Lía Limón García, Alejandra Negrete Morayta y Nuvia Mayorga Delgado, son tres mujeres clave en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La primera, es la encargada de responderle a las madres de los desaparecidos que exigen justicia y a los migrantes secuestrados, mutilados y ultrajados a su paso por México, cuando piden una cita con el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); la segunda, está a cargo de combatir los feminicidios como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la tercera, tiene la tarea de encabezar las políticas públicas para los pueblo indígenas del país al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Limón, sin embargo, es conocida en su medio por su falta de sensibilidad y desconocimiento técnico en derechos humanos; Negrete, por obstaculizar la alerta de género en México y Mayorga, por desdibujar las acciones dedicadas a los pueblos originarios, además de facilitar el camino a las empresas privadas para saquear sus territorios. Y ellas son el rostro de paja del gobierno federal para temas de alta sensibilidad…

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Víctor Manuel Rolón Rodríguez frunce el entrecejo cuando se le pregunta sobre Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sobre si les da respuestas concretas, si hay avances en los procesos.

“¿Es una mujer sensible? ¿Escucha a las madres que buscan a sus hijos, las que vienen al Distrito Federal a pedirle ayuda?”, se le pregunta a Rolón Rodríguez, miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que busca a su sobrino Adrián Domínguez Rolón, agente de la Policía Federal desaparecido desde el 17 de febrero de 2011 en Uruapan, Michoacán.

“Lo que puedo decir es que el año pasado fuimos a una reunión con Lía Limón y no le veo perfil de derechos humanos, no hay empatía, porque si realmente hubiera una empatía, tuviera reuniones seguido con nosotros para ver qué es lo que ella puede implementar para encontrar a nuestros desaparecidos”, contesta.

Rolón Rodríguez recuerda aquella reunión, donde lo único que le quedó claro, es la falta de coordinación en la Segob para responder a los casos de desapariciones, debido a que “no hay respuestas concretas, no saben cómo responder al problema, están rebasados”.

El tío de Adrián Domínguez se queja: marchó el pasado 10 de mayo en la tercera marcha de las mamás y familiares de desaparecidos del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y ninguna autoridad los recibió. Ni Lía Limón.

Ese día la Subsecretaria de Derechos Humanos escribió en su cuenta de Twitter: “@lialimon Felicidades a todas las mamás de México en su día!! Que pasen un feliz #10demayo”. Pero las mamás, que hicieron rifas, pidieron prestado y en el peor de los casos, viajaron sin dinero para comprar alimentos, se regresaron a Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León como llegaron, sin respuestas sobre sus hijos desaparecidos.

Antes de estar encargada de una oficina de derechos humanos, Lía Limón fue Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el Partido Acción Nacional (PAN).

Con una Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Fletcher School of Law and Diplomacy en Estados Unidos, Limón dejó claro durante sus primeros 18 meses de trabajo, que no posee el perfil requerido para estar en donde está. Lo reconoce Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional (AI).

“¿Cómo ves el trabajo de Lía Limón?”, se le pregunta.

Perseo sonríe y advierte: “Yo no puedo hablar de eso”, pero prosigue, “habría que tener en esa subsecretaría a alguien con una buena experiencia en temas de derechos humanos. No necesariamente emanada de la sociedad civil, pero que tenga el conocimiento técnico necesario para entender el movimiento de derechos humanos y en general la perspectiva”.

“¿Hay sensibilidad sobre estos temas [las banderas de Amnistía son tortura, migración y refugiados, desaparición forzada]?”, se le insiste.

“Con nosotros el diálogo es abierto y se muestran sensibles, pero en el día a día, lo que nos cuentan las víctimas, es que con ellos no hay sensibilidad. Uno es el trato que tiene con Amnistía, que es cordial y bueno, y otro, el que tiene con las víctimas”, contesta.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh, califica el trabajo de Limón abiertamente.

“¿Lía Limón tiene el perfil?”, se le pregunta.

“Yo creo que ahí no hay una definición clara de los perfiles. Sí se necesita capacidad para operar políticamente, pero no basta, se necesitan conocimientos técnicos en materia de derechos humanos, y creo que de eso carecemos”, contesta.

Luego el activista opina sobre los primeros 18 meses de Limón al frente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y asegura que sólo hay “buenas voluntades”, pero sin avances.

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En marzo de este año Alejandra Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), participó como invitada en el lanzamiento de la campaña de la organización Equis: Justicia para las Mujeres y la Embajada Británica en México “Un paso adelante: construyendo Puentes para la Justicia de Género”.

Al concluir el evento, la comisionada de la Conavim titubeó al responder sobre las estadísticas de feminicidios y los estados más violentos para las mujeres en el país. Negrete requirió la ayuda de una acompañante con los datos.

