Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– A cinco años del operativo policiaco que provocó la muerte de 12 personas en la discoteca News Divine, en el Distrito Federal, la justicia aún no llega para los familiares de los fallecidos.
A pesar de las promesas que cada aniversario han realizado las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) a los familiares de las víctimas, apenas este año se dictaron 29 sentencias. Todas ellas fueron aplicadas a servidores públicos de bajo nivel quienes participaron en el malogrado operativo, la tarde del 20 de junio de 2008.
El único mando superior que enfrenta un proceso legal es el ex Director del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol), Guillermo Zayas González.
Pero en lo que se refiere al entonces Secretario de Seguridad Pública capitalina, Joel Ortega Cuevas, no hay nada; el actual director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue mencionado en los informes y en las denuncias de los familiares de las víctimas como el presunto autor intelectual y, por rango, el principal responsable del operativo.
Tampoco hay sanciones en contra del ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas –quien renunció a ese cargo el 8 de julio de 2008, tras las presiones suscitadas por la tragedia–, ni contra el ex Delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, instancia que otorgó la licencia de funcionamiento al antro que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.
A la demanda de justicia –que no llega–, se suman los maltratos que a lo largo de estos cinco años han sufrido los familiares de las víctimas por parte del aparato de justicia del Gobierno de la Ciudad de México. También se agrega el creciente desinterés que tuvieron las autoridades involucradas en el operativo, el GDF y la Delegación Gustavo A. Madero, en mejorar la política hacia los jóvenes y dar un trato digno a los familiares, ya que la muerte de las víctimas fue una responsabilidad del Estado, dice la Directora de Seguimiento de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Montserrat Rizo Rodríguez.
La funcionaria explica que aunque hace dos años el GDF había dado cumplimiento a la mitad de las recomendaciones, la dirección que encabeza notó que en el último tramo del sexenio del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, hubo fallas en dicho cumplimiento, lo que obligó a reaperturar algunos puntos de las recomendaciones.
“Se avanzó en algunos puntos al principio. Prácticamente la recomendación en más de 50% estaba cumplida hace dos años, pero a la luz de varios acontecimientos que hemos investigado determinamos que no había mecanismos de no repetición suficientemente efectivos, sobre todo la relación de la policía con los jóvenes. Tomamos la determinación de que se reaperturaran estos siete puntos que tienen que ver con jóvenes. Hay otro pendiente que es la Ley de jóvenes del Distrito Federal, está la iniciativa, como parte integral de política de juventud tendría que haber una ley donde se garanticen integralmente los derechos de los jóvenes”, explica la funcionaria, entrevistada por SinEmbargo.
Además sigue pendiente la construcción de un Memorial que dignifique la memoria de las 12 víctimas, para evitar se olvide aquel operativo fatídico, instrumentado por autoridades capitalinas. A pesar del tiempo transcurrido, apenas se trabaja en el proyecto.
De parte de las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, que año con año se paraban el cuello con los familiares pero sobre todo con la opinión pública conforme se acercaba el aniversario, el trato tampoco ha sido el establecido en la recomendación y se ha caracterizado por ser en ocasiones denigrante en el cuidado de los sepulcros de las víctimas.
En el panteón donde se encuentran los fallecidos hay basura, le reportó apenas antier una empleada de la CDHDF a Rizo, una situación que por lo demás no es nueva y reconoce que está pendiente el tema de la justicia.
“El hecho de revictimizar y de que el panteón esté en esas condiciones fue una revictimización sistemática. El hecho del maltrato de las autoridades en su momento, ahora han sido más sensibles y han manifestado ese compromiso. No fue un asunto cualquiera, un asunto entre particulares, es un asunto donde el Estado fue el responsable de la muerte de servidores públicos y jóvenes”, explica a SinEmbargo.
Coincidentemente, a cinco años de la tragedia, uno de los sobrevivientes, Aarón Piedra Moreno, quien en 2008 tenía 15 años y cuyo testimonio fue usado para acusar al gerente del lugar, Alfredo Maya, de corrupción de menores, ahora forma parte del grupo de 12 personas desaparecidas en el bar Heaven, desde el pasado 26 de mayo de 2013.
RAZZIA FATÍDICA
La tarde del viernes 20 de junio de 2008, elementos del Mando Único Policial (Unipol), encabezados por Guillermo Zayas, quien le rendía cuentas directas al entonces Secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega, cercaron la discoteca News Divine, ubicada en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A. Madero.
El pretexto para el operativo era revisar la operación de la disco, ante las supuestas denuncias de vecinos por la venta de alcohol a menores. No era una acusación nueva, de hecho durante la gestión de Ortega al frente de esa delegación, entre 2003 y 2006, la disco había sido clausurada.
Pero había vuelto a abrir y ser clausurada, y lo mismo ocurrió durante la administración de Francisco Chiguil, quien estaba al tanto de las quejas que pesaban en la disco que se convirtió en un referente para los jóvenes de la zona colindante con el Estado de México, carente de sitios para la diversión de jóvenes.
