Rosario Robles Berlanga, una de las pocas mujeres mexicanas que ha ocupado altos puestos tanto en el Gobierno de la hoy CdMx como en secretarías de Estado –incluida la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática–, hoy está en el ojo del huracán por acusaciones que la relacionan con el presunto desvío de 11 mil 224 millones de pesos al erario público en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Robles Berlanga ha negado en repetidas ocasiones que esos desvíos sean su responsabilidad y el martes pasado, ante la andanada de reclamos por parte de diputados federales que le exigían explicar los desfalcos en la Sedesol y la Sedatu –las dos dependencias federales que ha encabezado en la actual administración– argumentó que los ataques en su contra eran producto de la “violencia política de género”. La respuesta a su premisa la dio Martha Tagle Martínez, quien además de ser Diputada federal por Movimiento Ciudadano es defensora y luchadora por los derechos humanos de las mexicanas. Desde la tribuna, Tagle dijo: “No te equivoques Rosario: la condición de género no nos exime [a las mujeres] de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.

Pero el argumento de Robles se ha topado con pared. Su denuncia, según la CNDH y las activistas, no encaja con ninguna de las características para ser considerado violencia de género.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– La comparecencia del pasado martes a la que acudió Rosario Robles Berlanga, actual responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a la Cámara de Diputados, tenía como objeto que la servidora pública rindiera cuentas por su actividad en el último año, y por el escándalo que ha generado un presunto desvío de 11 mil 224 millones de pesos al erario durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la propia Sedatu, .

La sesión, como se esperaba, sacó chispas. La Secretaria fue sometida, en medio de gritos, a fuertes señalamientos que llegaron a tocar la vida personal de Robles. Ella, en cambió, durante toda su intervención intentó defender su inocencia y filtró un argumento controversial, pues hizo referencia a su condición de mujer en un espacio de poder. Al inicio de la comparecencia, la Secretaria se congratuló de la paridad de género del actual Congreso, y obtuvo el apoyo único de las legisladoras priistas que la defendieron durante las nueve horas que duró el encuentro.

Robles Berlanga, una de las pocas mexicanas que ha ocupado altos puestos tanto en el Gobierno de la Ciudad de México como en el federal, afirmó que las acusaciones en su contra eran producto de la “violencia política de género”. La respuesta a su premisa vino de manera inmediata por parte de la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle Martínez, quién le dijo: “No te equivoques Rosario, no te equivoques: la condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.

La legisladora –quien es además una reconocida defensora y luchadora por los derechos de las mujeres en México– le insistió a Rosario que ella era parte de una “red de corruptos” que la habían colocado frente al Pleno, mientras otros secretarios federales eran protegidos. Luego de la declaración, los diputados priistas –el mismo partido que permitido que en el país siete mujeres sufran a diario la violencia machista– siguieron el mismo argumento de la Secretaria y en cada una de sus intervenciones acusaron que Robles era víctima de “violencia política de género”.

En entrevista con SinEmbargo, la Diputada Martha Tagle afirma que la victimización ya no funciona y el evento con Robles no sólo fue desafortunado sino bien planeado por su equipo, ya que desde el principio de su discurso buscó referir al reconocimiento de ser mujer planteando sus intervenciones en este sentido.

De manera consecuente con lo expresado en el Pleno de la Cámara Baja, Tagle Martínez insistió en que se trata de un asunto de responsabilidad de la que no se exime a los tomadores de decisiones públicas, sean hombres o mujeres. La legisladora agregó que las mujeres tienen que “tener que atender mucho de lo que ocurre en la política, definir derechos y responsabilidades para no permitir que las relaciones de poder sean las que nos protejan”.

“Es una forma masculina de ejercer el poder”, insiste la legisladora, pues se exime a las mujeres en la política a tomar decisiones con responsabilidad y con ética. Hasta ahora esas decisiones se desarrollan en un contexto en el que el poder político depende de complicidades y relaciones de poder.

A pesar de considerar que la argumentación de Robles se encontraba descontextualizada, reconoce que algunos medios de comunicación y legisladores sí han incurrido en actos de violencia contra la servidora pública haciendo alusión a su vida privada.

Durante la sesión en el Pleno, por ejemplo, el Diputado Gerardo Fernández Noroña citó la relación existente entre el empresario Carlos Ahumada Kurtz –protagonista de los famosos “videoescándalos”– y Rosario Robles presentándolo como un argumento en su contra.

Tagle también critica la imagen caricaturizada que ha adquirido la Secretaria en ciertos medios y que, como en otros ámbitos, hacen uso de la imagen de la mujer para omitir su actividad política.

UN PAÍS VIOLENTO CON LAS MUJERES

La violencia política de género en nuestro país es innegable. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reconoce que entre 2012 y 2016 se produjeron 156 casos de violencia política contra la mujer. Pero, ¿se puede considerar una comparecencia legal contra una servidora pública como violencia de género?

