Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo). —El 23 de agosto de 2010, la prensa mexicana amaneció con una noticia que acaparó todas las portadas de los diarios: 72 cuerpos mutilados y acribillados fueron encontrados en una fosa clandestina en el predio de San Fernando, Tamaulipas. Poco tiempo después se dio a conocer que esos cadáveres correspondían a niños, hombres y mujeres migrantes, quienes supuestamente fueron asesinados a manos del grupo criminal Los Zetas.

A cuatro años de la tragedia, aún quedan cuerpos sin identificar, los familiares de las víctimas no han recibido apoyo por parte de las autoridades de este país y los funcionarios involucrados no han sido sancionados, explicó Camilo Pérez Bustillo, integrante del Eje sobre Migración del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

En el marco de la conmemoración por la Masacre de San Fernando, donde se presentaron las conclusiones preliminares que se abordarán en el dictamen del TPP, Pérez Bustillo aseguró en entrevista que todavía hay 11 casos de los 72 que no han sido identificados. “Pero siguen habiendo dudas y problemas con los procesos forenses en cuanto a los 61 que han sido y a los 72 [encontrados]”, mencionó.

Dijo que la razón por la que los cuerpos que no han sido identificados es por  “las deficiencias en el manejo de las pruebas del escenario del crimen, el manejo de los cuerpos y por las carencias en el proceso forense”.

El activista acusó que ha habido repatriaciones equivocadas de los restos humanos a países que no corresponden y mencionó el caso del cuerpo de un hondureño que fue entregado en Brasil. En ese sentido –afirmó– ya existen amparos pendientes que fueron interpuestos por los familiares de las víctimas.

Camilo Pérez precisó que de las 72 víctimas, 4 eran de Brasil, 24 de Honduras, 14 de Guatemala, 13 de El Salvador y 4 de Ecuador, mientras que el resto aún se desconoce su procedencia.

El encargado de la migración en el capítulo de México agregó que también quedan pendientes los procesos de identificación de las 193 víctimas de las fosas descubiertas en marzo y abril de 2011, de esos casos sólo 60 por ciento han sido identificados, y dijo que hay una comisión forense integrada por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares de las víctimas que “ trabajan en el proceso de desatorar ese tema de identificación, de ADN de y los temas relacionados con el proceso forense”.

Por su parte, el Padre Alejandro Solalinde Guerra, del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, agregó en entrevista con SinEmbargo que “hay víctimas que todavía no sabemos quiénes son ni de qué país son, yo espero que al menos hayan tomado su ADN”.

Respecto a las reparaciones de los daños a las víctimas, Pérez Bustillo comentó que las familias no han recibido apoyo por parte de las autoridades federales y dijo que incluso “se ha intentado hacer acercamientos a los familiares tanto en el caso de Guatemala como de Brasil, pero lo que se ha considerado, es que realmente lo que se quiere comprar es el silencio de las familias”.

RESPONSABILIDADES NO IMPUTADAS

Ante organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, y sociedad civil, el encargado del tema de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos condenó el hecho de que de 2010 a la fecha ningún funcionario se ha hecho responsable por la muerte de 72 personas.

“Estamos hablando de un caso que no se puede atribuir simplemente a Los Zetas, hay mucho más involucrado. Estamos hablando de responsabilidad de las autoridades, principalmente del Estado mexicano a todos los niveles, por omisión y por acción en términos del entorno que produjo y culminó en la masacre […] eso quiere decir que el Estado falló en su deber de proteger y prevenir la violencia que implicó la masacre”, expresó Camilo Pérez en entrevista.

Destacó que aún quedan responsabilidades que las autoridades de este sexenio y el del Felipe Calderón Hinojosa deben asumir, y como ejemplo mencionó a los secretarios de gobernación de ambas administraciones, así como a la panista Cecilia Romero Castillo –quien fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2010– como responsables de la tragedia.

“Esta responsabilidad se hereda, mientras persista la impunidad sigue habiendo responsabilidad estatal, eso está clarísimo en términos jurídicos. Si eso no se logra resolver ante tribunales mexicanos tendremos que recurrir al Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a donde haya que ir, porque si no es posible la justicia en México habrá que demandar la justicia internacional y el TPP es un eslabón ”, advirtió el representante del Eje sobre Migración.

Respecto si ha habido sanciones o sentencias imputadas por la matanza de San Fernando, Pérez Bustillo comentó que “lo que han hecho [las autoridades] es que le han ‘achacado’ todo a Los Zetas, entonces ha habido una docena de zetas que han sido acusados, procesados e incluso sentenciados, pero ni un sólo funcionario, ni una sola autoridad a ningún nivel de gobierno, impunidad total”.

En mayo del año pasado, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que atendería la recomendación 80/2013 por la masacre de los migrantes, luego de que varios senadores lo señalaran por no buscar a los familiares de las víctimas.

En ese sentido, Pérez Bustillo aseguró que ya existen amparos por la falta de diligencia adecuada por parte de la Comisión porque “consideramos que se vulneraron los derechos de las víctimas en ese proceso de la CNDH” y advirtió que este punto estaría contemplado dentro de las conclusiones que se presentarán en el dictamen que será revelado entre el 29, 30, 31 de septiembre próximos.

“LA CULPA ES DE EU y MÉXICO”

Las conclusiones preliminares de  las organizaciones defensoras de los migrantes destacan “la corresponsabilidad de los gobiernos latinoamericanos, por fallar en sus obligaciones de prevenir violaciones generalizadas a los derechos de migrantes en tránsito”.

El jurado del TPP señaló al gobierno estadounidense como “responsable por efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y Centroamérica, así como por la militarización de la frontera”.

Al respecto, Alejandro Solalinde recriminó los operativos que ha realizado el gobierno de Estados Unidos en la frontera norte con México y dijo que “la actuación del gobierno americano se refleja en el mexicano”.

A lo que México refiere, el jurado internacional del TPP rechazó las estrategias de comunicación de México entorno al tema migratorio pues mencionó que en este país sólo se está generando terror, pues hay spots que generan miedo además de que en la realidad las personas en situación irregular son criminalizadas.

En su oportunidad José Antonio Guevara, Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos humanos incitó a las autoridades federales a investigar los homicidios que se cometen hacia las personas migrantes y recriminó las políticas del estado mexicano en la detención de quienes huyen de sus países por enfrentar problemas de violencia o escasez de oportunidades.

En el caso de las mujeres migrantes, Laura Carlsen, del Programa Americas Center for International Policy, dijo que las mujeres de Centro América sufren violaciones sexuales por parte de autoridades estatales, así como de integrantes del crimen organizado por lo que “ piden anticonceptivos porque saben de antemano que pueden ser violadas en su trayectoria hacia Estados Unidos”.

Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes analizadas en el dictamen incluyen la masacre de San Fernando de agosto de 2010, las fosas clandestinas descubiertas en el mismo municipio a principios de 2011, la masacre de Cadereyta en mayo de 2012, redadas, amenazas y acoso en contra de los defensores de migrantes.

El jurado del TPP destacó:

“Estos actos y omisiones juntos constituyen un contexto de terror y criminalidad estatal que configuran una política de persecución y exterminio contra los migrantes en tránsito por el territorio mexicano, incluyendo tanto a los de origen mexicano como a los de otros países de origen. Estos crímenes son el resultado de la subordinación de las autoridades mexicanas a los supuestos imperativos de la “seguridad nacional” y del libre comercio impuestos por los Estados Unidos. Estas políticas necesariamente implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes irregulares y de sus protagonistas, y la mercantilización de los migrantes, que los convierte en factores estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.