De acuerdo con el libro Horas infaustas. La tragedia del News Divine, escrito por un grupo de reporteros, el operativo se dio en medio de la pugna entre Ortega y Chiguil por el control de la demarcación.
“Lo que ocurrió aquella tarde no fue un operativo para clausurar un antro, sino una razzia policiaca en la que los asistentes al News Divine, en su mayoría menores de edad, intentaron escapar para evitar que la policía se los llevara. Entonces desde el segundo piso, donde se encontraba la pista, intentaron escapar por la puerta principal y para ello debían bajar una estrecha escalera. Pero los policías bloquearon la salida y taponearon la puerta, convirtiéndola en una trampa mortal”.
El gerente del lugar, Alfredo Maya, conocido como “El Candy” y quien alguna vez prestó su voz para el sonido Patrick Miller, había salido y, desde afuera, trató de abrir con una barreta que le habían prestado, pero fue inútil.
El resultado fue la muerte de 12 personas, por aplastamiento o asfixia; de éstas, ocho eran asistentes al lugar, un empleado dea discoteca y tres policías. A ellos se sumaron personas heridas, algunas mantienen hasta hoy daños físicos irreversibles. Empero, el operativo continuó, y los jóvenes que no alcanzaron a huir fueron subidos a camiones de la Red de Transporte Público (RTP).
Lo hicieron entre insultos de parte de los policías y fueron llevados a distintos ministerios públicos, donde fueron vejados, no recibieron asesoría legal y algunas mujeres menores de edad fueron obligadas a desnudarse bajo el pretexto de un examen médico.
Pero al poco tiempo y ante la dimensión de la tragedia, las autoridades intentaron responsabilizar al gerente del lugar, y negar su responsabilidad. Chiguil dijo que a él no le habían avisado del operativo, Ortega acudió a diferentes medios de comunicación para justificar su actuación y decir que Maya era el responsable de todo y que su subordinado Zayas había actuado sin consultarlo.
Al otro día, el 21 de junio, el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, reconoció algunos abusos y prometió una investigación, y pidió el apoyo de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El resultado fue demoledor. Había evidencias de vejaciones, negligencia y criminalización en contra de los jóvenes. Chiguil, Ortega y el entonces Procurador Rodolfo Félix renunciaron a sus cargos.
Pero a cinco años de la tragedia, las sanciones que los familiares de las víctimas piden para los responsables apenas comenzaron a llegar este año. Y les parecen insuficientes.
ESTADO RESPONSABLE
A cinco años de aquella fecha fatídica, el Estado ha sido incapaz de cumplir con las recomendaciones emitidas por la CDHDF.
El resultado es que familiares de las víctimas de aquel operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública, peregrinan aún en busca de justicia, de lograr sentencias que correspondan con el daño que hicieron las autoridades.
Además a las autoridades les falta cumplir con restaurar parte del daño que hicieron. Porque nada devolverá la vida a esas 12 personas.
Pero las autoridades sí pueden tratar de impedir que el hecho no se olvide, sí puede hacer que se repita y para ello requiere mejores cuerpos policíacos, sí puede darle un trato respetuoso a las víctimas, sobre todo a los jóvenes a quienes se les denigró, pero también a los familiares a quienes se les ha tratado sin sensibilidad, e incluso en el resguardo de los sepulcros de las víctimas, pero en eso las autoridades han incumplido, afirma Rizo.
Primero lo hizo el gobierno de Marcelo Ebrard, que a regañadientes ofreció una disculpa, y que poco hizo para tener un mejor trato de parte de las policías hacia los jóvenes y de implementar una ley para la juventud.
Asimismo, de parte del sistema de justicia hubo tardanza, a pesar de que cada año se ofrecían promesas de dictar sentencias, el grueso apenas llegó en abril de este año. Pero también hubo excesos, como cuando en septiembre de 2009 se citó a declarar a Rafael Morales, uno de los muertos por el operativo.
A lo largo del proceso hubo trato preferencial para los funcionarios públicos involucrados, mientras que a los familiares a veces se les trató con displicencia, comenta Rizo. Agrega que cuando este año se dictaron sentencias a los familiares se les impidió estar presentes.
Pero sobre todo los familiares piden justicia. No sentencias menores, sí que se castigue a los titulares de las dependencias que participaron en el fatídico operativo: el entonces Secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega; el ex Procurador General de Justicia del DF, Rodofo Félix; y el ex Delegado de Gustavo Madero, Francisco Chiguil.
Una de las recomendaciones de la CDHDF establecía que era obligación de las autoridades delegacionales vigilar los sepulcros de las víctimas, porque dichas autoridades tenían responsabilidad en la muerte de las 12 personas. Eran responsables de un crimen de estado, afirma Rizo.
En cambio, las autoridades de la GAM sólo se lucen conforme se acercan los aniversarios, y es entonces cuando limpian los sepulcros, que el resto del año están expuestos a prácticas de brujería y se han encontrado gallinas degolladas; a ello se añade la suciedad de la gente que deja botellas o que incluso se orina cerca. El resultado es el descuido o incluso encontrar huesos expuestos.
