Cuauhtémoc, pero no estoy de acuerdo conque se viole la autonomía del municipio”, dijo Javier Sicilia a SinEmbargo en diciembre de 2016.

Inclusive, el activista agregó que el Gobernador atentaba contra la autonomía, no sólo de la Universidad, sino también del municipio de Cuernavaca al operar una persecución en contra del Alcalde y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco.

Otro objetivo del perredista, señalan, son los periodistas.

Durante una reunión que sostuvo el Gobernador con el Presidente Peña Nieto para hablar sobre la protección a este gremio en mayo de este año, su asesor Gustavo Martínez Gonzalez, a la par, amenazaba, demeritaba, humillaba e intimidaba a periodistas a través de mensajes en redes sociales.

Por esta razón los reporteros de diferentes medios se unieron e hicieron un oficio para ser entregado ante el Senado.

“Estamos hablando de una agresión oficial, encabezada nada más y nada menos por el coordinador de asesores del Gobernador del estado, Graco Ramírez”, se leía en el texto al cual tuvo acceso el periódico Milenio.

CORRUPCIÓN HUNDE A MORELOS

En abril pasado, el sitio de noticias RT dio a conocer que, de acuerdo con la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), Graco Ramírez desvió recursos a través de un préstamo por 2 mil 300 millones de pesos que solicitó al Congreso del estado de Morelos, el cual fue autorizado en tan solo cinco días y con irregularidades administrativas.

Meses después, Graco modificó el préstamo. Presentó nuevas necesidades del estado, como la construcción del nuevo recinto legislativo, para ampliar la suma a 2 mil 806 millones de pesos.

“Graco Ramírez endeudó al estado por esta inmensa cantidad de dinero [2.806 millones de pesos] y dicha acción no se vio reflejada en el desarrollo económico del estado. Al contrario, en los últimos años Morelos ha permanecido en los niveles más bajos de crecimiento y también de inseguridad. Todos los días somos ‘nota roja’ a nivel internacional”, afirmó Gerardo Becerra, vocero de CMMC, en RT.

Ahora con la tragedia ocurrida en el Paso Exprés, lo ojos están puestos sobre el Gobernador más que nunca.

El 12 de julio pasado, Morelos y el país amanecieron con la noticia de que un socavón había tragado un auto particular en ese paso a la altura del kilómetro 93, en Cuernavaca. Más tarde se confirmó que dos hombres habían perdido la vida. Aunque ambos sobrevivieron al impacto, al no poder ser rescatados a tiempo murieron asfixiados.

Eran padre e hijo: Juan Mena Ruiz, de 65 años, y Juan Mena Romero, de 33. Les robó la vida una obra que apenas tres meses antes había sido inaugurada por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En aquel evento de la vía –donde se invirtieron 2 mil 213 millones de pesos– también estuvo presente el Gobernador Graco Ramírez, uno de los señalados por propiciar la tragedia y quien comparecerá ante el Senado en días próximos.

Esta tragedia sólo daría inicio a los de dimes y diretes entre funcionarios, y la revelación de un sin fin negocios oscuros y decisiones por encima del bienestar de los ciudadanos.

Graco Ramírez fue de los primeros acusados como responsable de la tragedia, no obstante el Gobernador ha negado los señalamientos y el pasado miércoles lo volvió a reiterar.

“Yo no soy culpable de que se creara el hueco. Yo les dije desde 2016 que hicieran un puente. Por eso no han podido echarnos la culpa, porque les dijimos que el tubo no servía, servía para cuatro carriles, pero no para 10”.

Y no sólo eso, a Graco Ramírez también se le acusó de nepotismo tras revelarse que él y el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, nombraron a su hermanos como delegados en ambas entidades.

Jaime Francisco Ramírez Garrido, el hermano de Graco, fue designado como delegado del Instituto Nacional de Migración en Guerrero; Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del Gobernador guerrerense, quedó a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos.

“Sin duda llama la atención los parentescos y los intercambios hacia delegaciones, pero no olvidemos que ésta es una atribución del Gobierno federal, si el Gobierno federal así ha decidido, dado los perfiles entiendo que deberán haber cubierto, los perfiles, los requisitos para poder ser delegados federales y entonces pues habría que preguntarle más bien a las respectivas secretarías que hicieron estos nombramientos”, dijo en entrevista la líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Alicia Popoca Sotelo.

Aunque cuando sucedió lo del Paso Exprés, el hermano de Ángel Aguirre ya había sido sustituido por José Luis Alarcón Ezeta, éste tampoco se defiende con sus antecedentes, pues el actual Secretario tiene entre sus empleos previos el sector de la energía renovable y los residuos sólidos, así como un puesto directivo en el corporativo de enseñanza del idioma inglés en Harmon Hall, así fue confirmado por SinEmbargo el mes pasado.

El Secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza fue cuestionado por dichos nombramientos por el periodista Carlos Loret de Mola en su programa “Por la mañana”, sin embargo éste se lavó las manos y culpó a Graco de dar luz verde.

“Me llama la atención el punto de vista de el Gobierno local, los dos fueron propuestos, insistentemente y al nivel más alto, por parte del Gobernador del estado y del gobierno local, por eso estuvieron ahí, por la gestión del propio gobierno […]. Al inicio cumplían con los requerimientos para ocupar poder el cargo, fueron designados efectivamente por la SCT, pero fueron designados por recomendación del Gobierno local los dos delegados a los que la SCT no conocía si no fue por el Gobierno local”.

UN ANTECEDENTE NEGRO

Desde que inició su mandato, Graco estuvo envuelto en escándalos de corrupción. En 2012, el periódico estadounidense The New York Times lo relacionó con una cadena de corrupción entre la empresa Walmart y funcionarios mexicanos, entre los que destacaba su nombre.

El reportaje acusaba al Gobernador, junto con Sergio Raúl Arroyo García, el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de permitir la construcción de tiendas de la empresa a cambio de sobornos. Dichas revelaciones fueron negadas por Graco, para después emprender una demanda en contra de los denunciantes.

“Durante la campaña, antes de la campaña, como senador, y en la campaña, el señor Luis Gómez, vicepresidente de Walmart, me pidió platicar conmigo y no acepté por ninguna razón reunirme con Walmart”, dijo en una conferencia de prensa en enero del 2013.