La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, a cargo de Carolina García Cañón, no ha actuado para reubicar a la fauna que se ha visto afectada tras la devastación de Tajamar, acusan activistas.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El predio del manglar Tajamar, con una extensión de 58.76 hectáreas y donde autoridades de Quintana Roo enterraron a animales vivos, se destruyó durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero tiene el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desde los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, para dar paso al proyecto “Malecón Cancún”.

De acuerdo con Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hizo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó ante la Dirección de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat en julio de 2005, para solicitar el cambio de uso de suelo forestal de las casi 59 hectáreas, hacer la urbanización y presentar un proyecto para desarrollar los lotes.

“Al presentar la MIA, [Fonatur] pone información falsa respecto al manglar, dice que no existe manglar allí”, puntualizó la activista.

Domínguez precisó que quien firmó el permiso fue el entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental, el biólogo Ricardo Juárez, quien ha sido señalado “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”.

Y recordó que “en 2007, el Congreso de la Unión hizo una solicitud de destitución [del biólogo Ricardo Juárez Palacio] a la Semarnat porque tenían documentados 70 proyectos en los que había irregularidades, ilegalidades, inconsistencias, falsedades, etcétera”.

El 17 de octubre de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz dijo durante su intervención en la comparecencia del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “la destitución disfrazada de renuncia, del biólogo Ricardo Juárez Palacio, nos otorga la razón en torno a la conducta criminal, negligente y ejemplarmente corrupta, que exhibió el funcionario al frente de la Dirección General de Impacto Medioambiental, durante todo el foxismo [2000-2006]”.

FONATUR PAGÓ CON EL MANGLAR A EMPRESA

Hay un proyecto de 10 lotes en Tajamar que pertenece a una empresa italiana denominada Bi&Di. La activista señala que esos terrenos le fueron otorgados tras ganar una demanda que le impuso a Fonatur.

Hace algunos años, Bi&Di compró a Fonatur un lote en una playa pública llamada “El Mirador”, sin embargo no fue posible llevar a cabo las construcciones planeadas debido a que el lote no contó con las condiciones apropiadas, así que ni el Programa de Ordenamiento Ecológico ni el Plan Director de Desarrollo Urbano lo permitieron.

Por ello, la constructora demandó a Fonatur y al ganar el caso le fueron entregados los terrenos en Tajamar.

En julio de 2015, Fonatur hizo un llamado para presionar a la empresa para que ingresara a “limpiar el predio porque el permiso estaba por vencer. Bi&Di se mete, limpia los terrenos, pero incumple las condicionantes porque además el permiso de cambio de uso forestal es intransferible, por lo tanto no lo podía hacer un particular, lo tendría que haber hecho el propio Fonatur”, señala Domínguez.

En agosto del mismo año, la activista, junto con el presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos A.C. en Quintana Roo, Gerardo Solís, presentaron 4 mil 333 denuncias para pedir que se anulara la autorización emitida por la Semarnat en julio de 2005 a favor de Fonatur y entonces Tajamar quedara a salvo.

Tres meses después, el Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, aprobó la suspensión definitiva del proyecto inmobiliario luego de que 113 niños promovieran un amparo para evitar la destrucción de la zona de manglar en que sería construido. El juez fijó a los menores una fianza de 20 millones de pesos con el fin de compensar los posibles daños y perjuicios a las empresas que pretendían edificar en el lugar. Al no poder pagar la fianza, el juez suprimió la suspensión definitiva.

Prueba de ello es que Fonatur “entró el pasado 16 de enero a las dos de la mañana llegan en un operativo –como si fueran a buscar a “El Chapo” Guzmán– más de 100 granaderos, antimotines, policía municipal, patrullas y motos llegan a cercar por completo el terreno y dejan ingresar la maquinaria pesada. En menos de horas arrasaron con todo, pero incumplieron: no rescataron ni flora ni fauna”.

“La policía no está para atender intereses de empresarios”, puntualizó.

Dos días después, la policía se retiró, los activistas lograron entrar y observaron que aún había animales con vida. Nuevamente los trabajadores intentaron ingresar a Tajamar para realizar labores de relleno, pero los activistas lo impidieron: “echamos para fuera los camiones, Fonatur no tiene un plan para poder reubicar a los animales, ¿qué va a pasar con ellos”, cuestiona.

La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, a cargo de Carolina García Cañón, no ha actuado al respecto.

