Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo)._ La propuesta del Gobierno federal de subsidiar el salario a los productores del Valle de San Quintín, Baja California, para garantizar el pago de 200 pesos el jornal a los trabajadores del campo, es una “aspirina” que sólo solucionará el problema en el corto plazo y que puede generar una reacción adversa en un futuro en otros sectores, aseguraron expertos en Derecho Laboral y economistas a SinEmbargo.

El jueves pasado en la mesa de negociación que sostuvo el gobierno federal, representado por David Garay Maldonado, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), con el gobierno del estado y los jornaleros agrícolas se desprendieron 13 acuerdos. En el tema del salario se propuso que la administración federal pagaría el diferencial que los productores no estén dispuestos a sufragar y que el 4 de junio próximo se analizarán los mecanismos para el pago.

“El Estado no puede incidir sobre los empresarios para que establezcan un salario por encima de mínimo, pero la solución al problema no es subsidiar el salario, eso es sólo una aspirina, alivia, pero no cura. El diferencial se pagará a partir de los ingresos de gobierno, que ahora tiene problemas por la caída del precio del petróleo. Se tiene que hacer un análisis más profundo del agro mexicano”, dijo Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, profesor Investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.

Valdés Villegas explicó que el caso de San Quintín es el primero en la historia reciente, donde el Gobierno federal propone subsidiar al salario.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno de Barack Obama le entrega subsidios al productor para estimular la producción y que incremente su competitividad. En ocasiones interviene en la colocación de los productos con un mejor precio en el mercado, pero no subsidia el salario.

“El subsidio siempre es negativo, porque te introduce una variable que nos distorsiona las tendencias al equilibrio dentro de una economía. Tenemos que hablar de un estudio más profundo, de una reforma que favorezca a las dos partes. Establecer mecanismos que permitan un incremento sistemático de la competitividad de las empresas agrícolas”, planteó el especualista.

José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios en el Tecnológico de Monterrey, coincidió con Valdés Villegas y agregó que la solución que plantea el Gobierno federal es a corto plazo.

Es una solución, dijo, motivada porque el conflicto de los jornaleros se tornó violento, en un país en donde hay varios focos rojos de violencia.

El Gobierno federal, explicó, está tratando de contener la violencia con una “solución política, pero no laboral”.

“Me parece que en esencia, es una salida temporal y de no resolverse adecuadamente, podría generar mayores problemas. Es una solución desesperada para desahogar un problema que ha crecido y que está generando violencia. Lo que busca es desactivar, pero al final del día en esta relación entre productores y jornaleros, tendrá que buscarse una solución sustentable, que pueda pagar bien y que no perjudique la capacidad productiva de los empresarios”, explicó.

De la Cruz calificó la propuesta del gobierno mexicano como “extrema”, debido a que pretende subsidiar alrededor de un 45 por ciento del salario de los jornaleros.

“Esto será sólo temporal. Luego quedará sujeto a la discrecionalidad del gobierno en turno, a la viabilidad de las finanzas públicas. El difícil que el gobierno se pueda comprometer por mucho tiempo. Además marcará un precedente para otros sectores: ¿por qué un sector sí y otro no? Esta propuesta abre una puerta muy riesgosa para el Gobierno federal. Deberá ser cuidadoso para que no se entienda como una señal de que el gobierno va a intervenir en la economía, en la parte de salarios”, dijo.

José Alfonso Bouzas Ortíz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó como “una valentonada” y un intento por “aplazar el problema”, el asumir la diferencia del pago del jornal para llegar a los 200 pesos.

“Si no son trabajadores al servicio del Gobierno federal, ni local. El Gobierno federal está apostando a que va a convencer al gobierno local y a los empresarios, por eso se aventó la puntada de comprometerse a responder él por el pago de 200 pesos jornal. Nos habla de una ignorancia tremenda en materia de relaciones laborales. Se les está desbaratando el pastel, se les va a pique el barco y lo único que están haciendo es aplazar el problema”, dijo.

El especialista en Derecho Laboral indicó que se lograron aspectos importantes en la mesa de negociación, como el compromiso de otorgar a los jornaleros seguridad social.

“Pero en lo económico, no lo veo ni pies ni cabeza. El compromiso que hace el gobierno de pagar él es como decir: oye, ¿por qué no haces el compromiso de que me vas a pagar mi comida en el San Angelín?”, dijo.

