Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Programa Blindaje Electoral 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con fines políticos electorales, no es suficiente y no sirve si no viene acompañado de otras medidas y componentes que verifiquen si en realidad este delito deja de existir, plantearon especialistas consultados por SinEmbargo.

Ayer,  María Evangélica Villalpando Rodríguez, comisionada para la Transparencia de la Sedesol, destacó los cuatros puntos del programa de la dependencia para el ejercicio libre del voto, la transparencia y la seguridad jurídica de los comicios de este año.

1)   Reprogramación de la entrega de recursos directos.

2)   Resguardo de Recursos humanos y materiales.

3)   Capacitación de los servidores públicos en materia de delitos electorales, y

4)   Difusión de material para inhibir la comisión de conductas contrarias a la ley.

“Yo creo que son insuficientes. Creo que más allá de la difusión, diría que hace falta generar un programa de capacitación que utilice como vehículo los programas sociales para que las personas que son usuarias de la política social tengan conocimientos de cuáles son sus derechos”, aseguró Alfonso Celestino Pérez, de la asociación Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social  (Incide Social).

Agregó que la difusión debe hacerse no como una estrategia de blindaje electoral sino como una medida permanente, para que se capacite a los usuarios de los programas en el conocimiento de sus derechos.

Por su parte, la maestra Ivonne Acuña Murillo, del Departamento de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Iberoamericana, expuso que lo adecuado sería que el blindaje operara no sólo en los programas sociales que maneja la Sedesol, sino en otras dependencias y/o acciones (como la entrega de televisores para el “apagón analógico”) para evitar que los votantes asocien la entrega de alguna cuestión en especie con el sufragio.

“Eso sería lo deseable: que realmente el blindaje operara, pero de manera extensa, no solamente de los muy localizados de los programas de Sedesol”, afirmó la experta.

Asimismo detalló que hay que observar muy de cerca las medidas para que no queden sólo en declaración, debido a que no es la primera vez que suspenden la entrega de estas ayudas de los distintos programas un poco antes de las elecciones.

“Lo que habríamos de exigir a las autoridades es que nos digan qué es lo nuevo y qué va a hacer que ahora sí funcione [el blindaje] a diferencia del pasado”, mencionó Acuña Muriillo.

UNA ACCIÓN REPETITIVA

La abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez enfatizó que “no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, que los recursos económicos, materiales y humanos de la Sedesol se utilicen con fines electorales, por lo que habrá tolerancia cero en ese sentido”.

Como parte de esta estrategia, la funcionaria de Sedesol informó que “el combate no se detiene y que cada uno de los programas sociales seguirá funcionando de manera normal y sólo se adelantará 4 días la entrega de las transferencias económicas como las de Prospera, Programa de Inclusión Social, y de la Pensión para Adultos Mayores, para evitar cualquier mala interpretación. Solamente se suspenderán la difusión o propaganda de obras y acciones”.

Sin embargo para los especialistas no es la primera que se hacen este tipo de declaraciones para “blindar” un proceso electoral con un mensaje repetitivo, pero muy poco efectivo.

La académica Ivonne Acuña consideró “bien que se busque hacer este blindaje, pero me parece que la ciudadanía y los que hacemos análisis político tenemos muchas razones para dudar de su eficacia y esperar que efectivamente ese blindaje se lleve a cabo y que funcione”.

“Es una declaración sí pomposa y rimbombante, pero no nos está aportando realmente cómo van a evitar o cómo van a sancionar a sus propios funcionarios”, expresó.

Destacó que no son medidas nuevas y que en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto “hemos visto una recurrencia, lo hemos visto en materia de seguridad, también en programas sociales (como Prospera) en la que se presentan cosas como nuevas que realmente ya estaban operando en el sexenio anterior, en el sexenio de [Felipe] Calderón”.

En ese contexto, aseguró, las medidas no son nuevas ni están ofreciendo algo extraordinario, sino más bien lo que se debería reiterar es la obligación que tienen los actores políticos y la ciudadanía de observar que la estrategia en realidad se lleve a cabo.

“No hay que incurrir en la ingenuidad de suponer que porque ignoran [los funcionarios públicos] una legislación electoral no vayan a incurrir en un delito o que no van a cometerlo porque se le sensibilice. Tenemos décadas en las que los distintos partidos políticos compran votos: aunque antes era un privilegio del PRI [Partido Revolucionario Institucional] ahora es una cultura que se ha extendido en todos los partidos políticos ”, aseguró la analista de la Ibero, respecto al punto tres.

Alfonso Celestino reconoció incluso que en el programa hay algunas medidas ”ridículas, como el resguardo vehicular, que reflejan el nivel de exceso al que han llegado los funcionarios violando la ley y el uso de recursos con fines proselitistas”.

COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES

Ambos analistas coincidieron en que además de los componentes del Programa Blindaje de Sedesol debe haber una mayor actuación de otras instituciones, secretarías y de la misma ciudadanía para observar y verificar que estas medidas se cumplan.

Señalaron que debe haber una mayor participación de la Fiscalía de Derechos Electorales, quien de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), deben estar vigilando la entrega de programas sociales, pero no sólo estos dos organismos.

Necesitamos que el INE esté realmente observando esos fenómenos y aplicando las sanciones cuando los distintos actores políticos y sociales hacen denuncias de compras de votos y entrega de despensas o recoger números de elector o credencial de elector asociados, expusieron los analistas; “necesitamos que funcionen más instituciones que sólo la misma Sedesol afirmando que va a blindar sus programas”, comentaron.

Ivonne Acuña destacó que al INE le corresponde la observación, pero que “todos tendríamos que estar observando” porque a la ciudadanía es a quien le compete cuando observan o son sujetos a este tipo de acciones que condicionan la ayuda con el voto.

“Es un trabajo conjunto de gobierno y sociedad. Los ciudadanos tenemos que ser más exigentes también para denunciar este tipo de conductas que pues también entre ellos se denuncian cuando sus intereses se ven afectados, pero el caso es que todos los partidos o la gran mayoría o los más grandes incurren en los mismos delitos”, afirmó.

Por su parte, Alfonso Celestino reiteró que hace falta la capacitación a los usuarios de los programas sociales a los que tienen derechos, porque desde que empezaron a utilizarse las estrategias sociales se creó un sistema de condicionamientos de las personas.

Al respecto, la Sedesol informó que se publicará la Guía de los Derechos de los Beneficiarios de los Programas Sociales, en la cual se explicarán, de forma clara y sencilla, sus derechos básicos, entre los que destacan que nadie puede condicionarles la entrega de apoyos con fines políticos o electorales; se les informa que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo durante la entrega de apoyos, y se les proporcionan los datos necesarios para presentar denuncias correspondientes, en caso de ser víctimas o testigos de alguna conducta irregular.