“Nos hemos acercado a Profepa, no hay forma de que nos contacten bajo ninguna circunstancia. No responden, no se presentan, incluso yo pienso que ni siquiera al llamado de las autoridades municipales porque lo que tratamos de hacer nosotros con los animales [rescatarlos] es algo que tendría que estar haciendo la Profepa, pero no hace su trabajo. Profepa brilla por su ausencia, no se han aparecido por Tajamar ni una sola vez”, denuncia.

EL PERMISO VENCE Y LAS CONSTRUCCIONES PODRÍAN AVANZAR

El próximo mes expira el permiso que la Semarnat otorgó al Fonatur en julio de 2005 para realizar la construcción y con ello, de acuerdo con el abogado Leonardo Kumul, de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos A.C., los empresarios podrían tramitar un nuevo permiso a partir de febrero y –en caso de conseguirlo– tendrían oportunidad de ingresar a Tajamar para edificar.

En un comunicado, el Centro de Derecho Ambiental (Cemda) informó en agosto de 2015 que “Fonatur ha manifestado que cuenta con los permisos correspondientes –otorgados durante la administración de Felipe Calderón en 2005 y 2006- para llevar a cabo el proyecto que contempla desarrollar oficinas, comercios, apartamentos y un hotel Business”.

El 31 de julio, el Cemda interpuso un amparo contra la Autorización de Impacto Ambiental condicionada, otorgada por la Semarnat, en favor del Fonatur para la construcción del Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.

La organización denunció que dicho proyecto destruye especies de manglar que se encuentran bajo protección especial, de acuerdo con la Norma 059 de Semarnat.

En la solicitud de amparo Cemda subrayó la necesidad de que dicha autorización debía invalidarse, ya que “se presentó información falsa para obtenerla, pues se omitió señalar la existencia de manglar en la zona”, en ese punto coincide Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

LA SEMARNAT DEFIENDE EL PROYECTO 

Por su parte, la Semarnat confirmó esta noche a través de un comunicado que su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgó en julio de 2005 la autorización en la materia al desarrollo proyectado por el Fonatur en Tajamar.

La Semarnat “otorgó en julio de 2005 al Fonatur, la autorización en materia de Impacto Ambiental para las obras y actividades en el Proyecto Malecón Cancún Tajamar”, dijo.

“Asimismo, desde febrero de 2006, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de Semarnat le otorgó una autorización para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, precisó la dependencia.

Aseguró que el proyecto cuenta también con los permisos de “chapeo y desmontaje” que fueron otorgados por la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), que fueron dados, destacó, “luego de que los desarrolladores cumplieron las formalidades exigida en el Reglamente de Ecología y Gestión Ambiental del Ayuntamiento”.

“Cabe destacar que las autorizaciones federales se otorgaron en su momento después de que los desarrolladores cumplieron con los requisitos establecidos en leyes ambientales”, precisó

La Secretaría del Medio Ambiente señaló también que dichas obras incluían la remoción de 49.10 hectáreas de vegetación hidrófila (manglar, sabana y graminoides), selva baja caducifolia y secundaria, “con el fin de dotar a  dicho espacio de servicios de electrificación, agua potable, sistemas de alcantarillado, pavimentación, jardinerías y banquetas, para concretar la construcción de diversos proyectos inmobiliarios para lo que fueron adquiridos por particulares esos predios”, aseveró.

El documento difundido esta noche destaca que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Porfepa) “supervisó que los trabajos se hicieran en apego a las disposiciones ambientales como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.

Y aseveró que “no se registró durante la ejecución evidencia o existencia de ejemplares de fauna silvestre durante los desmontes llevados a cabo, al amparo de las autorizaciones emitidas por la Semarnat y que la presencia de ejemplares de diversas especies, hoy en día, corresponde a la actividad cotidiana del ecosistema de la zona”.

Informó, que la Profepa ha recibido en esta semana 8 denuncias populares presentadas por particulares que se atienden en términos de ley, las cuales piden mayor presencia de inspectores en el proyecto Malecón Tajamar; así como un informe sobre la actuación de esta autoridad en el tema y la remoción de vegetación, entre otras.

La Semarnat dijo conocer la suspensión provisional concedida hoy por el Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, para suspender cualquier acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación así como el relleno de material pétreo en la zona denominada, Malecón Tajamar, y para el caso de estar ya concluidas se suspenda el inicio de actividades vinculadas con obras civiles, a lo que dijo, “las autoridades responsables darán respuesta en tiempo y forma a dicho Juzgado Federal”.