Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Zárate Salgado, consideró que, aunque la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de impedir conocer el patrimonio de los servidores públicos debe acatarse, los criterios de algunos Ministros para negar que diputados, senadores y todos los funcionarios abran sus cuentas, no es el camino para lograr la transparencia en México.
“Parece que los ministros se curan en salud, aventándole la pelota a los diputados. Ellos no se atreven a abrir sus propias cuentas ni su propio patrimonio e incluso establecen en la resolución que sería materia del legislador para transparentar los recursos, es decir, utilizan como pretexto al legislador para que ellos mismos no sean obligados a la transparencia, apuntó.
El Diputado Zárate se pronunció por realizar una reforma que permita la apertura de las declaraciones patrimoniales de diputados y senadores, a fin de evitar casos de legisladores que se enriquezcan con los recursos de todos los mexicanos.
“Lo que está mal es que un servidor público, por ejemplo, César Nava Vázquez, nada más haya ejercido la política, no tenga actividades empresariales o académicas registradas y de un año a otro tenga una propiedad en Polanco, que está acreditada. O el caso de Carlos Romero Deschamps, no se le conoce otra actividad que no sea servidor público y eso le permite tener viajes en aviones privados”, dijo.
Esta iniciativa de reforma al Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debería recoger los postulados declarados por el Ministro José Ramón Cossío, para hacer pública la declaración patrimonial de funcionarios sin que se tenga que solicitar el consentimiento del mismo, con algunas excepciones, que simplemente garanticen la seguridad personal y de la familia del servidor.
“No exponer a la violencia ni a amenazas a los servidores públicos, es decir, sujetar también el principio de información privada, e intentar proteger a los servidores públicos de la violencia que se vive en el país”.
Adelantó que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados ya trabaja en una iniciativa de reforma contra la simulación, y a favor de transparentar los recursos públicos.
PAN PIDE REFORMAR LA LEY
“Si se pretende hacer públicas las declaraciones patrimoniales de diputados, senadores y de todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, se deberá reformar la Ley”, advirtió la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Elizabeth Yáñez Robles.
Entrevistada en una de las salas de juntas del Senado de la República, un día después de que seis Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron declarar como inconstitucional tener que pedir consentimiento del funcionario para hacer pública su declaración patrimonial, la legisladora encauzó el debate más allá del pronunciamiento simple de la Corte al rechazar transparentar las declaraciones patrimoniales.
“Aquí lo que se tiene que ver es si México considera que cualquier funcionario público tiene la obligación, por ser funcionario público, de que su declaración patrimonial deba ser pública entonces tenemos que legislar para que así sea”, aseveró la Diputada panista, quien fuera Subsecretaria de la Función Pública (SFP).
Y es que la Corte se pronunció contra el proyecto de sentencia elaborado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, derivado del amparo promovido por la organización Fundar, que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la situación patrimonial de los 500 diputados de la pasada legislatura.
Fundar sostuvo que era inconstitucional la protección a los datos personales y sensibles de los servidores públicos, establecido en el Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por impedir transparentar información de carácter pública.
Por su parte, la Diputada Elizabeth Yáñez consideró que los Ministros de la SCJN actuaron apegados a la Constitución y al derecho. Pues la ley en cuestión es muy clara en establecer las excepciones de la publicidad de información, por razones de seguridad o para proteger los derechos de terceros.
“Y lo que sucede aquí es que la declaración patrimonial trae datos muy personales, así que el Artículo 40 le da la posibilidad, tanto al legislador como al servidor público, de escoger si la hace pública o privada”, indicó.
Precisó que las declaraciones patrimoniales son una herramienta para las autoridades obligadas a fiscalizar y a vigilar que no haya un enriquecimiento ilícito de algún servidor público. Y esto, dijo, se logra al comparar las declaraciones patrimoniales de diversos años, a fin de analizar la evolución patrimonial del funcionario.
Por lo que, explicó, es falso el argumento de que por sí misma, la publicidad de las declaraciones patrimoniales son una herramienta efectiva para detectar casos de corrupción en la administración pública. Para eso, es más conveniente la posibilidad de darle seguimiento al crecimiento del patrimonio y cruzar información para detectar anomalías.
“No es cosa fácil, no es como decir voy a tomar 10 declaraciones patrimoniales y hago un análisis. Se requiere una análisis muy meticuloso, porque la declaración patrimonial tiene toda la información en cuestión de salarios, de ingresos, de deudas, de hipotecas, de inversiones, de propiedades, entonces tienes que solicitar información a los registros públicos de la propiedad”, precisó la legisladora.
Sin embargo, consideró importante para abonar en la transparencia, que la sociedad entera debata sobre la conveniencia de reformar la Ley para estipular la publicidad de las declaraciones patrimoniales o no.
“Aquí se tienen que tomar una decisión como país, si queremos avanzar en cuestión de apertura, tenemos que legislar, no se puede dar como está así”, puntualizó la Diputada panista.
Para esto, dijo, es necesario hacer un análisis comparativo de legislaciones en el mundo, a fin de conocer la viabilidad de reformar la ley. Y citó como ejemplo el caso de Chile, en donde es obligatorio para todos los funcionarios hacer pública su declaración patrimonial.
