Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- En el dictamen de la Reforma Energética se especificó que Petróleos Mexicanos (Pemex) actualmente genera utilidades por 40 mil millones de dólares anuales, y se prevé que con la apertura a empresas privadas para realizar distintas tareas de exploración y producción las ganancias se incrementarán de 80 a 100 mil millones de dólares.

Estos excedentes, dice el texto, serán administrados y resguardados por el Banco de México, en un fideicomiso que será creado oportunamente.

No obstante, la enorme cantidad de recursos que se generarán y los nulos controles de vigilancia y transparencia que se implementaron en la Reforma podría tentar a varios servidores públicos a incurrir en aceptación de sobornos para beneficiar a algunas empresas sobre otras en el enorme pastel que representa la industria energética nacional.

Así, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia en los contratos y licencias que se otorgarán a empresas privadas para distintas actividades del sector energético, son temas que se incluirán en la legislación secundaria  de la Reforma Energética, confirmaron legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

“Claro que es una de nuestras principales preocupaciones, porque la corrupción se puede dar de mil maneras, desafortunadamente, en compras, en adquisiciones, en prestación de servicios, en el ejercicio del gasto, por eso mismo necesitamos que se combata en todos los ámbitos, en toda la cadena productiva, afirmó el Senador Javier Lozano Alarcón.

Al día de hoy se ha ventilado en los medios de información, diversas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en Petróleos Mexicanos.

En mayo de este año, Pemex presentó una demanda ante una Corte de Nueva York contra César Nava Vázquez, por presuntamente haber participado en una conspiración para defraudar a la paraestatal, en colusión con las empresas Siemens y SK Engineering, cuando se despeñó como Director Jurídico de la paraestatal de 2001 a 2003.

La demanda fue desestimada en junio de este año.

Ese mismo mes, senadores del PRD pidieron iniciar un procedimiento administrativo en contra de Georgina Kessel Martínez, ex Secretaria de Energía y Juan José Suárez Coppel, ex Director General de Pemex –ambos en el sexenio de Felipe Calderón-, por presuntamente haber aprovechado sus cargos públicos para conseguir sus actuales empleos en la iniciativa privada.

Juan José Suárez Coppel forma parte del consejo directivo de Jacobs Engineering Group, proveedora de servicios técnicos y profesionales de construcción, mientras que Georgina Kessel es miembro del Consejo de Administración del consorcio español de energía, Iberdrola.

COMBATE A CORRUPCIÓN, TEMA DE LEY SECUNDARIA: PAN

El Senador Javier Lozano precisó que para evitar todo tipo de corruptelas, el Estado cuenta y contará con diversos órganos reguladores que van más allá del recientemente reformado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Indicó que también será muy efectiva la Comisión Nacional Anticorrupción, aprobada en estos días por el Senado.

“Pero no hay un solo órgano regulador, estamos hablando de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional e Hidrocarburos, obviamente la Comisión Nacional Anticorrupción, del propio órgano interno de control que pueda tener estas grandes empresas productoras del Estado, el propio IFAI, es todo un andamiaje jurídico e institucional”, detalló.

El legislador no descartó que se realicen sobre la marcha, gran parte de las reformas anticorrupción que permitan fortalecer el andamiaje anticorrupción. No obstante, aseguró que los legisladores serán muy estrictos en este tema, así como en el diseño de los órganos reguladores.

“Institucionalmente estamos mejor preparados que antes, pero eso o es ninguna garantía, porque los vivales encuentran la manera de salirse con la suya, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de cerrar todas las puertas, todas esas rendijas que queden por allí abiertas, para evitar que por allí se meta la corrupción”, afirmó el Senador por el estado de Puebla.

A pesar de que estas dependencias serán fundamentales para combatir la corrupción, el Senador Lozano consideró oportuno reformas diversas leyes para incrementar las sanciones a los servidores públicos, a fin de provocar un efecto disuasivo.

“Sí claro [incrementar sanciones], lo más que se pueda sin llegar a ser confiscatorias. Si no son ejemplares las sanciones y si los órganos reguladores no tienen dientes, es sólo una llamada a misa. La tentación de la corrupción va estar presente siempre”, apuntó el legislador del blanquiazul.

HAY CONTROLES SUFICIENTES: PRI

Para el Diputado Manuel Añorve Baños, del PRI, la Reforma Energética sí incluye el combate a la corrupción en las nuevas empresas productoras del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Lo que nosotros autorizamos, se centraliza en la transparencia absoluta para que los contratos de asignación por parte de Pemex se haga vía este Consejo de Administración, que será mandatado vía el Senado de la República, de manera plural, transparente y se va a acabar con ese “sospechosismo” de corrupción que se pudiera estar presentando en algunas áreas de Pemex.

Aunque el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión y los congresos estatales nunca mencionan la frase combate a la corrupción, el Diputado Añorve aseguró que existen instrumentos jurídicos e institucionales suficientes para prevenir y combatir este flagelo en la apertura comercial de los hidrocarburos nacionales.

“Las reglas del juego que estamos poniendo sobre la mesa con la Ley Anticorrupción, con la Ley contra el Lavado de Dinero, pues ya son muchos candados para quien piense dar un paso en falso, que no va a estar exento de la aplicación de la ley”, afirmó el priista.

PROPONEN SANCIONAR SOBORNOS DE EMPRESAS INTERNACIONALES

En este marco, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Bautista López, planteó incrementar las sanciones a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción y soborno, para beneficiar a empresas internacionales a obtener licencias, permisos o dictámenes a favor de sus intereses.

Según el legislador, esta práctica quedaría prohibida en la Ley de Inversión Extranjera y fijaría una multa “hasta por el doble del importe de la operación realizada al amparo de la acción fraudulenta”, planteó el perredista en su documento.

Con su iniciativa, la Ley en comento plantearía que los inversionistas “se abstendrán de realizar o apoyar a terceros para la comisión de actos que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos o clases sociales”.

A los infractores, se lee en el texto, “se les revocarán las autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Inversiones”.

Su iniciativa contempla, además, reformar la Ley del Mercado de Valores, para que se culpe de deslealtad frente a la sociedad, a los miembros y al secretario del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles “cuando autoricen presupuestos o informes financieros que incluyan recursos destinados a fomentar prácticas de corrupción en funcionarios públicos”.

Como ejemplo, el legislador se refirió al caso de la cadena de tiendas Walmart, que presuntamente habría sobornado a servidores públicos mexicanos, para construir una tienda en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, denunciado por medios internacionales, como The New York Times.

Se ha demostrado “la activa participación de los más altos mandos de ese corporativo comercial en nuestro país y en el extranjero, la asignación permanente de recursos en su presupuesto de funcionamiento para la comisión de estas conductas y las nulas consecuencias a dichos actos”, apunta Bautista López.

No obstante, señaló que este caso no es excepcional, lamentablemente es común el uso de sobornos para agilizar trámites obtener licencias, permisos, dictámenes de impacto ambiental e incluso modificaciones a planes de desarrollo urbano, sin consecuencias para los funcionarios que incurren en estos casos de corrupción.

“Con esto se afecta el desempeño honrado de los funcionarios, lo que debilita la vigencia del Estado de derecho en su conjunto y tiene como consecuencia la afectación de la soberanía nacional”, sostuvo el perredista.