La misma Diputada Martha Tagle, en entrevista con SinEmbargo, insiste en que no, debido a que a Rosario Robles no se le han limitado sus derechos políticos, ni se le ha dañado en su capacidad de ejercer su labor. Por el contrario, ha ocupado altos puestos públicos de confianza por los que ahora se le cuestiona.

La opinión de la Diputada de MC no dista de la de otras especialistas como Carmen Ponce, economista e investigadora feminista, quien recuerda que Robles Berlanga siempre se “ha escudado bajo el discurso feminista”, pero durante su estancia en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) impulsó un programa para “Madres solas”, concepto que, de entrada, criminaliza a aquellas mujeres que no tienen una pareja, lo que “sí es una muestra de violencia de género”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica la violencia política de género como aquella dirigida hacia las mujeres “para menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”,  y se de en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público o privado. Entre sus manifestaciones ubica la muerte de la mujer por su participación política, agresiones físicas o sexuales, amenazas, intimidaciones, difamaciones y calumnias: todas ellas respondiendo específicamente a la condición de ser mujer.

Además, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política de Género determina que tomando estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica es posible considerar como un acto de violencia basada en el género “cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipo”.

El caso de la funcionaria federal no cumple con ninguna de las características antes determinadas  ya que no se buscó limitar su actividad política. Fue llamada a comparecer al resultar señalada en diversas investigaciones periodísticas como posible responsable de actos de corrupción.

En una investigación realizada por SinEmbargo se halló que “las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos”.

Barbara Stepien, investigadora posdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que “una comparecencia, por sí misma, no puede llamarse violencia política de género, sino que es un mecanismo de responsabilidad, lo que es muy normal en cualquier democracia”.

En el caso de Rosario Robles “es muy difícil decir que fue un acto de violencia política en razón de género”, ya que para que este sea considerado como tal “debe contener el componente de las estereotipos (por ejemplo, las mujeres deben estar en la casa y cuidar los niños y no trabajar) o deben ser actos que afecten especialmente a las mujeres o sólo a las mujeres”, añade la especialista.

“No sé puede disculpar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso es ‘mujerismo’, es asumir que por ser mujeres todo lo hacemos bien”, dijo Carmen Ponce.

Para Ponce, el concepto fue sacado de contexto para ser usado políticamente, ya que no sé ejerció ninguna violencia en su contra por ser mujer si no como funcionaria que tenía que dar cuenta de dónde están los recursos públicos que la ASF registra como irregulares. También considera que de haber sido un hombre el vinculado con el proceso de investigación se le hubiera impugnado de la misma manera.

Si bien la especialista reconoce que las mujeres en el entorno político enfrentan descalificaciones que sugieren que no son capaces de responsabilizarse por las decisiones administrativas, en este caso se intentó hablar de violencia política para desviar la atención sobre la responsabilidad legal y también moral de su actividad en el vacío económico que rodea a la Sedesol y a la Sedatu.

La académica aclara que la violencia política de género ha tenido lugar desde que las mujeres en México han podido incursionar de manera masiva en diversas actividades, contrariando aquella idea que señala que “su lugar no es la política, es la casa”. La apertura que ha permitido el establecimiento de un Congreso de la Unión paritario y de un próximo gabinete con las mismas características ha dado generado “pretextos” como los de Rosario Robles que, además, fueron frenados por su par, Martha Tagle, quién demuestra que el argumento de la victimización “ya no funciona”.

FALTAN DENUNCIAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

En 2018, las mujeres alcanzaron paridad de género en el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados se conforma hoy de un 50.8 por ciento de hombres y 49.2 por ciento de mujeres, mientras que el Senado de la República se integra con un  51 por ciento de mujeres y 49 por ciento de hombres.

Las cifra demuestra que existe un cambio en la conformación institucional, sin embargo la violencia política sigue teniendo presencia.

Barbara Stepien explica que “en México el tema de la violencia política contra las mujeres se encuentra en el centro del debate político y académico recientemente”, constatado especialmente en el último proceso electoral en que la Sala Especializada así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los Tribunales Locales, resolvieron muchos casos relativos a las demandas de las candidatas o aspirantes .

El “Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” es una de las medidas más relevantes como acciones del Estado mexicano para la atención urgente del tema, destaca la investigadora. El  mismo ya ha creado una línea jurisprudencial que, sin embargo, aún tiene que fortalecerse en los tribunales.

De acuerdo con dicho protocolo, a pesar de que existe una institución encargada de sancionar esta clase de violencia –el Instituto Nacional Electoral, en cuestiones de procesos electorales– existe una falta de conocimiento socializado sobre el término, además de un marco jurídico que lo respalde y que impide la presentación de denuncias. A esto habrá que sumar la ausencia de reconocimiento por parte de las mujeres de esta clase de violencia o el miedo a represalias, amenazas, acosos y estigmatizaciones dentro de sus partidos o en sus carreras políticas.