Hace 30 años, en la convulsa situación política de 1988, se fraguó el destino del México contemporáneo: las políticas económicas radicales de libre mercado, las mediaciones políticas de democracia restringida y partidocracia y corrupción que tenemos ahora provienen de aquellos años, especialmente de la elección presidencial del 6 de julio de 1988 y el conflicto político que detonó ese resultado.

José Woldenberg, el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) en la elección presidencial del 2000 en la que salió derrotado el PRI, publicó en Reforma un artículo de opinión recordando la elección presidencial de hace 30 años (“1988: aquellos tiempos”, Reforma, 10 mayo 2018).

En este texto, Woldenberg define el proceso electoral como “peliagudo” y dice que en esencia fue una muestra de que un país diverso ya “no cabía ni quería hacerlo bajo el mando de un solo partido”, el Revolucionario Institucional (PRI).

Enseguida, recuerda que las instituciones y procedimientos electorales de 1988 estaban controladas por el gobierno y el PRI. Para empezar, la Comisión Federal Electoral (CFE) era un apéndice del poder Ejecutivo y era presidida por el secretario de Gobernación. Además del control de los organismos electorales por el PRI y el gobierno, Woldenberg recuerda que el padrón tenía 50 por ciento de inconsistencias, que más de 80 por ciento de la cobertura informativa la concentraba el candidato del PRI, y que no había financiamiento público, entre otras evidentes inequidades de las elecciones presidenciales (y legislativas) de ese año.

Para Woldenberg, en 1988 “fue claro que ni las normas ni las instituciones ni los operadores estaban capacitados para procesar los resultados electorales con limpieza y transparencia” lo cual abrió crisis de legitimidad y obligó al Estado a modificar el sistema electoral para “revertir la desconfianza” hacia las elecciones. Básicamente, el argumento de Woldenberg es que el sistema electoral en 1988 no pudo procesar una elección competida y conflictiva.

Pero creo que se equivoca de fondo, pues en realidad a pesar de unas reglas inequitativas y organismos electorales parciales al régimen y su partido, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue derrotado en las urnas por el candidato opositor del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Si este triunfo no fue reconocido se debió a la alteración de la voluntad popular mediante el operativo de fraude electoral más grande, masivo y burdo de la historia electoral del país. Por eso llama la atención que en el texto de Woldenberg no aparezca la palabra fraude en ningún párrafo.

El fraude electoral fue tan evidente y masivo que la misma noche de la elección del 6 de julio de 1988 los tres candidatos opositores (Cárdenas del FDN, Manuel Clouthier del PAN y Rosario Ibarra de Piedra del PRT) acudieron a la Secretaría de Gobernación a denunciarlo.

Además de las típicas maniobras de manipulación y compra de voto, el PRI y el gobierno decidieron llevar a cabo una alteración masiva de las urnas y paquetes electorales, ya fuera rellenando de votos priistas en las casillas controladas por ellos o eliminando votos opositores (especialmente de Cárdenas) en oficinas alternas a las comisiones distritales que, en el caso de Guadalajara, eran resguardadas por la entonces policía judicial estatal y elementos del ejército mexicano.

Solamente los círculos de seguridad alrededor de las casas donde se alteraban los paquetes electorales, antes de llevarlos a los comités distritales, da cuenta de la amplia y masiva intervención de fuerzas y agencias estatales para consumar ese fraude.

El fraude de 1988 fue una operación de Estado cuyo responsable principal fue el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, pero también los titulares de los otros poderes que consintieron, así como los poderes fácticos (por ejemplo, las dirigencias empresariales) que lo avalaron, al igual que los mandos militares. De ese modo se sentó a Carlos Salinas en la presidencia del país.

El fraude electoral fue comprobado en las semanas posteriores gracias al estudio estadístico realizado por el físico-matemático de la UNAM y militante opositor, José Barberán. En noviembre de ese año publicó el libro Radiografía de un fraude junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana Montjardín y Jorge Zavala. Entre otras cosas, este estudio pudo probar estadísticamente las irreales tendencias electorales de varios distritos del país, por ejemplo las miles de casillas “zapato”, es decir urnas donde sólo se emitieron votos por el PRI, o regiones rurales donde el tricolor obtenía hasta 90 por ciento de los sufragios, cuando en zonas urbanas apenas rebasó 30 por ciento de la votación.

Nada de esto recuerda Woldenberg. La memoria selectiva del ex sindicalista de izquierda le impidió mencionar el fraude como la operación política central que definió la elección de 1988.

Y la alteración de la voluntad popular, mediante el fraude electoral, terminó por definir el destino del país para los siguientes años. Mediante el fraude electoral de 1988 se impuso en el poder público a una camarilla de gobernantes que aceleraron las políticas radicales de libre comercio, aplicaron las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, instauraron la partidocracia aceitada mediante ampliados y sofisticados mecanismos de corrupción y con ello modificaron de manera sustancial la relación de fuerzas entre las clases sociales en México.

De modo que el fraude electoral de 1988, ignorado por Woldenberg, definió a favor del Estado y las clases privilegiadas, un periodo de antagonismo social marcado previamente por un ascenso de la lucha social contra el PRI y el gobierno y sus socios del bloque en el poder.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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