Asimismo, el GDF ha incumplido con la instalación de un Memorial. Proyectos van y proyectos vienen. Apenas pasados unos días del infausto operativo, el entonces director del Instituto de la Juventud, Javier Hidalgo, habló de hacer un centro de recreación juvenil en honor a los muchachos. Pero eso no es lo que los familiares buscan para preservar su memoria, como tampoco que el memorial sea la placa que colocaron en el camellón de Eduardo Molina y que ya fue retirada para dar paso a las obras del Metrobús. El resultado es que no hay memorial y la disco luce prácticamente igual que hace cinco años.
Lo que han sobrado en estos cinco años son las promesas, lo que ha faltado es la justicia, observan los familiares. Desde los primeros días se les ofreció que serían castigados los responsables, y conforme se acercaban los aniversarios, la promesa se repetía. Así lo hizo el actual Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuando era Procurador, el mismo que al llegar al GDF en diciembre pasado nombró como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a Joel Ortega.
“Estamos en cero sentencias contra policías de bajo rango, con sentencias de ejercicio de no acción penal, buscamos la apelación y si no procede recurriremos a instancias internacionales y la Comisión de Derechos Humanos del DF nos ayudaría para dar este paso”, dice Hilda Barragán, madre de Isis Tapia, adolescente fallecida a causa del operativo.
“Esto como lo hemos dicho está muy amañado, hay protección para funcionarios, y se cambió de homicidio doloso a culposo (los cargos)”, dice por su parte Patricia Domínguez, madre de Alan Ascorve, otra de las víctimas fallecidas.
“No sé de leyes, sé que tienen sentencias, que apelan porque es su derecho y son derechos que a veces no entendemos. Mi hijo también tenía derecho a vivir, lo asesinaron cobardemente, y las personas que los dañaron tienen derechos”, dice sobre las sentencias de abril.
Lamenta que en tanto Guillermo Zayas esté en su casa y que no haya ni siquiera un apercibimiento para ninguno de los ex funcionarios, entre ellos su actual jefe Joel Ortega, ya que Domínguez trabaja en el Sistema de Transporte Colectivo desde hace 17 años
MEMORIAL EN EL AIRE
A pesar de los cinco años que han pasado, el proyecto del Memorial apenas se está retomando.
“Será una sala donde se recuerde lo que sucedió ese día, que lleve los nombres de los titulares de dependencias que intervinieron, y donde se dignifique la memoria de nuestros hijos”, dice Barragán al respecto.
“Esto se quedó mucho tiempo parado y no nos satisfizo el proyecto que era borrar toda huella ahí y hacer un centro cultural dedicado a actividades para los jóvenes. Lo que no teníamos una idea muy clara es de qué era un Memorial, ahora hemos tenido asesoría del director de Museo de Memoria y Tolerancia (Sharon Zaga)y luego algo muy limitado para conferencias, ahí quedaría”, agrega.
Pero aún no hay nada por escrito y tampoco hay presupuesto, explica Barragán, consultada luego de reunirse ayer junto con otros familiares de las victimas con el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Empero, dijo que éste se mostró muy interesado en dar cumplimiento a los puntos no cubiertos.
”Él dio instrucciones al Secretario de Gobierno Héctor Serrano de que se reúna con cada familia para ver en qué no se ha dado cumplimiento. Primero lo de la justicia ya que las sentencias no fueron satisfactorias”, comparte que le pidieron.
“Esperamos que no sea como cada aniversario, que nos atienden y nos prometen y nada. Ahora tengo mucha fe”, dice.
La directora de Seguimiento de la CDHDF Montserrat Rizo dice que efectivamente el Memorial necesita de presupuesto.
“Este memorial es por unos hechos muy graves donde es el Estado el responsable, entonces el Estado se tiene que hacer responsable y etiquetar recursos en cuanto esté el Memorial para tener claridad en el mantenimiento del lugar”.
En cuanto a la demanda de justicia, y que ésta alcance a Ortega, Chiguil y Félix, Rizo señala que ya estuvieron en una averiguación previa y no se les encontró responsabilidad. Pero la CDHDF considera que sí debería hacerse una mención en las sentencias de la responsabilidad de las dependencias.
“Sí nos parece se debe hacer mención en las sentencias, motivar o hacer reconocimiento de responsabilidad institucional. No es como cualquier proceso que se lleva a cabo por homicidio. El Estado está involucrado, sería muy conveniente y sentaría un precedente que realmente ahí se reconocieran en las sentencias cuáles son las instituciones responsables de este lamentable acontecimiento. Los familiares de las víctimas fatales así lo han externado en reuniones. Somos respetuosos de la determinación del Tribunal Superior de Justicia del DF pero sí nos parece que es la oportunidad para hacer el señalamiento preciso de que ésta no es una sentencia común y corriente, no es un asunto entre particulares”, concluye.
