Por Rubén Barrera, Corresponsal
Washington, 20 Ago (Notimex).- Grupos promotores de la reforma migratoria anunciaron aquí el lanzamiento de un nueva campaña para elevar la presión sobre el presidente Barack Obama.
Esto con el fin de que el mandatario dicte medidas ejecutivas de alivio que beneficien a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
La demanda principal de la campaña “#1of11Million” (#1de11Millones) es que Obama suspenda temporalmente todas las deportaciones y brinde alivio a hombres y mujeres que viven con temor de ser detenidos, separados de sus familias y ser deportados a sus países de origen.
“La gente como nosotros vive con miedo y escondiéndose del gobierno, pero esta mañana con nuestros nombres, rostros e historia en este país que consideramos nuestra casa, nos presentamos ante el gobierno unidos y decididos”, dijo el periodista José Antonio Vargas.
Vargas, fundador de la campaña “Define America” y ganador de un premio Pulitzer por su trabajo junto a un grupo de periodistas del diario The New York Times, dijo que el mensaje de esta campaña es la urgencia de que haya una pronta respuesta del mandatario.
“Esta campaña envía un mensaje sonoro, claro e inequívoco no sólo a la administración Obama, sino también a los miembros del congreso: Nuestras familias requieren de un urgente alivio”, indicó el inmigrante filipino, convertido en el más visible indocumentado promotor de la reforma.
Vargas fue detenido semanas atrás por agentes de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, cuando trató de abordar un avión con destino al interior del país con un pasaporte filipino sin visa, y ahora enfrenta un proceso administrativo para su deportación.
Explicó que ese incidente lo motivó a acelerar la creación de esta campaña en la que participan además de su agrupación el National Immigration Law Center (Centro Nacional Legal para Migración) o NIL por sus siglas en inglés.
“La pelota está en su cancha señor presidente, es tiempo de actuar, de que actúe ahora y de que sea incluyente tanto como sea posible”, indicó.
Poco antes Vargas y 10 personas más presentaron al secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson, a nombre de los 11 millones de indocumentados, un paquete con sus solicitudes para que se les otorgue una suspensión por dos años de las deportaciones.
María Guadalupe Arreola, una inmigrante indocumentada mexicana de 55 años de edad que arribó en 1998 procedente de su natal Durango al huir de la violencia a manos de su esposo, dijo esperar que el mandatario “me tome en cuenta” cuando anuncie las acciones ejecutivas que decretará, posiblemente a fines de septiembre próximo.
“Nunca pensé que el sueño americano que yo tenía tan grande después se fue a convertir en una pesadilla cuando agentes de migración me fueron a arrestar a mi casa, delante de mis hijos, que me los dejaron llorando y gritando que no me llevaran”, dijo hablando en la conferencia en el Club Nacional de Prensa.
La madre, quien cruzó la frontera 16 años atrás con sus cinco hijos y ahora es abuela de siete nietos estadunidenses, dijo que su anhelo es que cualquier acción que adopte el mandatario beneficie a la totalidad de los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país.
Por su parte el también mexicano Eduardo Samaniego externó su frustración al no haber podido ingresar a una prestigiosa institución educativa del estado de Georgia, donde le fue otorgada una beca para cursar sus estudios universitarios, al encontrarse sin documentos en el país.
“Me dí cuenta entonces de que todo lo que hice, todo mi trabajo no importó”, dijo el joven de 22 años, quien llegó al país casi siete años atrás al huir de la pobreza extrema que padece su familia en su natal Zacatecas, y quien se graduó de bachillerato con honores y calificaciones que le permitieron obtener esta beca.
Shiu-Ming Cherr, abogada de migración con el NIL, indicó que las acciones ejecutivas que el mandatario pueda tomar en el frente migratorio están cubiertas por los poderes que le confiere la constitución, “y han sido parte del sistema migratorio por al menos 35 años”.
“Muchos presidentes de ambos partidos han ejercido su autoridad ejecutiva y han otorgado estatus temporal a diversos individuos. Cuando el presidente Obama actúe, estará siguiendo los pasos de los ex presidentes Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton y George W. Bush”, recordó.
La abogada dijo que estas 11 personas representan la totalidad de los 11 millones de indocumentados, y con sus solicitudes buscan como el resto “continuar apoyando a sus familias, comunidades y su país”.
Tras la ausencia de acuerdos en el frente migratorio en el Congreso, Obama anunció semanas atrás que actuará por su cuenta este verano, adoptando acciones ejecutivas a partir de las recomendaciones que reciba tanto del DHS como del Departamento de Justicia.
Los partidarios de la reforma migratoria desean que el mandatario apruebe suspender las deportaciones de al menos varios millones de adultos cuyos hijos son ciudadanos estadunidenses o califican bajo el proyecto de ley de migración aprobado por el Senado en junio del año pasado.
Empero Obama señaló en una reciente rueda de prensa que carece de “luz verde” para adoptar medidas generalizadas en temas como el de migración, en momentos que los republicanos buscan demandarlo por adoptar acciones ejecutivas sin consultar al Congreso.
La Casa Blanca ha insistido que la preferencia del mandatario es que se apruebe una reforma migratoria integral en el Congreso, pero los republicanos anunciaron que no votarán ningún proyecto amplio en 2014, en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre próximo.
