Estamos en días cruciales para la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México y uno de los temas fundamentales del derecho de la información es la creación de un sistema de radio y televisión al servicio de la sociedad y no del gobierno.

En la propuesta de Constitución presentada por el jefe de Gobierno, dicho tema se elude. Para llenar este vacío, la diputada constituyente María Teresa Gómez Mont, con el respaldo de su bancada y la asesoría de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), presentó una iniciativa para que nuestra Carta Magna cuente con un Sistema de Radiodifusión Pública de la Ciudad de México.

El objetivo es que los habitantes de la capital tengamos una radio y una televisión públicas, con una forma de organización, de administración y de gestión, que se acerque a los mejores modelos de medios públicos en el mundo, cumpla con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sea pionero en nuestro país. Esto significa que el canal de televisión Capital 21, adscrito a la Secretaría de Gobierno del gobierno de la Ciudad de México, y la emisora en internet, Código CDMX, en manos de la Secretaría de Cultura del mismo gobierno capitalino, deberían transformarse para que se ajusten a la nueva realidad democrática de nuestra ciudad.

La propuesta de la diputada Gómez Mont es sencilla. Considera que el Sistema de Radiodifusión Pública debe ser un órgano autónomo con personalidad juridica y patrimonio propio que tendrá por objeto “la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de información imparcial, diversa y plural, la formación educativa, la igualdad y la no discriminación”. Con el fin de cumplir estos objetivos, propone crear un Consejo Ciudadano de Administración y un Consejo Ciudadano de Programación.

El Consejo Ciudadano de Administración estaría integrado por siete consejeros elegidos por el voto de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea de la Ciudad de México, a propuesta de organizaciones sociales y académicas mediante convocatoria pública. Este Consejo “asegurará el uso eficaz y eficiente de los recursos con que cuente, la rendición de cuentas y la administración del sistema, la evaluación de resultados y desarrollará estrategias para la procuración de fondos”. También será responsable de nombrar al director del Sistema, a partir de una propuesta del Consejo Ciudadano.

A su vez, el Consejo Ciudadano de Programación tendría por objeto “asegurar su independencia y una política editorial imparcial e independiente de intereses gubernamentales y/o económicos”. Estaría integrado por once consejeros elegidos a través de una consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.

En cuanto a la duración de los cargos, se propone que los integrantes del Consejo de Administración estén por cinco años sin posibilidad de reelección y los del Consejo Ciudadano, al igual que el director general, por tres años con posibilidad de ser reelectos.

La iniciativa, que busca reformar específicamente los artículos 12 y 21 de la propuesta de Constitución del jefe de gobierno, es positiva y, como decía, es armónica con las recomendaciones y principios de los medios públicos promovidos por organismos internacionales. Por ejemplo, tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos coinciden en que los medios públicos deben tener claramente establecido su mandato en la ley con el fin de garantizar “el carácter no gubernamental o independiente” para “garantizar la independencia editorial e imparcialidad de la información y contenidos”.

De igual manera, dichos medios -se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa- deben asegurar “el fomento a la diversidad y el pluralismo a fin de que reflejen las distintas corrientes culturales, ideológicas, políticas, económicas y sociales para el fortalecimiento del debate democrático”. Por lo tanto, no pueden ser utilizados -como ocurre en la mayoría de los sistemas estatales de radio y televisión en México- como herramientas de comunicación o propaganda de los gobiernos.

La Ciudad de México debe tener un sistema de medios públicos, en los que los derechos fundamentales de expresión y de información se fortalezcan cotidianamente. Las diputadas y los diputados constitucionalistas pueden logran un cambio estructural en esta materia. Hagan historia.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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