Tras una investigación del Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto, la cual reveló que periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por el gobierno de México con ayuda de un programa creado por una empresa israelí, activistas y miembros del Consejo Consultivo del INAI exigieron una investigación del caso y precisaron que nadie, ni el propio Gobierno, puede estar por encima de la ley.

En tanto, la prensa internacional calificó de “doble actuación” a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por promover internacionalmente al país como progresista mientras espía ilegalmente a sus opositores.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– Luego de que ayer se reveló que periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos fueron espiados por el gobierno de México, la prensa internacional calificó de “doble actuación” a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por promover internacionalmente al país como progresista mientras espía ilegalmente a sus opositores.

En tanto, activistas y miembros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exigieron una investigación del caso y precisaron que nadie, ni el propio Gobierno, puede estar por encima de la ley.

Ayer, una investigación del Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto, reveló que periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por el gobierno de México con ayuda de un programa creado por una empresa israelí que se vende exclusivamente a los gobiernos y que se supone debería ser usado solo para investigar a criminales o terroristas.

El uso de herramientas de espionaje contra ciudadanos, activistas o periodistas sólo se ha documentado en gobiernos con tendencias antidemocráticas, opresores, totalitarios. Y ahora en México.

El diario The Guardian consignó: “El gobierno de México ha desplegado un sofisticado software para espiar a periodistas, activistas y grupos anti-corrupción, que trabajaron para revelar algunos de los casos más notorios del país sobre la delincuencia, corrupción y el abuso de autoridad”.

Resaltó que el escándalo provocó indignación en “México, donde los ataques contra la prensa y activistas terminan de forma rutinaria en la impunidad y donde seis periodistas han sido asesinados en 2017”.

Y agregó que “el espionaje marcó la última escalada en una relación tensa entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido el Revolucionario Institucional (PRI) y de la sociedad civil mexicana. Peña Nieto se ha promovido México internacionalmente como progresista y reformista y ha denunciado activamente un deterioro de la democracia en Venezuela. Pero los críticos cuestionan su récord en casa, y apuntan a la espionaje contra activistas y periodistas que exponen peores excesos de su gobierno – como el escándalo de la Casa Blanca, en el que la primera dama compró una mansión de un contratista de compinches”.

El País recordó que “el pasado jueves, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Los Pinos a empresarios de medios de comunicación y periodistas que su Gobierno está comprometido para ‘generar las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión’. Después del evento, el Presidente saludó sonriente y se fotografió con varios comunicadores, entre ellos Carlos Loret de Mola, un presentador de Televisa. Este lunes, este periodista ha denunciado junto con otros comunicadores y defensores de derechos humanos, los intentos del Gobierno mexicano por espiarlo”.

En otra de sus notas en la que explica en funcionamiento del malware agregó que “Este tipo de tecnología se escuda en la lucha de los Gobiernos por la seguridad nacional, por el combate al terrorismo o al narcotráfico. Pero la verdadera finalidad se ha puesto en duda: este lunes un grupo de periodistas y activistas mexicanos ha acusado al Gobierno de su país haber sido víctimas de espionaje”.

En Estados Unidos, el tema fue retomado por The Hill y The Associated Press.

La agencia Reuters y la BBC también dieron cobertura al hecho y a las reacciones de los afectados. La agencia francesa AFP hizo lo mismo al igual que las israelíes Haaretz y JerusalemOnline.

Ixchel Cisneros Soltero, directora ejecutiva de Cencos, también cuestionó la actuación del gobierno mexicano y a través de un video donde denunció las violaciones a los derechos humanos que se cometen por todo el país.

“Vivo en un país donde el gobierno gasta casi 80 millones de dólares en un programa para espiar a periodistas y activistas. Vivo en un país donde en algunos estados el 90 por ciento de los feminicidios sigue sin resolverse. Vivo en un país donde hay más de 100 periodistas asesinados y 24 desaparecidos. Donde el Presidente y Secretario de Relaciones Exteriores reciben casas de uno de los contratistas del gobierno. Un país donde sólo el 2 por ciento de los delitos relacionados con corrupción son sancionados.

