Ejidatarios y activistas acusaron que el Gobierno de México pone en riesgo las actividades de familias rurales al emprender una campaña de persecución de Empresas Forestales Comunitarias. Denunciaron que la Profepa “no hace nada” para detener el ingreso de madera ilegal al país ni por poner freno la deforestación provocada por la siembra de soya transgénica y palma africana en la Península de Yucatán ni trabaja por evitar megaproyectos turísticos en Quintana Roo donde se derriban ecosistemas enteros.
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Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de México emprende una campaña de persecución de Empresas Forestales Comunitarias, con lo que pone en riesgo las actividades que familias rurales realizan para sobrevivir y, además, compromete la conservación de los bosques y selvas del país, acusaron ejidatarios y activistas.
En conferencia de prensa, Raúl Quintero, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, informó que recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha clausurado y suspendido las actividades de diversas Empresas Forestales Comunitarias de toda la República Mexicana, al argumentar que presentan irregularidades en los volúmenes de la madera de comercializan, por ínfimos que sean.
Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC (CCMSS), criticó que la dependencia federal no enfoca su trabajo en combatir el comercio de madera ilegal por parte de los talamontes y del ingreso al país de millones de metros cúbicos de madera de origen ilegal, los cuales, dijo, representan hasta el 60 por ciento del total de la madera que se comercializa en México.
“La Profepa prefiere hostigar a las empresas forestales comunitarias, no obstante que muchas de ellas cuentan con certificación de buen manejo forestal al haber demostrado que cumplen con los más altos estándares internacionales de manejo y aprovechamiento de sus recursos forestales”, señaló.
Aunado a ello, acusó que la Profepa “no hace nada” para detener el ingreso de madera ilegal al país ni por poner freno la deforestación provocada por la siembra de soya transgénica y palma africana en la Península de Yucatán ni trabaja por evitar megaproyectos turísticos en Quintana Roo donde se derriban ecosistemas enteros. En cambio, planteó, “aparece” para perjudicar a ejidatarios y a sus familias que tienen como sostén el cuidado de los bosques.
Benet agregó que en la nación gobernada por Enrique Peña Nieto existe una política pública contradictoria: Por un lado, indicó que la Comisión Navional Forestal (Conafor) invierte en el desarrollo de las comunidades, pero por otro, la Profepa clausura los medios de subsistencia.
Quintero recordó que el pasado 9 de junio, la Profepa clausuró las instalaciones del ejido Tres Garantías en Quintana Roo y días después fue contra aserradero, centro de almacenamiento y transformación, así como una maderería que acopia la materia prima de los 11 ejidos que componen la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, en Amanalco de Becerra, Estado de México.
Benet destacó que en este último caso, las autoridades “golpean” a las familias de mil 100 ejidatarios, en su mayoría adultos mayores.
“Es un incentivo perverso castigar el manejo sustentable. En lugar de proteger los bosques, [la Profepa] los está desprotegiendo al atacar y perseguir a sus principales cuidadores que son los ejidatarios. No está pasando sólo en Amanalco, sino en todo el país”, denunció.
En su oportunidad, Lucía Madrid, del CCMSS, indicó que en la zona de Amanalco existen dos aserraderos particulares, uno perteneciente al esposo de la Diputada priista Mercedes Colín y el segundo al ex candidato a la presidencia municipal Martín Carbajal Vilchis, también del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ante este panorama, consideró que el tema tiene “tintes económicos y políticos”. Mientras tanto, Quintero acusó: “El Gobierno apuesta por los aserraderos privados y no ve por los comunitarios”.
Finalmente, Celso Cándido, presidente de bienes comunales del Ejido San Lucas, miembro de la Unión Emiliano Zapata, lamentó que la clausura “afecta a más de mil 100 familias a quienes nos importa el cuidado de los bosques, de ahí proviene el ingreso económico y ahora las familias no saben qué hacer para sobrevivir”, por ello, señaló, planean comenzar a trabajar en la ganadería u otras activistas alejadas del manejo sustentable de los ecosistemas.
Finalmente, los activistas recordaron que México es reconocido a nivel internacional por el trabajo sustentable que desempeñan las comunidades y ejidos forestales en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a través, precisamente de sus Empresas Forestales Comunitarias.
El CCMSS remarcó mediante un comunicado que dichas empresas forestales comunitarias tienen como objetivo generar empleos e ingresos para las comunidades y ejidos forestales e invierten las utilidades que obtienen en obra social para el desarrollo del pueblo, por ejemplo “la construcción y operación de centros de salud, escuelas, auditorios; la provisión de alumbrado, caminos y otra infraestructura básica que el estado no provee”.
