Por Sandra Laso*

El 26 de octubre del 2016, el Gobierno de Yucatán emitió el decreto 418/2016 que declara al estado como zona libre de cultivos agrícolas transgénicos y como territorio en transición hacia la producción orgánica y agroecológica.

El decreto establece medidas para promover la producción ecológica y sostenible a través de las dependencias locales, mismas que deberán desalentar o desfavorecer la entrega de semillas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM), pero de acuerdo con sus facultades no las prohibiría ni directa ni indirectamente.

Este decreto es un acto valiente y una herramienta del gobierno local para hacer frente a la batalla entre los dos modelos de agricultura: el modelo agroindustrial que conlleva un uso excesivo de agrotóxicos y monocultivos, y el modelo agroecológico basado en el conocimiento del agroecosistema y el cuidado de la biodiversidad. Pero sobre todo, es una medida que responde a las voces de la población maya y la ciudadanía que demandan la protección y garantía de nuestros derechos: a la alimentación de calidad, a la salud, a un medio ambiente sano, al trabajo y a la autodeterminación de la población maya.

En respuesta el gobierno federal dio un golpe bajo a las comunidades mayas, a la evidencia científica, y a miles de mexicanos que hemos rechazado por años los transgénicos y lo hizo presentando una controversia constitucional al decreto, alegando que es competencia federal la siembra de OGM. La demanda fue interpuesta justo después de concluir la celebración de la Convención sobre la Diversidad Biológica 2016 en Cancún, bajo la cual la preservación de la biodiversidad y de la agro-biodiversidad está contemplada como derecho humano por su convenio y por el Protocolo de Cartagena, ambos tratados ratificados por el Estado Mexicano.

De acuerdo con la Ley de Bioseguirdad de OGM, Sagarpa y la Cibiogem son las instituciones facultadas para establecer zonas libres de transgénicos, pero han ignorado y discriminado a las comunidades mayas yucatecas desde la primera vez que solicitaron esta medida en el año 2012.

Ante un gobierno federal que se ha mostrado dudoso, con dobles discursos en sus medidas contra los transgénicos y que ha privilegiado intereses corporativos sobre las demandas de la población y los derechos de las comunidades, este decreto es un acto valiente. Ha demostrado que la voluntad política es urgente para hacer cambios estructurales que obedezcan los intereses de la población y los integren en políticas públicas. También, exalta la necesidad de un frente común en la Península de Yucatán no solo por parte de las comunidades, sino por los tres gobiernos que la componen.

Los estados de la Península de Yucatán no solo comparten características geográficas, sino socio-ambientales. La Península es un campo de lucha de las comunidades mayas contra todas las amenazas a la vida de los ecosistemas y a su conocimiento tradicional. Es hora de que los gobiernos que representan a la población de estos estados se sumen a esta lucha por la vida, y sigan el ejemplo de este decreto por una Península libre de OGM, libre de amenazas a los medios de vida de sus comunidades y que impulse sistemas agroalimentarios ecológicos y justos.

En otras palabras, la decisión política no puede ni debe quedarse en un juego de terminologías que escuden intereses económicos corporativos ni de poder, cuando la principal función de nuestra Constitución es la protección de su población y sus intereses. Este decreto no solo es constitucional, sino que tiene respaldo en tratados internacionales y leyes nacionales de protección al ambiente.

Este decreto es un paso más para hacer valer nuestros derechos y sobre todo los de las comunidades indígenas mayas, por ello, permitir que se anule, sería permitir que se pase por encima de ellos. Actualmente hay una campaña para impulsar “la mexicanización”, el consumo local, la unificación, y esta es una de las pruebas que debemos superar en ese mismo tono. Porque si no podemos decidir cómo producir en una región de nuestro país, cómo podremos hacerlo frente a los retos internacionales que acontecen actualmente.

Súmate a la voz de las comunidades mayas de la Península, actúa por una Península agroecológica: www.greenpeace.mx/somosguerreros

*Sandra Laso es campañista del programa de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.

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