Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Amnistía Internacional exigió una investigación “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”, sin la Procuraduría General de la República (PGR), sobre caso del asesinato de 22 presuntos delincuentes, entre ellos una menor de edad, abatidos el 30 de junio pasado por elementos del Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México.
Horas después, la PGR informó, a través de un breve comunicado, que inició una averiguación previa, que está en etapa de investigación, por los hechos suscitados el 30 de junio de 2014 en la comunidad San Pedro Limón, municipio Tlatlaya, con el objeto de llegar a la verdad.
Sin embargo, Amnistía insistió en que no confía en la Fiscalía mexicana. En un comunicado oficial, la organización global, con millones de activistas en más de 150 países, planteó: “Si el compromiso del gobierno es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia”.
Amnistía citó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que ha asegurado que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado en el país, y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni en el encubrimiento de los responsables de tales abusos.
“En tal sentido, estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial”, expuso Amnistía Internacional en su capítulo México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró, a través del visitador Marat Paredes, que han tenido acceso a la averiguación previa y las necropsias, y también se encuentran investigando el caso.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que los militares repelieron una agresión armada y agregó que está dispuesta a colaborar para esclarecer el caso.
“(La dependencia) prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento”, manifestó en un comunicado.
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PGR INICIA INVESTIGACIÓN
La Procuraduría General de la República, en tanto, envío esta tarde un comunicado en el que informó tiene iniciada una averiguación previa, que está en etapa de investigación, por los hechos suscitados el 30 de junio de 2014 en la comunidad San Pedro Limón, municipio Tlatlaya.
La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad, expuso.
La dependencia afirmó que tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos.
“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, concluyó el comunicado oficial.
CASO “ALARMANTE”
Para Amnistía “es alarmante” la información que ha sido publicada tanto por la revista Esquire como por la agencia de noticias The Associated Press, medios que consignaron con testigos que las personas fueron “ejecutadas extrajudicialmente” cuando ya se habían entregado.
De acuerdo con la versión de los hechos emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las horas después de los hechos, soldados de la 22/a zona militar repelaron una agresión por presuntos delincuentes situada en una bodega cerca de Tlatlaya, Estado de México. El tiroteo resultó en la muerte de los 22 presuntos delincuentes (incluso una menor de edad) y la liberación de tres mujeres secuestradas, además de un soldado quedó lesionado.
Sin embargo, Amnistía Internacional destacó que desde el inicio se cuestionó la versión oficial, específicamente en cuanto a la falta de lesiones sufridas por los militares, la falta de suficientes orificios de impacto desde el exterior de la bodega, las manchas de sangre en el interior y los aparentes disparos a corta distancia sufridos por los fallecidos.
Las versiones que en los últimos días aparecieron en estos medios de comunicación internacionales, mencionó AI, “plantean interrogantes sobre la versión de los hechos presentado por la Secretaría de Defensa Nacional y la investigación de los hechos tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), así como la propia Procuraduría General de la República.
Según testigos, todas las muertes, salvo uno, no resultaron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después cuando ya se habían rendido.
Los reportajes destacan que la testigo fue presionada por representantes de la PGJEM y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por la Sedena.
Amnistía Internacional denunció que “cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión de estos funcionarios en los abusos”.
