Los Angeles, 20 Jun (Notimex).- California ha gastado poco más de cuatro mil millones de dólares por las 13 ejecuciones realizadas desde 1978, cuando se reinstaló la pena de muerte, a la fecha, concluyó un estudio conocido hoy aquí.
Cada año los costos para los contribuyentes ascienden a 184 millones de dólares y se estima que en cada una de las 13 ejecuciones se gastaron 308 millones, aseguró el análisis a ser publicado la próxima semana en la revista de la universidad de Leyes de Loyola en Los Ángeles.
La investigación fue conducida por los jueces y profesores de leyes Arthur Alarcon y Paula Mitchell que examinaron los crecientes costos de este programa.
Los especialistas pronosticaron que el mantener la pena de muerte en el estado aumentará a nueve mil millones de dólares para contribuyentes para el año 2030, cuando la prisión de San Quintín haya ejecutado a más de mil sentenciados.
El estudio fue titulado “Ejecutando la voluntad de los votantes: Un recorrido para enmendar o dar fin a la debacle multimillonaria de la pena de muerte por la legislatura de California”.
Los datos expuestos en la investigación fueron obtenidos por los especialistas en reportes de acceso restringido del Departamento de Correccionales de California (CDCR por sus siglas en inglés), entidad responsable de las prisiones en el estado.
Los autores señalaron que los costos de la pena máxima son de creciente espiral en medio de poco frecuentes ejecuciones con alrededor de 85 millones de dólares que se invierten en gastos de corte y abogados cada año.
Se anotó que en caso de una posible abolición en la pena de muerte en el estado, y en donde no se han ejecutado a prisioneros desde 2006, le ahorraría a los contribuyentes unos mil millones de dólares en un periodo de cinco a seis años.
El reporte comparó que los costos por el enjuiciamiento de una pena de muerte son 20 veces más que los de uno que no tenga el derecho a libertad condicional.
De igual forma, los costos por un juicio de pena de muerte ascienden a un millón 100 mil dólares más que el de un caso sin derecho a libertad condicional y 200 mil dólares mas en la selección de un jurado en un juicio de tres a cuatro semanas.
El estado se ve obligado a pagar más de 300 mil dólares a abogados de defensoría pública por cada sentencia a pena de muerte que decida como así ocurre habitualmente en la apelación, se abundó.
El reporte anotó que desde 1978, 92 internos condenados a pena de muerte han fallecido, sólo 13 han sido ejecutados en California y uno más fue llevado a la aplicación de la pena máxima en Missouri.
54 de los condenados a la pena capital murieron de causas naturales, 18 por suicidio y el resto por violencia entre internos o por causas no determinadas.
