Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Grupos civiles contradijeron ayer los dichos del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto respecto al férreo compromiso de México con los derechos humanos de los ciudadanos y seguridad.

Primero, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que en al menos nueve estados del país se ha reportado una disminución de hechos delictivos. Sin embargo el Estado de México, Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Coahuila continúan con problemas de seguridad.

El director de la organización, Francisco Rivas Rodríguez, puso de ejemplo el caso de la entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas que presenta una crisis de secuestros en los últimos días.

“El Edomex es un estado que a lo largo de los años ha realizado estadísticas modificando información real y la tendencia de los delitos; antes de poder afirmar que el Edomex ha logrado una disminución, tendríamos que hacer una auditoría profunda para ver cómo están haciendo eso datos”, comentó.

Por otro lado, mientras Peña Nieto afirmaba que la protección de los derechos humanos debe ser una práctica permanente en el Estado y un compromiso indeclinable, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, afirmó que existe una preocupación al interior del organismo por la violación sistemática de las libertades fundamentales de las mujeres mexicanas, a quienes se les dificulta el acceso a la justicia, a la salud y una mejor remuneración.

Pero no es el único sector que ha sido afectado. En mayo pasado, organizaciones civiles denunciaron que en los primeros 18 meses de la actual administración se incrementó 300 por ciento la desaparición forzada de activistas en México.

Además, una investigación de SinEmbargo reveló que en lo que va del sexenio, al menos 51 activistas, defensores de derechos humanos o integrantes de movimientos sociales han sido encarcelados.

En junio pasado, Christof Heyns, Relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, alertó que la escalada de violencia que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se ha mantenido en el país con el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto.

El Relator expuso que la decisión del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de hablar menos de la violencia no cambia esta realidad. “El hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos cometidos”.

De acuerdo con el informe presentado por el organismo internacional, en México continúan “experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, en particular violaciones contra el derecho a la vida, siguen ocurriendo a un nivel intolerable”.

LA VIOLENCIA NO CEDE

El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, demandó ayer al gobierno federal explicar sus metodologías para informar la disminución en hechos delictivos que han reportado en los últimos meses.

La petición se dio luego de que en la lista aparecieran los estados de México, Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Coahuila, pero “son los que con mayor consistencia han tenido problemas en el registro y son estados donde la problema del delito es manifiesto”, expresó.

El presidente del Observatorio citó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que muestran a Guerrero, Sinaloa y Chihuahua como los estados con los índices de homicidios más elevados en el país.

En Guerrero se registraron en promedio 59.22 casos por cada 100 mil habitantes, en Sinaloa 41.20 y en Chihuahua 39.69.

Mientras que en Michoacán, Tamaulipas y Estado de México, donde se han desplegado fuerzas federales para combatir la inseguridad, los números son menores, con 15.53 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En Michoacán se reportaron el año pasado 19.91 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Tamaulipas la cifra fue de 16.03, mientras que en el Estado de México 11.81.

Y aunque admitió que hay una baja en los delitos de alto impacto, señaló que no están claras las mediciones aplicadas por los gobiernos de todos los niveles.

“Estos números son números que están elaborados de una manera que no nos han permitido poder decir que los cambios en México se han logrado(…) son inconsistentes y nos hace preguntarnos con qué información estamos contando para poder afirmar con toda contundencia que sí hay una reforma sustancial”, señaló y comparó la diferencia entre las cifras del mismo Secretariado y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Para el Observatorio, los casos de Michoacán y Tamaulipas ponen una vez más en evidencia que las declaraciones de la autoridad no corresponden a la realidad que reflejan los números oficiales reportados. Es importante recordar que fue la propia autoridad la que determinó que los números oficiales sobre incidencia delictiva serían los publicados por el Secretariado Ejecutivo del SNSP”, explicó.

AGRESIONES CONTRA MUJERES

Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, expresó la preocupación que existe al interior del organismo por la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres mexicanas, a quienes en el país se les dificulta el acceso a la justicia, a la salud y una mejor remuneración.

Recordó que en el país existen casos de impunidad en materia de justicia para las mujeres, principalmente las que viven en poblaciones indígenas.

“Todavía no tenemos la información que nos dé un panorama general de la situación en México de por qué las mujeres viven en pobreza, de por qué tienen problemas para acceder a la salud, a la justicia y ese es uno de los retos”, dijo Robinson.

En julio pasado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), presentó ante la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rashida Manjoo, información que evidencia el incremento de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en México.

La RNDDHM informó a la relatora que de 2010 a 2013 ha documentado 398 agresiones contra defensoras y mujeres periodistas; 35, en 2010; 43, en 2011; 118, en 2012; 202, en 2013, y tan sólo en el primer trimestre del 2014 registró 41 agresiones contra 25 defensoras y seis de sus organizaciones.

Los feminicidios se han disparado principalmente entre las jóvenes menores de 19 años y las mujeres de la tercera edad. Mientras en 2007 se reportaba una tasa de 2.7 feminicidios por cada 100 mil mujeres mexicanas, hacia 2010 esa tasa se duplicó a 4.77 por ciento.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 63 de cada 100 mujeres mexicanas mayores de 15 años “ha padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas”. De acuerdo con dicho estudio, que tiene como base cifras de 2011, un 48 por ciento de las mujeres de más de 15 años “han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación”, sea de pareja, matrimonio o noviazgo.

La representante de la CIDH dejó en claro que existen una serie de casos que no sólo se refieren a la violación de derechos sino también a la falta de garantías para que activistas realicen su labor.

Reiteró que en la medida que aumenta la inseguridad también se incrementa la vulnerabilidad de la mujer “y eso es una preocupación muy grande”.

“Las mujeres son más vulnerables, por eso, la Comisión este año se ha enfocado mucho en el acceso que deben tener a los derechos económicos y sociales”, dijo.