El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares en un evento privado, sin acceso a la prensa y sólo con 25 familiares de desaparecidos, un hecho que para una de las víctimas de los años 70 es indignante, pues les tomó tres años y un largo camino conseguir que, primero, los diputados federales sacaran de la congeladora la iniciativa trabajada por ellos en el Senado de la República, y segundo, porque se diera finalmente la firma por parte del Ejecutivo.

Martha Alicia Camacho Loaiza, de la Unión de Madres con hijos desaparecidos en Sinaloa durante la década de los 70 y sobreviviente de desaparición forzada, no cree en el Estado, pero confía en que la nueva Ley sea un punto de partida para evidenciar el problema de la desaparición en México.

No cree en el Estado porque fue éste el que se la llevó a ella y a su esposo: a él lo torturaron y ejecutaron y, a ella, la hicieron parir a culetazos, vendada y atada de manos.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Luego de tres años de luchar por una Ley que hiciera visibles a los miles de desaparecidos en México y que ayudara a contar con un marco jurídico para investigar y dar seguimiento a los casos, sólo 25 familiares de víctimas estuvieron con el Presidente Enrique Peña Nieto en la promulgación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas  y Desapariciones por particulares, en un evento cerrado y sin acceso a medios de comunicación.

Sólo 25 familiares de unos 45 mil que buscan al mismo número de personas desaparecidas de los últimos años y de la década de los 70, fueron convocados, dijo Martha Alicia Camacho Loaiza de la Unión de Madres con hijos desaparecidos en Sinaloa en los años 70 y sobreviviente de desaparición forzada.

Martha Alicia estuvo presente, en lo que se considera un logro para los familiares que desde hace casi tres años iniciaron la lucha por lograr una Ley que visibilizara el grave problema de desaparición forzada y por particulares que vive el país.

“Una de las cosas que me indigna es que no se le haya permitido el acceso a los medios de comunicación, que se supone que era un evento para que todos los familiares se enteraran que se estaba promulgado la Ley. Esto me pareció algo realmente negativo. También que se haya firmado a última hora. A mí me avisaron que estaba en la lista; pero, son 45 mil desaparecidos, estamos hablando de 45 mil familias y fuimos únicamente 25, creo que se pudo haber hecho algo más grande”, dijo Martha Alicia en entrevista con SinEmbargo.

Las organizaciones que acompañan a las familias avisaron a la prensa a las 10:54 de la mañana, seis minutos antes de la hora acordada para la promulgación, que Presidencia no permitió la entrada a los medios de comunicación en un cambio de última hora e invitaron a los reporteros a asistir afuera de Los Pinos a las 12:00 horas para entrevistar a los familiares, debido a que era un logro de las familias de desaparecidos.

Para Martha Alicia, quien fue víctima de desaparición forzada junto con su esposo en los años 70, es claro que no se le dio la importancia que tenía a la promulgación de la Ley.

“En este país tenemos unas leyes muy bonitas, pero en el estado de cosas que se viven en México, son las que menos se cumplen. Vivimos en un sistema de corrupción donde difícilmente llega la justicia. Pero el hecho de que ya esté por escrito, que haya una Ley que ya nos está apoyando a los familiares me parece estupendo, y aunque tengo mis dudas de que realmente se vaya a cumplir, ya es un paso. Hubiese sido maravilloso que se hubiera dado antes, para los familiares de desaparecidos en los 70 difícilmente encontraremos restos de quienes son nuestros seres queridos”, argumentó.

Martha Alicia fue secuestrada por miembros del Estado mexicano en los años 70 junto con su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga. A él lo torturaron y ejecutaron y, a ella, la hicieron parir a culetazos vendada de ojos y atada de manos, para después pedirle un rescate a sus padres a cambio de la libertad de ella y de su hijo.

“A mi esposo lo torturaron de forma horrible, luego lo ejecutaron extraoficialmente. El cuerpo no se entregó y por eso él continúa en calidad de desaparecido. Nosotros no tenemos confianza en el Estado”, explicó la mujer sobreviviente de desaparición forzada.

LA LEY, UN LOGRO MEJORABLE

Luego de su promulgación, organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que estuvieron presentes durante el acto, aplaudieron que ya exista un marco jurídico en México para las familias de los desaparecidos.

“La promesa de un marco jurídico para afrontar la grave crisis en materia de desaparición de personas, es hoy una realidad para miles de familias. Esta ley es un primer paso para combatir la impunidad existente y garantizar verdad, justicia y reparación a las personas desaparecidas y sus familias.La promulgación de la Ley evidencia la voluntad política de reconocer la magnitud del problema, pero habrá de materializarse en una implementación efectiva, que traiga a las personas desaparecidas de vuelta a casa”, dijo Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Reneaum destacó que la Ley “no es punto de llegada, sino de partida”, pues México enfrenta el desafío de crear instancias y mecanismos especializados de búsqueda, así como el establecimiento del dos programas nacionales vitales: el de búsqueda y de exhumaciones.

“Para los que será necesario que el Estado asigne los recursos suficientes para que puedan operar”, precisó.

Como iniciativa de Ley estuvo en la congeladora de la Cámara de Diputados durante dos años y en septiembre fue subida al Pleno y votada.

Pablo Reyna Esteves, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, consideró que la Ley contiene avances que permiten a las familias tener un marco que les permita buscar a sus familiares, así como exigir justicia a las autoridades.

Uno de sus puntos débiles es que la Comisión Nacional de Búsqueda no está planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.

“Eso es una de las limitaciones. Tampoco está claro en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de desaparición y desaparición  forzada. Es tal la crisis tan generalizada y sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México, que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera eventualmente agregado”, explicó.

Sin embargo, la promulgación de la Ley les ha dado esperanzas a las familias.

María Josefina de León Mendoza, de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, recordó que lograr la promulgación de la Ley fue un camino “bastante difícil” para los familiares que luchaban por ser escuchados.

“Es logro bastante importante, pero también es el inicio para que sea efectiva. Esa es la tarea ahora que falta por hacer: aterrizar esta Ley e implementar la Comisión Nacional de Búsqueda en los estados. Se tiene mucho que perfeccionar, pero se tiene que empezar por algo, este instrumento no existía”, dijo.

LOS SIETE PUNTOS PRIORITARIOS

Las familias de los desaparecidos pusieron sobre la mesa siete puntos prioritarios para hacer efectiva la ruta de trabajo para la implementación de la nueva Ley.

El primero de ellos es la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales, asegurando procesos abiertos y participativos en la designación de titulares y la dotación de presupuesto necesarios para la búsqueda efectiva de personas.

Los familiares solicitaron la constitución de los órganos de participación, debido a que uno de los grandes aportes de la Ley es la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de un Sistema Nacional de Búsqueda “donde la participación de las víctimas es un eje transversal”.

En un tercer punto pidieron la creación de nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses, a través de una reforma integral al artículo 102 Constitucional.

Como cuarto punto exigieron la creación de plataformas tecnológicas y protocolos para el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas, y que se garanticen los  derechos de las víctimas con una declaración especial de ausencia por desaparición.

Las familias pidieron que se reconozcan las competencias del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas y como sétimo punto plantearon las entidades federativas se comprometan a implementar la Ley eficazmente, con la participación de las familias y presupuesto suficiente para operarla.