Lo que sí dijo Negrete en esa ocasión, es que el nuevo reglamento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, que incluye nuevas disposiciones para decretar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), hace menos burocrático el trayecto que tienen que “caminar” las organizaciones que soliciten una alerta por violencia en contra de las mujeres.

Negrete, la mujer que fue nombrada el 29 de noviembre por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, como la nueva titular de la Conavim, después de que el organismo permaneció seis meses sin dirección, si bien tiene trayectoria en el tema de los derechos humanos y tuvo investigaciones a su cargo en temas de género en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una desconocida para las organizaciones mexicanas.

“Ni la conocemos, desconocemos su agenda, no tenemos claridad, según su decreto, ella tendría que estar al frente de muchas responsabilidades, simplemente como un órgano descentralizado. Tiene que dar seguimiento y evaluar acciones, políticas públicas y programas y al final de cuentas no hemos visto esto con claridad. Es una comisión más, desconocemos qué papel tiene con la declaratoria de alerta de género”, dice María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del área de Violencia y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

De acuerdo con María de la Luz, la titular de la Conavim convocó a la primera reunión con organizaciones, después de cinco meses de su nombramiento, para no avanzar con la agenda que tiene que ver con los feminicidios y la alerta de género en México.

“La oficina estuvo abandonada casi todo el año pasado y cuando llega esta nueva comisionada, quiere revisar protocolos, temas que ya están vistos y que para nosotras como organizaciones es ir hacia atrás, regresarnos en la agenda”, dice.

Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios, la organización civil que a la par de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), han solicitado en varias ocasiones una alerta de género para el Estado de México (Edomex), sin éxito, tiene claro el papel de Negrete al frente de la Conavim.

“Tenemos un tema con Alejandra: el de la declaratoria de alerta de género, que tiene que ver directamente con esta instancia, y a ella le hace falta un mayor compromiso para con las mujeres, el asumir una postura consistente en su protección”, dice.

México se ha negado a emitir una alerta, cuando al día se cometen 6.4 feminicidios según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas, y la Conavim juega un papel importante en la demora del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) para votar a favor.

“En el Estado de México llevamos un proceso largo de tres años y estas instancias del Sistema han hecho hasta lo imposible por evitar que se genere una alerta de género. Lo único que se ha hecho últimamente, fue aceptar que tenía que proceder la investigación, pero es una simulación de parte de estas instancias”, dice.

Para Rodolfo Domínguez Márquez, las autoridades federales sólo buscan reglamentar una serie de obstáculos, como falta de objetividad y parcialidad en el procedimiento, al facilitar la participación de las autoridades y militar a las organizaciones.

El nuevo reglamento hace posible el nombramiento de un comité (integrado por oficinas gubernamentales) que realiza una serie de recomendaciones al gobierno y este puede aceptarlas o rechazarlas. Si las acepta, tiene ocho meses para cumplir con las observaciones y si no las cumple, entonces se puede emitir una declaratoria de género.

Es decir, podría transcurrir todo 2014 sin que México haga realidad una declaratoria de alerta de género.

“Se plantean como los chicos buenos, cuando finalmente no les quedó de otra, es una simulación, cómo van a conformar el grupo investigación que sólo está integrado por instancias del gobierno y que no garantizan la perspectiva de género”, dice.

Domínguez incluso asegura que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, hubo una mayor apertura de parte de la Conavim.

“Pero Calderón nunca emitió este reglamento, cuando llega Peña Nieto,  la misma instancia lejos de favorecer un proceso de apertura y acuerdos, se cerró y determinaron un reglamento anónimo que no toma en cuenta la opinión de las organizaciones expertas”, dice.

Algunos de los datos y cifras que Negrete Morayta dijo no tener en la cabeza, cuando fue abordada por la prensa en marzo de este año, indican que hasta la fecha el gobierno federal negó la alerta de género en ocho ocasiones en total a los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

La última declaratoria que se negó fue a Chiapas, pues la solicitó exactamente el 25 de noviembre, cuando se publicaron los cambios en el Diario Oficial de la Federación, pero se resolvió con el reglamento anterior, debido a que el nuevo entró en vigor un día después de su publicación.

Según cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.

En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60 por ciento de ellas fueron encontradas en vía pública y 40 por ciento murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos.

El Estado de México lidera en número de mujeres asesinadas pues entre 2011 y 2012 fueron muertas en la entidad 563 mujeres. De ellas, 115 se catalogaron como feminicidios y dentro de esta categoría, 60 por ciento fueron encontradas en la vía pública: baldíos, zanjas y monte.

El SNPASEVM se negó a emitir una alerta de género en el Edomex el año pasado con una votación de 33 en contra y solo tres a favor.

