Ciudad de México, 19 octubre (SinEmbargo).– Distintos grupos guerrilleros reconocidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de México, han despertado en las últimas tres semanas en una actividad inusual a causa de la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.

Han emitido distintos comunicados y lanzado al menos un video en el que culpan al “narco Estado” por la violencia contra ciudadanos, y a los tres principales partidos (PRI, PRD y PAN) de cómplices. En particular, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señala a la corriente perredista conocida como “Los Chuchos”.

“Los Chuchos” decidieron ayer sábado apoyar al Gobernador Ángel Aguirre y eximirlo de cualquier responsabilidad política por los ataques a los normalistas.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es el último en aparecer. En un segundo comunicado, llamó anoche a la autodefensa y culpó al “narco-Estado” por los ataques a los estudiantes. “Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advirtió. Y a partir de los eventos en Iguala, Guerrero, estos grupos han emitido una serie de comunicados cada vez con mayor frecuencia.

Guerrero es una entidad en donde estos grupos armados han hecho presencia durante décadas desde la clandestinidad. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), nació el 28 de junio de 1996, aniversario de la matanza de campesinos de Aguas Blancas ordenada por el ex Gobernador Rubén Figueroa, quien nunca pagó por el ataque con policías.

Por el contrario, Figueroa apareció recientemente en una cena de gala junto con el actual Gobernador, Aguirre, un ex priista que ahora es miembro del PRD.

Tres estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa perdieron la vida durante un ataque perpetrado por policías de Iguala el 26 de septiembre pasado. Esa misma noche, 43 estudiantes fueron secuestrados por los elementos de seguridad, quienes presuntamente los entregaron a integrantes del crimen organizado. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Los hechos violentos en la entidad, también cobraron la vida de otras tres personas, entre ellos un menor de edad jugador del equipo local de fútbol “Los Avispones”.

Una semana después de los ataques, se localizaron en Iguala cinco fosas clandestinas en donde se recuperaron 28 cadáveres, los cuales, aseguró en días pasados el Procurador de la República, José Murillo Karam, no corresponden a los 43 jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, hasta el momento se han hallado más de una decena de fosas más de donde no se sabe el número exacto de cuerpos ni sus identidades.

Lucio Cabañas Barrientos, un símbolo en la lucha guerrillera, fue un maestro rural de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue líder estudiantil y después encabezó el Partido de los Pobres.

SEGUNDO COMUNICADO DEL ERPI

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) advirtió en su segundo comunicado sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que en el ambiente de terror del “narco-Estado” que vive México se hace necesario el ejercicio de la autodefensa.

“En el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advirtió ERPI en su segundo comunicado emitido en la noche del sábado y madrugada del domingo.

En la comunicación 42 que está firmada por los comandantes Hermenegildo, Cuauhtémoc y Santiago, el ERPI responsabilizan directamente del ataque a los normalistas a “José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del estado; Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; el comandante del 27 Batallón de Infantería, de Iguala; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México”.

Y los acusan de haber constituido una “fuerza paramilitar que va más allá de sicarios y pistoleros de la delincuencia; es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las trasnacionales”.

Finalmente advirtieron “al régimen” que será responsabilizado de cualquier acto de represión y persecución contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, “los organismos defensores de derechos humanos, presos y ex presos políticos y periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado”, detallan.

LAS FARP ACUSAN A PARTIDOS

Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) también emitieron un comunicado, donde acusaron que “los tres partidos políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigieron la presentación con vida de los estudiantes.

Los sucedido en Iguala “es consecuencia obligada de un paulatino proceso de descomposición social en todo el país. Demuestra que la base económica del país se está desmoronando. Muestra que los ‘cambios estructurales’ son sólo cambios de fachada que no conducen a nada extraordinariamente bueno: la desigualdad social sólo se agudiza día con día”, señalan.

Las FARP fue el primer grupo armado en alzar la voz. EN días pasados exigieron  la renuncia del Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, “quien vuelve a ensangrentar sus manos en su administración, le quedó grande Guerrero, traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.

En esta ocasión, las FARP señala que el tema “del crimen organizado” se ha convertido en una excusa “genial para encubrir un hecho cada vez más inocultable: ‘el crimen organizado’ es el poder político”, dicen.