“Vivo con un gobierno que en el extranjero dice que se respetan los derechos, pero la realidad es distinta, ¿cuántas mujeres asesinadas más?, ¿qué se necesita para que nos volteen a ver?, ¿qué tiene que pasar para que el gobierno rinda cuentas?”, dijo la activista.

En tanto, Insight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y El Caribe, destacó que “las autoridades de México hicieron mal uso de la tecnología de vigilancia para espiar a activistas y críticos del gobierno, la cual, plantea dudas sobre la eficacia de las leyes y los mecanismos de control que rodean el uso de herramientas destinadas a ayudar a luchar contra el crimen”.

Mencionó que en América Latina se ha permitido que la tecnología de seguridad cibernética llegue a manos de funcionarios corruptos, mejorando de manera efectiva su capacidad de cometer delitos.

Insight Crime destacó el caso del ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien está acusado de ordenar la vigilancia ilegal de cerca de 150 oponentes políticos y empresas durante su mandato, utilizando el mismo software Pegasus que se ha implementado en México.

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró como alarmante el espionaje en contra de periodistas y activistas mexicanos y aseguró que nadie, ni el propio Gobierno, puede estar por encima de la ley.

“En un Estado de derecho, nadie, ni el Estado mismo, está por encima de la Ley”, manifestaron los integrantes de Consejo en un comunicado.

El Consejo Consultivo del INAI destacó que la legislación mexicana reconoce y garantiza el derecho humano a la protección de datos personales. “La legislación otorga derechos a los titulares de daros para garantizar su privacidad y su derecho a decidir libremente y de manera informada d los daros que les pertenecen”, precisaron.

De probarse cierto el espionaje, advirtieron, el incidente tendría implicaciones sumamente alarmantes en tanto se habrían violado los derechos humanos.

“Deseamos hacer público nuestro extrañamiento ante esta noticia [de espionaje] y llamamos a que el gobierno mexicano haga una investigación pormenorizada, pública y hasta sus últimas consecuencias del asunto”, exigieron.

LA HISTORIA DEL ESPIONAJE

Según el informe, en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, que han investigado presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Los periodistas y otros recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran intervenidos.

El software espía Pegasus, de la firma NSO Group, permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto sólo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

Citizen Lab dijo que no tenía “pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México”, pero agregó que la “evidencia circunstancial indica que uno o más… de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables”.

El informe destacó que los personajes espiados estaban involucrados en “asuntos internos de preocupación inmediata para intereses mexicanos poderosos” y que “múltiples agencias federales en México son clientes de NSO”.

El Gobierno de México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, pero negó que haber realizado labor ilegal de espionaje.

“El gobierno de la república rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”, aseveró el comunicado.

Citizen Lab mencionó que documentó al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto de 2015 y entre abril y julio del siguiente año.

El uso del software fue tan descuidado_ mandar mensajes del mismo dominio y textos idénticos a varios blancos_ que deja entrever que los autores querían que se diera a conocer esta forma de intimidación.

“Los mensajes eran descarados y extremadamente obvios… Si estos textos se hubieran enviado a personas de bajo perfil, probablemente el espionaje nunca se hubiera descubierto. Pero en lugar de eso, los mensajes se enviaron a periodistas de renombre y conocidos, lo que incrementó la probabilidad de que se descubriera todo”, dijo el Citizen Lab.

Otros blancos del espionaje son miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez _el cual ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación que trabaja en una política económica y que combate la corrupción.

Aristegui y su equipo expusieron un caso de posible conflicto de intereses relacionado con una residencia de lujo adquirida a un contratista gubernamental por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista fue atacada fuertemente, según Citizen Lab.

Ella recibió decenas de mensajes con los enlaces del NSO que supuestamente eran de la “Embajada de Estados Unidos en México, Alertas Amber, de colegas, gente de su círculo personal, su banco, compañía de teléfono y notificaciones de secuestros”, agregó el informe.

El laboratorio señaló que algunos familiares de los espiados también recibieron mensajes con los enlaces, incluido el hijo de Aristegui, que en ese entonces era menor de edad y quien recibió alrededor de 21 textos.

Las víctimas presentaron el lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y reportaron el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).