Pactos de no agresión, la protección constitucional y la debilidad institucional impiden que gobernadores corruptos vayan a juicio durante sus mandatos.

Foto: Presidencia de México

Gobernadores del país durante la última reunión de la Conago. Foto: Presidencia de México

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Cuando era candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, decía un día sí y el otro también que si llegaba a Los Pinos, sacaría de ahí a todas las “tepocatas, alimañas y víboras prietas”. Esa era su particular forma de decir que se encargaría de acabar con la corrupción de los gobiernos priistas. También tenía una frase para referirse a los políticos que se habían enriquecido de manera ilícita, los llamaba “peces gordos”.

Fox llegó a Los Pinos y su sexenio se caracterizó por incumplir su promesa de llevar ante la justicia a las “tepocatas”. “Vicente Fox prometió que los peces gordos estarían en la cárcel y al final ni a charales llegamos”, recordó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.

Prácticamente Fox inauguró una nueva forma de comunicarse con el elector al incluir el discurso anticorrupción en los mensajes de las campañas electorales.

De Vicente Fox a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León, cada día es más socorrido que un candidato a cualquier puesto de elección popular utilice alguna consigna para advertir que castigará a los políticos corruptos de administraciones pasadas, generalmente, de partidos políticos distintos al suyo.

En su mensaje ante el Congreso luego de rendir protesta como el primer Gobernador independiente de Nuevo León, “El Bronco” arremetió contra su predecesor Rodrigo Medina de la Cruz: “Hoy les digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan ilusiones los manos largas: a partir de hoy, se acabaron los moches y las transas”.

Medina de la Cruz dejó un gobierno pintado por la corrupción y distintas acusaciones por enriquecimiento ilícito, en el que habría participado su padre Humberto Medina, dueño de por lo menos siete predios en el municipio de San Pedro Garza García con valor de 300 millones de pesos.

“El discurso de la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción son muy redituables porque hacen contacto con lo que indigna a la sociedad, entonces resulta un discurso muy redituable para que lo usen como argumentos electorales, pero de allí a llevarlo a la realidad hay un tramo muy largo”, consideró Óscar Arredondo Pico, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Información.

Políticos de todos los niveles de gobierno, de todos los colores partidistas, de todas las ideologías partidistas, han utilizado en su discurso alguna alusión para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito del pasado.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos ha reinado la impunidad, lo cual ha generado un sentimiento de indignación entre la ciudadanía y finalmente de frustración porque existen hombres intocables para la justicia mexicana.

Los ex Gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrigton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores han sido señalados por su presunta colusión con el crimen organizado, principalmente con el grupo delictivo “Los Zetas”, y por sumir a su entidad en un clima de violencia e inseguridad.

El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha sido acusado de dejar a los coahuilenses una deuda cercana a los 34 mil millones de pesos, sin rendir cuentas sobre el uso y destino de esos recursos.

Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán, tuvo un polémico sexenio en donde sus colaboradores políticos cercanos, e inclusive su hijo Rodrigo Vallejo Mora, estuvieron acusados de colusión con el crimen organizado y de brindar protección a Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la “Familia Michoacana” y posteriormente de “Los Caballeros Templarios”.

Tampoco son excepcionales los ex Gobernadores acusados de enriquecimiento ilícito y sus familiares han disfrutado sus fortunas en Estados Unidos y últimamente en sitios tan lejanos como Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Basta recordar las fotos que los propios familiares de algunos polémicos políticos suben a las redes sociales, como es el caso de Graciela Reynoso López, hija del ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, ya que ella misma ha subido a Fecebook o Instagram fotos de sus viajes a la zona turística de Dubai, donde la familia del ex mandatario posee un departamento.

¿SE PUEDE CASTIGAR A LOS GOBERNADORES CORRUPTOS?

El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo está sometido a proceso desde 2013. Foto: Cuartoscuro

El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo está sometido a proceso desde 2013. Foto: Cuartoscuro

En su primer discurso como Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, el ex priista que acabó con 83 años de gobiernos del tricolor, fue contundente, advirtió a quienes se dedicaron a robar a la población que “no les espera el disfrute de rentas, sino la cárcel”. El mensaje estaba dedicado a su predecesor Andrés Granier Melo, acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales.

Granier Melo fue detenido y permanece preso en el penal de Tepepan desde mediados de 2013. Aunque recientemente fue exonerado de delitos de orden federal, no ha salido libre pues se mantienen las acusaciones del orden del fuero común.

Actualmente continúan en libertad varios ex gobernadores de Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Michoacán y otros estados, acusados de colusión con el crimen organizado, desvíos millonarios de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

LO POLÍTICAMENTE CORRECTO

Especialistas consultados por SinEmbargo explicaron que son múltiples los factores que permiten que prevalezca la impunidad. El primero de ellos y el más evidente es la falta de voluntad política.

“La tendencia es ‘yo no te piso los callos y tú me dejas gobernar tranquilo’”, afirmó Héctor Tejera Gaona, profesor investigador de la División de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Para el doctor en antropología social, las campañas electorales son en esencia “estrategias para ganar votos”, pero una vez que terminan, los ganadores deben luchar contra el reacomodo de los grupos políticos, poderes fácticos e incluso disputas por el control político entre grupos del crimen organizado.

El problema tiene que ver con la fortaleza de los grupos políticos que dejan el poder y la debilidad de los nuevos.

En ocasiones, los gobernadores salientes tienen grupos políticos muy fuertes que pueden poner en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno.

“Lo que sucede, muchas veces, es que el Gobernador entra en una situación de debilidad porque el Gobernador anterior, que gobernó seis años, tiene redes e influencias. Puede hacer que los próximos cinco meses [el nuevo Gobernador] se la pase negociando con manifestantes que le van a cerrar las calles”, explicó Héctor Tejera Gaona, investigador de la UAM Unidad Iztapalapa.