Señalaron que si todas las políticas de seguridad implementadas han fracasado, se debe a que “hay una organización criminal más compleja y poderosa que pernea al propio ‘crimen organizado’ y ésta se llama gobierno mexicano”.

“Una prueba de ello es el juego perverso y tramposo con el que el gobierno del PRI trata de remarcar la innegable vinculación del PRD en los sucesos criminales de Iguala. Pero eso, en sentido estricto, se vuelca sobre el mismo PRI por una razón histórica: ¿qué es de buena parte de la dirigencia del PRD? ¿No son, muchos de ellos, mafiosos del PRI conversos a “demócratas” del PRD? El origen turbio y corrupto de esos políticos proviene del PRI, el ala mafiosa triunfante de la Revolución Mexicana. Los dirigentes más honestos del PRD quedaron atrás, en la historia, luego de ser asesinados por el PRI. Por lo demás, eso de que hay avances en el asunto de la “seguridad pública” es un argumento muy frágil. Cualquier mediocre es mejor que aquellos aspirantes a nazis que gobernaron México durante 12 años”, cuestiona las FARP.

Destacan que los “únicos referentes viables en materia de seguridad” en el país son independientes del gobierno, y hacen referencia a las policías comunitarias que se han desarrollado en diversas partes del territorio nacional.

Se solidarizaron con los familiares y compañeros de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado. “Nos sumamos a la exigencia de que los desaparecidos sean presentados sanos y salvos”, dice el comunicado.

Advirtieron también que el actuar del gobierno federal ante el conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes llevan ya varias semanas en paro y exigen que se derogue el Reglamento Interno de la institución y el derecho por elegir a su nuevo director; “un espectacular acto histriónico”, dicen las FARP, sobre el diálogo que el Secretarío de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong sostuvo con los politécnicos afuera de la Segob en semanas pasadas.

Dicha acción, acusan “fue influida por los acontecimientos en Ayotzinapa y responde también a un intento inútil de ocultar su innato carácter represivo, comprobado también, con creces, en Tlatlaya, Estado de México, unas semanas antes”.

“Debemos recalcar que el origen de los principales problemas sociales en Guerrero es federal. Los grandes problemas de las escuelas normales rurales tienen su origen en el profundo desprecio hacia la educación rural por parte de todos gobiernos federales que se han sucedido en décadas… La economía federal dicta la miseria de los estados y municipios.”.

Las FARP hacen un llamado a todas las organizaciones a todos los colectivos de derechos humanos, a todos los periodistas honestos, a todos los estudiantes, a todos los profesionistas, a todos los sindicatos, a todos los colectivos, a todas las organizaciones político-militares, “a buscar la manera de construir un canal de diálogo abierto y democrático que nos permita conocernos y entendernos mejor, a estudiar con seriedad y paciencia la solución que sólo de manera independiente al gobierno deberemos resolver”.

Proponen un diálogo Nacional en México, abierto a todo el mundo, donde se discuta un plan de acción que sea dirigido por coordinadores vinculados a la academia o al periodismo y “que hayan demostrado una trayectoria seria, objetiva, honesta y solidaria hacia el movimiento social”.

“Cada tema sería calendarizado para que todas las organizaciones tuvieran tiempo de estudiarlo, razonarlo y encontrarle propuestas de solución”, explican.  “A fuerza de olvido, desprecio y maltrato de los gobiernos federal, estatal y municipal. No lo olviden, LOS TRES PARTIDOS Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO SON LOS CULPABLES”.

ERPI CONTRA “NARCOS Y POLÍTICOS”

El pasado 9 de octubre, el Comité Estatal de Guerrero del ERPI convocó al interior de sus filas y al pueblo en general a conformar la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar “en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Este es el segundo llamado en una semana que hace un grupo insurgente guerrerense para responder por la vía armada contra un narco estado refiriéndose propiamente al grupo criminal de los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

En esta ocasión, el ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 de septiembre donde tres normalistas murieron y otros 43 fueron secuestrados en Iguala por agentes municipales en complicidad con integrantes del narcotráfico. Nueva Izquierda, tribu conocida como “Los Chuchos”, llevó a la dirigencia nacional perredista a su actual presidente Carlos Navarrete.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente también pidió a sus integrantes y “al pueblo mexicano toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.

Refirió que se vio obligado a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el Estado de Guerrero.