Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Después de que cinco abogados enviados por el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, tomaran los casos de 35 autodefensas presos del municipio de Aquila, los defensores que llevaron casos como el de Alberto Patishtán, dejaron la entidad con un “mal sabor de boca”.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, dijo a SinEmbargo que el grupo de defensores que envió Castillo Cervantes ingresó como si nada al penal de Mil Cumbres, violando los procedimientos del Centro de Readaptación Social (Cereso) y logrando convencer a los civiles encarcelados de revocarles el derecho de llevar el caso.

“Nosotros ya terminamos aquí. Ya logramos la libertad de los tres líderes y acordamos con la comunidad que ya terminó nuestra labor. Se quedan en la cárcel más de 30 autodefensas que creyeron en las promesas de los abogados enviados por Castillo”, acusó Rivero Rodríguez.

Hace dos meses un grupo de abogados ingresaron al penal y no sólo se entrevistaron con cada uno de los presos, sino que los reunieron a todos en una habitación para que pudieran ofrecerles la alternativa que el gobierno federal les ofrecía: quedar libres en 15 días, si revocaban el derecho a representarlos a los defensores de Defensa Estratégica.

“Ellos violaron la ley, dijeron que iban de parte de Castillo, todos los abogados sabemos que no se puede entrar. Si no eres el defensor y si tienes a seis defendidos, los ves uno por uno, no reunidos a todos, como lo hicieron”, denunció el abogado de Defensa Estratégica en Derechos Humanos .

A pesar de la promesa que los defensores hicieron a los autodefensas de Aquila de sacarlos en 15 días, después de dos meses siguen presos y sus antiguos abogados ya se fueron de Michoacán.

Leonel Rivero aseguró que Alfredo Castillo los quería fuera de los casos y fuera del estado, porque ellos sacarían a la luz todas las fallas del gobierno federal al momento de procesar a los acusados.

“Intuimos que a Castillo y al gobierno federal, no les convenía que estuviéramos ahí, porque podíamos invocar otras fuerzas. Yo creo que el hecho de que éramos un elemento externo al contexto de Michoacán. Tenemos casos precedentes, somos conocidos, trabajamos con otro tipo de estrategia, como Atenco, Patishtán, entonces, para Castillo y el gobierno éramos incómodos”, dijo.

Rivero explicó que como defensores públicos pusieron sobre la mesa de la discusión las violaciones al debido proceso en las que incurrió el Estado cuando las autodefensas fueron acusados de portación de armas de uso reservado al Ejército y secuestro.

“Concluimos el trabajo de la causa penal de los dirigentes, la resolución llegó el 7 de julio y dimos por terminada de manera bilateral con la comunidad, los procesos con la comunidad”, indicó.

El abogado insistió en que la situación de Michoacán es complicada: “nos vamos satisfechos por haber cumplido profesionalmente, pero con mal sabor de boca por no haber terminado de sacar a todos. Yo no culparía a la gente que no revocó, les creyeron a ellos, estos abogados que siempre dijeron que iban de parte de Castillo, le prometieron que los iban a sacar y no lo hicieron, ellos querían su libertad”.

Leonel Rivero y su hijo Augusto César Sandino Rivero, trabajaron el Michoacán 11 meses y realizaron más de  50 viajes entre Morelia y Veracruz.

LOS ABOGADOS INCÓMODOS

Los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos fueron víctimas en marzo de este año, mientras llevaban el proceso de las autodefensas de Aquila y otros casos, de allanamiento de morada.

La vivienda ubicada en Chiapas, que funge también como despacho, fue allanada justo frente a la Casa de Gobierno donde habita Manuel Velasco Coello, Gobernador de esa entidad.

Los abogados Leonel Rivero Rodríguez y Sandino Rivero, padre e hijo, conocidos por llevar el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, denunciaron a través de Amnistía Internacional (AI) que desde el año pasado eran hostigados y amenazados a través de llamadas telefónicas.

“No se llevaron nada, pero dejaron evidencia de que ahí estuvieron: dejaron las luces de la cocina encendidas y las puertas abiertas. Nuestra casa que usamos como despacho, está ubicada frente a la residencia del Gobernador de Chiapas. No entendemos cómo se metieron, la Casa de Gobierno ocupa toda una manzana, hay caseta de vigilancia, hay guardias de seguridad y nosotros creímos que por vivir donde vivimos estaríamos más seguros”, dijo Augusto César Sandino Rivero en esa ocasión.

Después del allanamiento de morada, los abogados se acercaron a Amnistía Internacional y se acogieron al Mecanismo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía inmediatamente lanzó una alerta e hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, a tomar cartas en el asunto y brindar protección inmediata a los abogados.

Sin embargo, ningún funcionario de ambas dependencias llamó a  Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero para ofrecer apoyo y mucho menos para iniciar una investigación sobre su caso.

Amnistía informó en un comunicado que el 17 de enero de Leonel Rivero recibió una llamada de un desconocido.

“Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo”, le dijo el desconocido a Rivero.

La organización también señaló que en varias ocasiones que el abogado recibió mensajes en su buzón de voz con “grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina”.

Sandino Rivero dijo que desconoce cuál de los casos que trabajan en su despacho, es la causa de las amenazas y hostigamiento que reciben desde el año pasado.

Los abogados llevan casos a organizaciones de Chiapas, el de los dos desaparecidos desde 2007 del  Ejército Popular Revolucionario (EPR), llevaban el de las autodefensas de Aquila, Michoacán y el de unos maestros acusados de secuestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Leonel Rivero indicó que desde hace unos meses cambiaron su lugar de residencia en Chiapas y aseguró que no han recibido nuevas amenazas.

“Ya nos cambiamos, estábamos a 50 metros de la casa del Gobernador. Lo hicimos por cuestiones logísticas”, dijo.