Ciudadanos llevan a la SCJN Artículo de la Ley Telecom que “discrimina” lenguas indígenas

20/01/2016 - 12:02 am

El amparo interpuesto por varias radios comunitarias y personajes que ocupan espacios importantes en los medios de comunicación y se adscriben a sus pueblos originarios se trata del primero que toma la SCJN respecto al Artículo 230 de la Ley Telecom y podría ser un primer revés a la reforma más exitosa de la administración priista.

Mardonio Carballo, un representante de las culturas originarias. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Mardonio Carballo, un representante de las culturas originarias. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– Del paquete de reformas estructurales que fueron elaboradas e impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto, la de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha sido la que más frutos ha rendido, sobre todo en cuanto a inversión extranjera, razón por la que en múltiples ocasiones ha sido merecedora de aplausos y discursos completos.

Pero esta Ley guardó en su Artículo 230 una disposición que en palabras de agraviados y expertos es a todas luces discriminatoria y atenta contra los derechos básicos de la libertad de expresión, ya que se estipula que en las transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del “idioma nacional”.

El artículo continúa: “Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda”.

En 2015, Mardonio Carballo, poeta, actor y periodista en español y náhuatl interpuso un amparo que será discutido el día de hoy en le Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con la queja, el Artículo 230 restringe el uso de lenguas indígenas a las concesiones de uso social destinadas a ello, imponiendo la lengua “nacional” –entendida como el español– a todas las demás concesiones; se imposibilita el derecho a recibir información y contenidos en lengua indígena; restringe las posibilidades de financiamiento de comunidades indígenas que deseen vender proyectos comunitarios en su lengua, pues los concesionarios no querrán difundir contenidos culturales en lengua indígena; y transgrede el derecho a la difusión de información en los medios de comunicación en condiciones de libre expresión y sin discriminación.

Este artículo también vulnera otros tratados en los que se reconoce la existencia de múltiples lenguas en México, un país con 11 familias lingüísticas reconocidas.

En entrevista para SinEmbargo, Mardonio Carballo se cuestionó sobre el origen de esta ley y las razones para las que fue elaborado y nombró como “irrenunciable” el reconocimiento y uso de las lenguas indígenas en cualquier ámbito de la vida pública mexicana, derecho que la sociedad ha ganado con los años, “a los indios no se nos ha regalado nada. Todo lo hemos tenido que pelear”.

“Cuando nos enteramos en 2014 del artículo 230 de la Ley, fue sorpresivo en tanto que hay una Ley de Derechos Lingüísticos, que otorgó el carácter de lenguas nacionales. No hay una lengua nacional, hay lenguas nacionales, donde el castellano o español, es una de las más de 60 lenguas nacionales que existen en este país”, dijo.

En lo que respecta a la parte del artículo que reserva el uso del resto de las lenguas a medios de uso indígena, señaló que se detecta un dejo de ignorancia o cierto paternalismo, al usar frases como “sin prejuicio” de los pueblos indígenas, “hay como cierta buena onda, ‘no vamos a perjudicar a los indios, no hay bronca, ellos pueden seguir hablando su lengua en donde así esté permitido’. Equivale a hacer una reservación en el espacio radioeléctrico mexicano para las lenguas indígenas, ‘allá si, allá en el cerro está bien, en su rancho, en su pueblo’”.

Al amparo interpuesto se sumaron varias radios comunitarias y personajes, que como dice Carballo, ocupan espacios importantes en los medios de comunicación y se adscriben a sus pueblos originarios. Se trata del primero que toma la SCJN y podría ser un primer revés a la reforma más exitosa de la administración priista.

Para Aleida Calleja Gutiérrez, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), este artículo evidencia dos cosas; por un lado, se demuestran las violaciones a los derechos que en algún momento se previeron durante el proceso de discusión de la Ley en 2014, y por otro, que no se tienen las instituciones necesarias para la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más excluidos, que son los pueblos indígenas.

Nos habla de instituciones, tanto del ejecutivo como del legislativo, que simplemente pasaron por alto los derechos, en este caso, de los pueblos indígenas, pero diría de muchos otros derechos en términos de libertad de expresión y que por desgracia, a pesar de que nosotros mantenemos esas instituciones y nosotros las legitimamos como sociedad, no fueron capaces de cambiar esta circunstancia”.

UNA REFORMA PARA LOS GRANDES

Desde la perspectiva de la especilista, la Ley Telecom miró principalmente a los grandes grupos y se olvidó de los grupos pequeños comerciales y dentro de esto, el Artículo 230 y otras disposiciones atentan no solo contra los pueblos indígenas, sino contra todo el sector social en general.

