La campaña de desprestigio en contra de la Delegada de Tlalpan es operada desde la Secretaría de Movilidad (Semovi) del Gobierno de la capital del país, y la implementan Eduardo Venadero y Héctor Hugo Hernández, denunció Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Un grupo de perredistas que operan desde la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal (GDF) mantiene una estrategia de desprestigio en contra de la Delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció el presidente estatal del partido que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Martí Batres Guadarrama, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó a Eduardo Venadero Medinilla, director general del Servicio de Transportes Eléctricos del Gobierno capitalino, y al ex Delegado de la demarcación Héctor Hugo Hernández, ahora director del Órgano Regulador del Transporte Público, de encabezar desde la Secretaría de Movilidad una embestida en contra de Sheinbaum Pardo, lo que incluye un plantón en la explanada delegacional.

“Es un grupo que estuvo en el Gobierno de la Delegación –que encabezan Higinio Chávez, Guillermo Sánchez y Héctor Lugo Hernández–. A esos les decían ‘los tres cochinitos’. Ellos empezaron a generar una serie de negocios al amparo de la Delegación con gasolineras y gaseras, dieron permisos a sus cuates. Están operando desde la Secretaría de Movilidad con Eduardo Venadero y Héctor Hugo”, dijo.

Batres Guadarrama expuso que en esta campaña también está involucrado Toribio Guzmán, a quien en 2015 en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) le fue clausurada una gasera clandestina en inmediaciones del pueblo de San Andrés Totoltepec.

De acuerdo con Batres, los perredistas intentan dificultar el camino a la Delegada a través de provocar manifestaciones por problemas de obras, vivienda, apertura de retornos en la autopista, que dependen del Gobierno central.

“Es importante señalar el caso de Héctor Hugo, quien estuvo como Delegado interino antes de Claudia Sheinbaum y contrajo una deuda y dejó pasivos por 77 millones de pesos de manera ilegal; entonces, como podrás ver este funcionario actúa de manera al margen de la Ley, luego recurre a la Secretaría de Movilidad y se refugia: ahora, desde ahí, está operando la embestida en contra de Claudia”, expuso.

Sheinbaum Pardo interpuso una denuncia ante el Controlador General del Distrito Federal Eduardo Rovelo Pico –el 10 de mayo de este año– en contra de Venadero por su “conducta irregular”: el 9 de mayo daba órdenes vía telefónica a un grupo de manifestantes que la agredieron e impidieron el paso “con lujo de violencia” a las oficinas desde donde despacha.

La Delegada denunció que Venadero se encontraba en el lugar en horario de laboral. De acuerdo con fuentes de la Delegación Tlalpan ese día el funcionario estuvo en el Café de la Selva, a unos 20 metros de la explanada delegacional, con su esposa y también secretaria de Derechos Metropolitanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Susana Alanís Moreno, además de Luis Daniel Nava, dirigente de la zona sur de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y Jonathan Rosas Cosío, ex colaborador del ex Delegado Higinio Chávez García] y cercano al ex Delegado Héctor Hugo Hernández.

“Durante alrededor de dos horas, los dirigentes de Vanguardia Progresista, expresión interna perredista ligada a [Héctor] Serrano y al propio Miguel Ángel Mancera, recibían a líderes del plantón ubicado a escasos metros de su base de operación”, dijo una fuente a SinEmbargo.

NO HAY RESPUESTA A DENUNCIA: BATRES

Batres Guadarrama explicó que hasta el momento no hay respuesta de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal a la denuncia realizada por la Delegada.

“No hay respuesta sobre la sanción que se solicitó para Venadero. Ahora Héctor Hugo está denunciando por la Delegación Tlalpan por un adeudo de 77 millones de pesos”, dijo.

La campaña en contra de Claudia Sheinbaum se dio porque los perredistas se “sintieron lastimados en sus intereses económicos, porque todos ellos son una mafia”, agregó Batres.

Cuando la representante de Morena recibió esa administración informó que en las áreas de obras y gobierno de esa Delegación faltaban expedientes y contratos, por lo que la nueva administración no hizo los pagos a diversos proveedores, puesto que no sabían cómo se realizaron esos convenios.

“Todo esto es corrupción. Aquí había una total falta de vigilancia y pulcritud en el servicio público. Esto es un desorden administrativo sumamente grave”, dijo. La Delegada en ese momento y agregó que el monto del mobiliario robado podría ser de miles de pesos, pero en el caso de los documentos se estima que se trate de contratos millonarios.

La Delegada informó que cuando llegó a la administración de Tlalpan, sabía que había un “desorden administrativo”, pero nunca imaginó el nivel de corrupción que encontraría .

“No había gobierno en Tlalpan. Hay 70 millones de pesos que no pudimos ejercer este año, porque están observados, en boa pública que no está aclarada”, dijo.

Hay empresas que construyeron obra y que no se les pagó. Luego trataron de regularizar de forma ilegal. “No se les pagó, no es nuestra responsabilidad que todo lo hayan hecho sin normatividad. En otros casos no sabemos cuánto daño patrimonial haya de todos los problemas que estamos encontrando”, reveló.

SinEmbargo solicitó desde ayer una entrevista con Eduardo Venadero para conocer su versión, pero hasta esta tarde no se tuvo respuesta.