Cuando se solicitó la Alerta, entre 2005 y 2011 sumaban 922 los asesinatos contra mujeres en esa parte del país y en más de 55 por ciento de los casos se desconocían la relación de la víctima con el victimario.

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Nuvia Mayorga Delgado, directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sabe mucho de finanzas, pero no puede pronunciar correctamente los nombres de los pueblos originarios de México.

Hace dos meses algunos medios de comunicación recogieron una anécdota donde la protagonista fue Mayorga Delgado.

La directora del CDI viajó al estado de Puebla para firmar un convenio de coordinación con el gobierno estatal y durante su discurso no pudo pronunciar correctamente varios nombres y se justificó con un: “Es que luego sus nombres son medios raros”.

De acuerdo con Periódico Central Mayorga pronunció  “Tezugüitlán” en lugar de Teziutlán; “Tetelés de Avilez” por Teteles de Ávila Castillo, o “Atempán” por Atempan.

Las equivocaciones de Mayorga no son para menos, pues la encargada de la política pública en materia de pueblos indígenas, no cuenta con ninguna experiencia previa a su puesto actual.

Mayorga es Licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene una especialidad en impuestos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Antes de ser nombrada directora del CDI fue Diputada Federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Entre sus puestos destaca también que fungió como Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, con Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con activistas en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, desde que llegó a su puesto Mayorga Delgado, se ha dedicado a “desdibujar” a las etnias y a entregarle sus riquezas a las empresas que llegan a México con megaproyectos.

“La CDI en lugar de hacerle eco al derecho al territorio, a la consulta, más bien se ha enmarcado dentro de estas políticas macroeconómicas y trata de impulsar proyectos que pueden vulnerar la vida comunitaria e introducirse al territorio con proyectos ecoturísticos. La CDI responde a un proyecto político y económico que no favorece a los procesos organizativos de los pueblos indígenas. Cada día la CDI está como en el limbo, muy alejada de las demandas de los pueblos indígenas”, dice Abel Barrera Hernández,  director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Abel Barrera ejemplifica con lo que sucede en Guerrero, donde un grupo de indígenas protesta en contra del nombramiento Julio César Licona Omaña como nuevo delgado de la CDI local, el cual es originario de Hidalgo y carece del perfil necesario para desarrollar esa función.

El activista también recuerda lo que sucede con la oficina de la CDI en Tlapa de Comonfort, a la que califica como “un elefante blanco”.

“Es un elefante blanco que antes era la casa de los pueblos indígenas, ahora es la casa de quienes tienen proyectos, de los representantes de constructoras o de los que están aplicando los programas de Sedesol.  Ahí se toman decisiones en nombre de los indígenas, sin que estén presentes los indígenas. Con Nuvia Mayorga se remodeló el edificio y desplazó a los indígenas para meter ahí a las agencias de desarrollo, de construcción de obras, en esta lógica de privatización de los recursos naturales de los pueblos”, indica.

Para Abel Barrera la CDI se desdibujó en lo que va de la administración de Peña Nieto, debido a que Nuvia Mayorga carece del perfil necesario para trabajar con los pueblos indígenas.

La Comisión fue absorbida por la Sedesol a cargo de Rosario Robles Berlanga y quedó supeditada a los programas de esa secretaría, sin una directriz especializada en el tema indigenista.

Francisco López Bárcenas, abogado y asesor de comunidades indígenas, dijo que si bien el desaparecido Instituto Nacional Indigenista (INI) trató de integrar a los pueblos originarios a la vida nacional, con la creación de la CDI se estancó por completo cualquier posibilidad de avance.

“No tenemos nada desde mi punto de vista. Me parece que el multiculturalismo en México funcionó como la incorporación de los pueblos indígenas, con visión de la derecha. Con el CDI se aumentó la burocracia con gente que no tiene ni idea de lo indígena y el presupuesto en un 300 por ciento y lo que tenemos es que nadie atiende a los pueblos indígenas”, dice.

Sobre Nuvia Mayorga Delgado, López Bárcenas asegura que “no tiene el perfil y ni ganas de tenerlo. No tiene idea de lo que está haciendo ahí”.

Libertad Díaz, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), coincide con López Bárcenas y agrega:

“Lo que podemos denunciar es que lo derechos de los pueblos indígenas, pueblos originarios son los más violados. Vemos que en este contubernio del gobierno con las empresas por privatizar México, el principal afectado son los pueblos originarios porque son quienes viven de los bienes naturales, quienes tienen una interrelación más cercana y quienes están establecidos cerca de los ríos, bosques. La CDI no está enfocada en defender los bienes naturales”, dice.