Explicó que de cierto modo, la Ley funcionó como muro en lo que respecta al acceso de los medios indígenas a las frecuencias, “cuando el IFT hizo los lineamientos de Acceso a las Frecuencias, se tuvo cierto avance porque se recuperaron varias propuestas de las organizaciones de las comunidades indígenas y facilitó la entrada o el acceso a las frecuencias. Sin embargo no pudo ir más allá de lo que establece la Ley, porque el problema se tiene de origen […] En términos de los derechos culturales de los pueblos indígenas específicamente este artículo es el que los finita; genera discriminación tanto de yugue y como de facto porque es una discriminación de ley, mediante la cual se refuerzan los procesos de exclusión”.

Dicha Ley brincó algunos tratados a los que México está adscrito, además de otras leyes nacionales. Está el Artículo 23 y el 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de marzo de 2003, que es donde desaparece el enunciado “lengua nacional” en singular y se establece en su artículo 4 el reconocimiento de sus lenguas indígenas y el español como “lenguas nacionales”.

En este sentido, el productor y conductor de programas como Las Plumas de la Serpiente –que se transmitía en el noticiero de Carmen Aristegui en MVS y que hoy continúa en Aristegui Noticias– y De Raíz Luna y De Raíz Doble –ambos transmitidos por Canal 22– enfatizó en que el Artículo 230 es retrógrada y oscurantista, ya que considera, se busca regresar a las etapas de castellanización absoluta.

Dentro de este escenario, hasta la fecha, hay dos figuras que no se han pronunciado: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a pesar de tener las facultades de hacerlo.

El Inali, que actualmente es dirigido por Javier López Sánchez, es el organismo responsable de velar el cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos y tiene amplias atribuciones para actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las instancias de los poderes legislativo y judicial de los gobiernos, estados y municipios y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas de la materia.

En cuanto a la CDI, Carballo comentó que actualmente se lleva a cabo un proceso de desmantelamiento de la Red de Radiodifusoras Indigenistas de dicha institución de la que hoy está a cargo Nubia Mayorga. “Supongamos que el artículo no es inocente. Tenemos esa Ley que nos constriñe a usar nuestras lenguas en estaciones de radio y televisión de uso social indígena. Supongamos que nos conformamos con eso. Hoy, enero de 2016, nos constriñen a las radios que están desmantelando. Estamos al tanto del desmantelamiento de radios de todo el país. De esas radios que sí son de uso social indígena y que pertenecen a la CDI”, agregó Carballo e hizo un llamado a los dos funcionarios a que realicen un pronunciamiento.

LA SECRETARIA DE CULTURA VA IGUAL

Rafael Tovar y de Teresa, titular de la nueva Secretaría de Cultura. Foto: Cuartoscuro
Rafael Tovar y de Teresa, titular de la nueva Secretaría de Cultura. Foto: Cuartoscuro

Dentro de esta discusión, la creación de la Secretaría de Cultura sale a tema, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para agregar a este nuevo organismo en las bases de organización de la Administración Pública Federal, se señala que una de las atribuciones de esta nueva Secretaría será la de “Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del ‘idioma nacional’, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas producciones”.

“¿Por qué hay una ley como esta cuando ya hay ciertos personajes que nos adscribimos con orgullo a nuestros pueblos, ahora que ya tenemos cierta presencia? Parece que se trata de invisibilizar algo que ya no pueden. Es absurdo intentar ocultar la presencia de los pueblos indígenas a partir de una ley. Si la ley es naif, las personas que hicieron esta ley deberían darse cuenta en qué país viven: en uno donde hay 13 millones de personas que no hablan el idioma que ellos hablan; que cuando les dicen ‘educación bilingüe’ no piensan  en el inglés; que creen en otros dioses. Eso habría que decirles”, enfatizó Carballo.

Esto, aunque según el periódico La Jornada del pasado 5 de enero, Arturo Zaldívar ministro de la SCJN, declaró que establecer el uso exclusivo o preferente del idioma español en las concesiones de radiodifusión resultaba inconstitucional y que constituía un trato discriminatorio contra los pueblos indígenas, la presencia de este artículo sienta un precedente, ya que sólo dejaría de tener vigencia, pero como según lo indicó Calleja, se tendrá que observar si el Congreso tiene “la capacidad de corregir su error”.

“Este es el regreso del PRI. Nos habíamos desacostumbrado a la maquinaria con la que funcionan, que está totalmente aceitada, que cuida sus intereses que apuntalan hacia otros lados […] Esta ley es el reflejo de un país. Un país que no se quiere mirar la raíz, que no se quiere mirar el ombligo. Que no quiere ser lo que es. De un país que vive en la negación”, concluyó Carballo.

Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
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