Los problemas que enfrentamos como país son gravísimos y variados. Las instituciones que buscan darle forma y orden al Estado están cooptadas (o secuestradas) por intereses que no van en concordancia con el interés general de la sociedad. De esta manera, nuestro andamiaje institucional se ve debilitado ante una realidad desastrosa que avasalla sistemáticamente a cada ciudadano/a. Nuestro sistema de Estado está dañado de gravedad.

Si recordamos a Durkheim y su teoría del funcionalismo estructuralista en la que señala cómo una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y estabilidad del mismo Estado, o bien, como decía Herbert Spencer, quien presenta estos sectores de la sociedad como “órganos” que trabajan para el buen funcionamiento del “cuerpo”, como un todo. Bueno, nuestros órganos y sistemas lejos de proveer el buen funcionamiento del todo están siendo la vía para el continuo debilitamiento de la intención de mejor y cambio en nuestro país.

Algunos dirían que no está en todo el sistema la enfermedad, pero basta ver un día de estampas de nuestra realidad:

INE que está en su peor momento

Estamos ante unas elecciones (2018) sumamente reñidas y transcendentales para la historia y desarrollo de nuestro país. El árbitro electoral está enfermo. El órgano electoral está lejos de poder dar certidumbre y confianza para que la sociedad se dirija con ánimos para emitir su sufragio el próximo año. Voces conocedoras avisaban que la elección del Estado de México era un entrenamiento para lo que será la elección presidencial del próximo año. El día martes el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las quejas sobre irregularidades en el gasto de las campañas del Edomex. Al respecto, algunos concejeros como Benito Nacif descalificaron los alegatos arguyendo que “eran cosas normales en una elección”. Luego se hizo público que el fiscalizador de las campañas había sido subordinado de Alfredo del Mazo (PRI). El rechazo a la evidencia y su capacidad de sanción de la elección coloca en el peor de los mundos al INE de cara a la elección. Aquello que se había ganado con la transición democrática se ha ido perdiendo lentamente porque a la clase política le incomoda un árbitro imparcial. Entonces, lo que debería ser una pieza fundamental para garantizar la democracia en nuestro país, ha sido cooptada por las voluntades de los partidos políticos y ha desembocado a que los partidos vuelven a tener impunidad y negociaciones políticas en las narices de los consejeros electorales del INE. Y todo eso ya desembocó en que el 42 por ciento de los mexicanos no confía en las autoridades electorales y más de la mitad de los jóvenes no se identifican con ningún partido político y que el 49.61 por ciento está convencido de que los políticos no se preocupan por ellos.

El socavón de Ruiz Esparza

Gerardo Ruiz Esparza ha sido un alfil de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Es un funcionario que a lo largo del sexenio ha coleccionado flagrantes actos de presunta corrupción (el presunta es irónica). Su gran acierto es pertenecer al círculo cercano de Peña. Desde las llamadas con OHL en las que dibujaba la estrategia contra Infraiber hasta la más reciente que es el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca en la que murieron dos personas por la negligencia de otro órgano de nuestro sistema. El inepto funcionario otorgó una indemnización de un millón de pesos a las víctimas del socavón y fulminó el caso diciendo que “era por el mal rato que pasó la familia”. El socavón en una obra recién estrenada, que costó más que lo presupuestado, que lo hizo una empresa que ha sido ampliamente beneficiada por la administración federal es solamente un caso más del socavón de la corrupción que padecemos día con día y hace que las familias más pobres dediquen el 33 por ciento de su ingreso a pagar la corrupción. Es decir, en nuestro sistema sí hay una relación entre el dinero robado, desviado en el paso exprés y la ausencia de una distribución del gasto más igualitaria entre la población.

La pifia de la PGR y Javier Duarte

El villano favorito pisó suelo mexicano. Esposado y con cara menos sonriente, Javier Duarte, quien cargará con todos los muertos del sexenio, fue enviado al Reclusorio Norte. En la que debería haber sido la audiencia más fácil la Procuraduría General de la República, hizo el ridículo. Y no es una interpretación, sino las crónicas así lo relatan. La PGR les había dicho a los medios de comunicación que podía imputar a Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Sin embargo, la pifia de Ricardo Cervantes consistió en que solo pudo explicar con datos la desviación de 38 millones de pesos que salieron de la Secretaría de Educación de Veracruz. “Los números no cuadran, eso está claro”, fue lo que concluyó el juez de control ante la ineficacia que había expuesto a la PGR. Inclusive, las inconsistencias en los señalamientos de la PGR arribaron al punto en que el juez les comentó a los fiscales que sus datos eran “incongruentes” y que las cifras contradecían con lo que la misma PGR había exhibido anteriormente. La pregunta obligada es si ¿fue error de preparación y novatez de los fiscales o claramente la PGR no quiere ganar? Difícil tragarse la idea que el error es humano. Pero la procuración de justicia sigue siendo parte fundamental del entramado de impunidad y corrupción que vive libremente en nuestro sistema.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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