LOS ACUERDOS

En la mesa de negociación, las autoridades acordaron con los jornaleros iniciar de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo se pactó que sus salarios no serán retenidos por ningún motivo o circunstancia.

El Gobierno federal y el de Baja California también se comprometieron a identificar y atender las necesidades de una mejor vivienda, alimentación y condiciones de higiene que han exigido los trabajadores. Otros de los acuerdos es el garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.

Otro punto pactado es que las empresas deberán certificar que están libres de trabajo infantil. Asimismo se dio a conocer sobre la creación de un fideicomiso de inversión para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.

Entre los acuerdos también está la revisión de los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas. Se informó que se otorgará el registro sindical a la Alianza por la Justicia Social del Valle de San Quintín, además de que se garantizará su autonomía sindical.

Alfonso Bouzas explicó que la propuesta de “pagar la diferencia”, fue sólo para ganar tiempo y tratar de negociar con los agricultores.

“El avance dependerá de que tenga capacidad el gobernó federal para apretarle las tuercas al los empresarios y al Gobierno local. No tiene partida presupuestal para ejercer este tipo de gasto, pagarles a los jornaleros no está contemplado dentro de los gastos de la nación. Si se hace un fideicomiso, ¿por cuánto tiempo?, y ¿en qué condiciones? Están aplazando el problema, para ver si le encuentran solución”, opinó.

Bouzas resaltó que los jornaleros hicieron lo correcto al firmar los acuerdos, pues necesitan tener varios escenarios para defenderse.

Explicó que los trabajadores del campo son los desprotegidos y que el conflicto de San Quintín sentará un precedente.

“Es un ejemplo de que el país lo único que puede ofrecer al extranjero es mano de obra barata. ¿Por qué no se siembra tomate y fresa del otro lado de la frontera? Porque allá deben pagar bien la hora”, detalló.

Los jornaleros mexicanos, expuso, deben mantener la unidad, la combatividad y la solidaridad que han recibido de México y del extranjero, si desean lograr sus objetivos.

Y el Gobierno federal debe “pensar muy en serio” en aceptar las recomendaciones que se le han hecho a nivel internacional, como el frenar la simulación contractual, a través de contratos fraudulentos.

“TIENEN QUE CUMPLIR”: JORNALEROS

Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín, aseguró que el cubrir la diferencia que no quieran pagar los productores, es un compromiso y el 4 de junio, se analizará en qué términos y cómo se pagarán los 200 pesos.

“Se estará discutiendo el 4 de junio qué tanto pueden acercase los productores, para que a partir de ahí, la parte diferencial la ponga el Gobierno federal. Es un compromiso poner el diferencial faltante”, dijo Sánchez Gabriel.

El vocero de los jornaleros indicó que todos los que firmaron los acuerdos, excepto los dueños de los ranchos, se comprometieron a cumplir.

“Confiamos en que el 4 de junio se acuerden los mecanismos sobre el pago de ese saldo de 200 pesos”, dijo.

Dos días después de la reunión los agricultores convocaron a una conferencia de prensa en Ensenada, Baja California.

Según el diario La Jornada Baja California, Marco Estudillo Bernal, vocero del Consejo Agrícola de Baja California, afirmó que los agricultores sólo pagarán hasta 15 por ciento de aumento salarial y que su representante legal, Alberto Muñoz, sólo asistió a la reunión para escuchar, pero no para negociar ni firmar acuerdos.

Fidel Sánchez confirmó que si los patrones suben el salario no más de 15 por ciento, en donde se paga 100 pesos el jornal, se pagarán 115 pesos. Donde se pagan 115, el salario subirá a 125 pesos.

Es decir, el Gobierno federal se estará comprometiendo a pagar la diferencia, que puede ascender hasta 85 pesos.

“No sé que hayan dicho los agricultores, pero creemos que lo que quedó escrito es lo más importante. A nadie se le obligó a firmar. Todo lo hicimos bajo nuestra propia responsabilidad”, contestó Fidel al preguntársele si sabía que los agricultores informaron en rueda de prensa que desconocían los acuerdos signados con el Gobierno federal y el Gobierno del estado.

Sánchez Gabriel indicó que los agricultores siempre se han negado a participar directamente en las negociaciones.

“Desde el 18 de marzo hemos sido insistentes en invitar a los productores y ellos siempre han optado por mandar a su representante legal del Consejo Agrícola. El gobierno del estado lo acepta y claro que sería lo esencial que fueran ellos, pero pues siempre ha sido su representante”, dijo.