Ciudad de México, 21 de feb (SinEmbargo).- El Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Pero el clima de inseguridad que ha dominado distintas regiones del país ha puesto en entredicho este mandato.
El último reporte de nacimiento de grupos de autodefensa se dio en Veracruz. El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Mattielo Canales, dijo tener informes de una nueva policía comunitaria en Ciudad Mendoza, Veracruz, así como en los linderos de Tamaulipas, una de las regiones más violentas e inestables del país.
El aumento de grupos de autodefensa y la posible legalización de la policía comunitaria ha generado un debate sobre la labor del Estado y su obligación de dar seguridad a la población. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó tajante la presencia de grupos irregulares de autodefensa en el país; pero en los hechos, se va quedado sola.
El Senador perredista Sofío Ramírez Hernández propuso apenas hace unos días legalizar las policías comunitarias y dotarlas de presupuesto para que realicen sus labores de vigilancia y autodefensa.
El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, afirmó que la violencia y el crimen “son los verdaderos riesgos para el país y no los grupos comunitarios que operan en los estados de Guerrero, Michoacán e incluso Oaxaca.
“Veo el riesgo de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado. Para mí, eso es más preocupante”, declaró. “Diría que no nos asustemos; veamos por qué se están produciendo, tienen o no razón. En algunos lados tendrán alguna razón, en otros una motivación de carácter político, en otras una motivación social, real de la comunidad”.
Sin embargo, ayer mismo, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mario López Valdez, se pronunció contra los grupos de autodefensa. “La seguridad es responsabilidad del Estado”, dijo.
El Diputado federal Manlio Fabio Beltrones coincide con Malova. Apenas hace unos días, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que “el Estado debe hacer su trabajo y no debe –de ninguna manera– refugiar su incapacidad en la organización autónoma de las comunidades, por insatisfacción en el trabajo hecho por sus autoridades locales”.
Lo que empezó como levantamientos aislados, ahora se ha traducido en una opción para innumerables pueblos en México: tomar las armas, y defender su tierra, sus familias; asumirse como guardianes y aplicar la ley por su propia mano.
El estado con mayor autodefensa es Guerrero, donde los habitantes de municipios como Iguala, Ayutla de los Libres o Teloloapan salen a la calle encapuchados, con machetes o armas, colocan retenes y hacen frente a la inseguridad, acto que ha sido respaldado por Alcaldes, síndicos y regidores de al menos 15 municipios de Costa Chica y La Montaña, quienes apoyan los movimientos civiles y reprochan la falta de recursos por parte del Gobierno.
Esta semana, el Gobierno de Guerrero informó que con la entrega en su totalidad de los retenidos por los grupos de autodefensa se inició el proceso de institucionalización y el establecimiento del marco normativo de las policías comunitarias, que operan en Ayutla, Tecoapana y parte de La Montaña.
Los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) entregaron el pasado martes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a 20 personas más de las 42 que mantenían retenidos, el resto fue puesta en libertad porque los delitos que se les acusa son menores y ya cumplieron con la sanción.
A su vez, el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, informó que algunas de las policías comunitarias de Ario de Rosales podrían ser regularizadas, y serían reconocidas como figuras de orden público y sus elementos gozarían de sueldo.
El mandatario estatal sólo mencionó que estaría vigilante de que estos grupos armados no se utilicen para agredir a otras poblaciones, con lo cual se desvirtuaría la función de autoprotección de los pueblos.
Recientemente fue desactivado un grupo de autodefensa en Oaxaca, mientras que habitantes de la comunidad de Amatepec, en el Estado de México, anunciaron la desaparición de Luis Enrique Granillo, quien anunció la creación de policías comunitarias en dos municipios.
DEBER DEL ESTADO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó la formación de grupos irregulares de autodefensa en el país, y enfatizó la obligación del Estado de brindar seguridad a la población.
En un comunicado, la CNDH subrayó la “indelegable obligación de las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno (federal, estatal y municipal) de cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la población y el derecho a la seguridad pública, tal como lo establece la Constitución”.
La Comisión “no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública”, indicó el comunicado.
Sin embargo, expresó su preocupación “por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre esas organizaciones y los grupos paramilitares”.
El organismo autónomo consideró “una prioridad que las autoridades correspondientes cumplan con la función esencial de brindar seguridad pública a la sociedad, ante el riesgo de que estos grupos armados se extiendan y asuman atribuciones de legisladores, ministerio público, jueces y, eventualmente, ejecutores de penas”.
CONTRA LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mario López Valdez, sostuvo que los mandatarios estatales y presidentes municipales deben “entrarle de lleno” a la lucha contra el crimen organizado, ya que la delincuencia es un enemigo “sumamente peligroso”.
Asimismo, se pronunció en contra de la legalización de las llamadas policías comunitarias o grupos de autodefensa, pues la seguridad de la población es una responsabilidad del Estado. “La sociedad puede ayudar más a las autoridades presentando denuncias”.
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, consideró que se debe trabajar de forma intensa en el establecimiento del Mando Único de Policía, pues en la práctica ya se instrumenta en algunas entidades federativas con resultados positivos.
LEGALIZACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
La iniciativa de reforma constitucional del Senador Sofío Ramírez pretende reconocer a la policía comunitaria y a los sistemas autónomos de justicia de los pueblos y comunidades indígenas como cuerpos auxiliares de procuración de justicia.
En el proyecto se plantea modificar los párrafos Octavo y Noveno del artículo 21 de la Carta Magna para establecer que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios. Y aquí se agrega, a los pueblos y las comunidades indígenas.
Faculta a los pueblos y las comunidades indígenas para coordinarse con los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En materia presupuestaria, la iniciativa agrega que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas, municipios, los pueblos y las comunidades indígenas para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Es decir, las policías comunitarias serían preparadas y armadas con el presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados.
La propuesta también pretende modificar el artículo 115 constitucional para establecer que los pueblos y comunidades indígenas, decidirán a través de sus Asambleas Generales Públicas, el control de sus jurisdicciones territoriales, la organización de sus propios sistemas de seguridad y los fondos que les sean suministrados directamente por alguno de los tres órdenes de Gobierno.
POLICÍAS COMUNITARIAS DE MÉXICO
A pesar de que la Policía Comunitaria de Guerrero, la primera en su tipo, surgió formalmente hace poco más de 17 años, en los últimos días se pusieron en el centro de la opinión pública, luego de que se informara que habitantes de la comunidad El Durazno, en Tixtla, Guerrero, decidieron crear su propia Policía Comunitaria.
De allí surgieron reportes de distintas organizaciones civiles armadas para vigilar sus propias comunidades en Oaxaca, Tabasco, Estado de México y Michoacán, entre otras.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo notar que en el estado de Guerrero los grupos comunitarios llevan ya 17 años formados. Detalló que son entre 14 y 17 los grupos comunitarios que hay en el país.