Subrayó que es difícil que los nuevos Gobernadores actúen contra los grupos contrarios porque desatarían las venganzas políticas.

Sin embargo, a veces es imposible no actuar contra los predecesores porque dejan enormes faltantes de recursos públicos en las arcas de la administración pública, que no les queda otra.

Pero hasta en estos casos es difícil que se actúe en contra de “peces gordos”, pues sólo funcionarios de menor rango son quienes llegan a pisar la cárcel por los delitos de políticos de mayor envergadura.

“Así que usualmente, a la larga sí pueden agarrar a alguien que sea vergonzoso, pero en general no se mueve demasiado el agua”, detalló el académico.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL MÁS QUE FALTA DE VOLUNTAD

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En muchas ocasiones, la impunidad no es fruto solo de la falta de voluntad política del candidato convertido en Gobernador, sino de su desconocimiento del andamiaje institucional y de las propias fallas de los mecanismos para combatir una corrupción enquistada en las estructuras administrativas.

“No es solamente asunto de falta de voluntad política, en algunos casos puede que esta sea la razón, pero en otros se trata de una debilidad de las instituciones que los nuevos gobernadores heredan y que son incapaces para poder corregir y aplicar el Estado de Derecho en sus demarcaciones”, explicó Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Después del escándalo mediático de las denuncias públicas ya sea en campaña electoral o recién iniciado un gobierno, se avanza muy poco en la verdadera aplicación del Estado de Derecho y esto refleja el problema institucional que tiene el país en su conjunto.

“Mientras no se rompan estos círculos perversos de debilidad institucional y por lo tanto incapacidad para la aplicación de la ley, continuará la impunidad; y por lo tanto, nuevos incentivos para violarla”, afirmó el investigador de México Evalúa.

Detalló que si a los mecanismos de transparencia no se les acompaña de capacidad técnica de investigación de las instituciones, pues difícilmente se van a documentar correctamente los casos de corrupción, por lo tanto, cuando se presenten a los jueces, los casos se caerán por sí mismos.

Así que sin capacidad de formar fortaleza institucional junto con capacidad de investigación fiscal, financiera y penal, los gobernantes corren el peligro de caer en el descredito por lanzar solo “discursos de bravuconería” sin castigar a los verdaderos responsables de los quebrantos de las finanzas públicas.

“Ese es el peligro de muchos candidatos que buscan hacer promesas simplistas en esta materia, que para poder avanzar en esta lucha frontal sí es fundamental hacer dos cosas: por un lado adecuar muchas de las leyes que tiene resquicios por los cuales se cuelan problemas impunidad”, explicó Marco Fernández.

LA TENTACIÓN ES MUCHA Y NO TIENE CONTROLES

Para Óscar Arredondo, investigador de Fundar, la corrupción está tan enquistada en la administración pública de los tres niveles de gobierno que trasciende a los grupos que entran o salen de un periodo a otro.

“Es muy grave, es como si al llegar al poder tuvieras una garantía de impunidad absoluta gracias al propio fuero. Desde el principio, las leyes ni siquiera te sujetan a ningún principio de investigación, sabes que estás absuelto sobre todo si eres el titular del Ejecutivo y de su grupo de poder”, detalló el investigador de Fundar.

Esto, sumado a que muchas veces hay también un acuerdo tácito de impunidad porque entre una administración y otra también se heredan estos andamiajes de corrupción.

GOBERNADORES SE EMBARRAN DE LODO

En otros casos, los gobernantes que en campaña expresaron su deseo de combatir la corrupción, terminaron inmersos en el lodo que prometieron limpiar.

En campaña, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que su gobierno sería uno de “manos limpias,” es decir, honrado, honesto, transparente y alejado de corruptelas, sin embargo, durante su sexenio encumbró a personajes como la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo –ahora presa- o Carlos Romero Deschamps, Senador priista y líder de los trabajadores petroleros.

En otro caso, el ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías llegó al poder con una amplia aceptación social por su proyecto denominado “Nuevo Sonora” que incluía, además del combate a la corrupción, llegar al fondo en el incendio que cobró la vida de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009.

Padrés Elías no hizo la una ni la otra, incluso tiene tras de sí varias sospechas de enriquecimiento ilícito, ejemplificadas en la construcción de una presa en el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad de su familia.

Seis años después la nueva Gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano, afirmaba que Sonora “no volverá a ser tierra fértil para quienes abusaron de la confianza de los sonorenses y en lugar de servir se sirvieron con la cuchara grande”.

El investigador Óscar Arredondo explicó que en otros casos no existe la posibilidad de coordinar acciones entre el órgano de fiscalización de la fFderación y los órganos de fiscalización estatales y con esto se evita que las investigaciones lleguen más lejos.

Otras veces sucede que cuando llega al poder una persona que en su campaña electoral tenía el discurso la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, pero cuando llega a la Casa de Gobierno empieza a conocer la verdadera dimensión de los grupos de poder o se da cuenta cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en los órganos de gobierno.

Para el investigador Marco Fernández, el verdadero peligro de la impunidad radica en que cuando los políticos no cumplen sus promesas de castigo para los corruptos, se generan niveles de frustración y de desilusión muy altos.

“Es como un bumerán que se regresa contra el que prometió el estado de derecho y cuando eso ocurre en el imaginario del público inevitablemente tiene explicaciones de falta de voluntad política o incluso de complicidad”, detalló.

El especialista mencionó muchos de los problemas que hay en la impunidad no es por complicidad, es por falta de capacidad institucional. “La impunidad se mantendrá mientras las autoridades de investigación no tengan la capacidad de documentar adecuadamente los hechos”.