Por Angélica Simón*

No es lo mismo tener una buena actuación, que actuar bien.

Esto es tomar los eventos globales como la recientemente concluida Décima Tercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), -que tuvo lugar en México- como un escenario de lucimiento, o hacer lo pertinente para garantizar la conservación de la biodiversidad.

La realidad es que a pesar de una lista de acuerdos y decretos anunciados por el gobierno mexicano a lo largo de esta COP13, nuestro país dista mucho de coadyuvar al cumplimiento de varias metas de Aichi para el 2020.

Es el caso de la meta 18, al resistirse a respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos hay una clara lejanía.

Sol Ortiz, titular de CIBIOGEM, presumía durante las reuniones el apego al Protocolo de Cartagena (PC) -documento revisado en esta cumbre- mientras que en la selva maya recientemente se revelaba la presencia ilegal de soya transgénica en contravención a las sentencia del mandato de la Suprema Corte de Justicia y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y sobre todo, en oposición al deseo de las comunidades que han manifestado claramente su rechazo al cultivo de organismos genéticamente modificados en su territorio.

Sobre el avance del cumplimiento de las metas Aichi en el marco de la protección de los océanos, durante la Conferencia, el secretario de medio ambiente Rafael Pacchiano anunció la creación de 4 nuevas áreas protegidas: la Reserva de la Biosfera del Gran Caribe Mexicano, La Sierra de Tamaulipas, Pacífico Mexicano Profundo e Islas del Pacífico. Sin embargo, estas declaratorias no proporcionan una protección real por no contar con un programa de manejo, ni se estipula la fecha en que estos estarán.

En el marco de la meta 10 de Ahichí -que pretende disminuir la presión sobre los arrecifes-, ésta avanzó en cuanto a la protección del 50 por ciento del arrecife mesoamericano con la nueva gran reserva del caribe. Sin embargo no existe un real compromiso de bajar la presión sobre estas con el modelo de desarrollo turístico actual y más aún cuando el polígono de esta área natural protegida no fue diseñado bajo ningún aspecto técnico científico.

Al mismo tiempo que el gobierno apresuraba los anuncios sobre las nuevas áreas naturales protegidas en papel, especies en inminente peligro de extinción seguían desapareciendo, mermando la biodiversidad del país. Es el caso de la vaquita marina, con la cual se da un incumpliendo con la meta 12, la cual establece que 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación.

La COP13 fue el escenario para que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad diera a conocer el volumen IV de la obra: “Capital natural de México. Capacidades humanas e institucionales cuyo objetivo es aportar al diagnóstico del país e información científica relevante sobre el estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda, para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi.

Lamentablemente los esfuerzos de financiamiento para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad abre una amplia gama de mecanismos y modalidades de recaudación de fondos, muchos de los cuales provienen de empresas que, por un lado hacen aportes financieros para la conservación, pero por otro, no se comprometen a evitar el agotamiento de recursos o detener el deterioro ambiental.

Lo anterior es parte de lo que Greenpeace considera una “mercantilización de la naturaleza”.

Este diagnóstico se suma a la lista de iniciativas y acuerdos impulsados por el gobierno mexicano en el marco de la COP13, entre los cuales está el acuerdo entre Sagarpa y Semarnat para preservar bosques y fortalecer la sustentabilidad del país al dejar de incentivar actividades agropecuarias en zonas con vocación forestal; además se firmó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, y la Ampliación de las Áreas Naturales Protegidas, acuerdos que más allá de mostrar buenas intenciones, deben traducirse en medidas concretas de implementación y monitoreo para garantizar la real protección del medio ambiente y la integración de la biodiversidad.

Greenpeace estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos antes señalados. Sólo entonces el gobierno mexicano podría decir que su gobierno está actuando en favor de la biodiversidad y no que los anuncios hechos en esta COP13 fueron una pasarela de buenos deseos o anuncios para su lucimiento en un evento global.

***Angélica Simón es coordinadora de medios en Greenpeace México.

Greenpeace

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